FILADELFIA-En el 2015 la etiqueta #every90seconds se convirtió en viral, acaparando la atención de los medios, celebridades, gobierno y sociedad civil. De acuerdo con la campaña de concienciación, cada noventa segundos un menor de edad se pierde o es secuestrado en Estados Unidos.
La etiqueta tuvo su origen tras un estudio financiado en el año 2002 por el Departamento de Justicia y en éste se analizaron datos de 1999 de una variedad de fuentes, incluidos informes policíacos y entrevistas con padres e hijos.
Uno de los hallazgos del estudio fue que 797,500 niños se habían reportado desaparecidos en todo el país.
En 1999 había aproximadamente 72 millones menores de 18 años en Estados Unidos. Es decir, que uno de cada 90 se reportaron desaparecidos en un año: una cifra bastante alarmante.
Hay muchas razones por las que desaparece un menor: quizás se escaparon de su casa, o no regresan a tiempo a su hogar.
Pero ¿qué quería decir exactamente el estudio cuando afirmaba que un niño estaba "desaparecido"?
"El concepto de niño desaparecido ha sido extensamente incomprendido", aseguró el profesor David Finkelhor, uno de los autores del estudio y director del Centro de Investigación de Crímenes contra los Niños de la Universidad de Nuevo Hampshire.
Aunque estos hechos son preocupantes, son muy diferentes a los casos en los que un niño es secuestrado por un extraño en la calle.
"El número de niños que en realidad son secuestrados por extraños es bastante pequeño", añadió Finkelhor.
Sólo 115 de los 797.500 niños fueron sujetos a lo que Finkelhor y sus coautores definen como secuestro "esterotípico", entiéndase, fueron raptados por un extraño y retenidos durante la noche, quizás permanentemente, o llevados a al menos 80 kilómetros de distancia.
De hecho, casi la mitad de los niños registrados en el estudio eran lo que los autores llaman "desaparecidos benignos".
Esto significa que sus padres o guardianes pensaban que habían desaparecido, pero pronto regresaron a sus hogares.
En 2014, el Negociado Federal de Investigaciones recibió cerca de 600,000 informes de personas desaparecidas, la mayoría de las cuales tenían menos de 18 años.
Pero esta cifra ha estado disminuyendo desde 1997, cuando se recibieron casi un millón de reportes de personas desaparecidas.
Reporte Especial: Lucha contra el secuestro infantil
El Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados reporta que alrededor de 800,000 menores son declarados como perdidos cada año, y de ellos, unos 160,000 no son encontrados con vida.
El 16 de septiembre comenzó a reportarse la desaparición de la niña hispana Dulce María Alavez de cinco años, vista por última vez en el Bridgeton City Park en Nueva Jersey.
El caso de Dulce se suma a las más de 85,000 investigaciones activas de personas desaparecidas, de acuerdo con el Archivo de Personas Desaparecidas del Centro Nacional de Información Criminal del FIB (NCIC, por sus siglas en inglés).
Así como Dulce, el 67% de los niños reportados como desaparecidos en Estados Unidos en 2018 pertenecían a una minoría étnica, según un informe del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
Ser menor de edad, hispano y migrante en Estados Unidos complica contar con estadísticas certeras.
La situación de niños perdidos es complejo cuando se trata del problema inmigratorio, ya que muchos niños sin acompañantes han cruzado la frontera de Estados Unidos y han sido recibidos por la Oficina de Reubicación de Refugiados, quienes luego les han perdido el rastro tras asignar su custodia a parientes o tutores dentro del país.
En el año 2017 hubo 1,500 casos de niños perdidos bajo estas circunstancias.
El escenario puede ser variado pero las consecuencias para la familia en la que un miembro sufre un secuestro son devastadoras.
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Migrantes víctimas de extorsión y secuestro
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En los últimos años, el riesgo al que se exponían en su periplo debido a la acción de los carteles de la droga y a la corrupción de las autoridades aumentó de forma considerable. Cabe recordar la matanza de Tamaulipas donde 'Los Zetas' ejecutaron a 72 indocumentados por negarse a ser parte de sus filas.
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Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como diversas plataformas sociales -nacionales e internacionales-, además de varios Gobiernos de Centroamérica, han exigido a México una mayor vigilancia de los derechos humanos de los migrantes a su paso por el país.
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Aunque el Ejecutivo puso en marcha una estrategia de protección a finales del año pasado, la violencia en contra de los migrantes no se ha detenido, si bien unos 200 trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido separados de sus puestos, de los cuales cuarenta ya enfrentan un proceso penal.
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En ese sentido, un aspecto fundamental de la nueva Ley de Migración es que obliga al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) a profesionalizarse, declaró el diputado federal del PAN, Leonardo Guillén Medina.
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Dijo que mediante el Centro de Evaluación y Control de Confianza, se obliga a los cuadros del INM a aprobar cursos de formación y capacitación para su ingreso y permanencia laboral.
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“Con esto aseguramos un actuar bajo los principios de legalidad por parte del personal del instituto, así como con profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de los migrantes”, declaró.
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El legislador federal puntualizó que la Ley de Migración, que aprobó la Cámara de Diputados, salvaguarda los derechos humanos, además de regular el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al país.
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“No sólo eso, también se tipifica el delito de tráfico de indocumentados y se incluye como agravante el inducir a menores de edad, bajo la disposición que el delito se perseguirá de oficio”, recalcó.
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