SAN JUAN, Puerto Rico.- Las autoridades federales arrestaron a una mujer de 42 años acusada de facilitar actividades comerciales ilegales con menores de edad en un caso que ha conmocionado a la comunidad puertorriqueña.
Lizamarie Rivera-García, residente de Bayamón, fue detenida por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tras una acusación formal presentada por un gran jurado federal el 10 de julio de 2025. La acusada se desempeñaba como instructora religiosa, una posición que, según las autoridades, utilizó para acercarse a sus víctimas.
Según los documentos judiciales, Rivera-García habría facilitado actividades comerciales prohibidas con dos menores de edad durante un período que abarcó desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2024. Las víctimas incluyen un menor de 15 años y otro de 17 años, ambos del género masculino.
Las investigaciones revelan que la acusada habría utilizado servicios de mensajería instantánea y redes sociales para transferir contenido inapropiado a menores. Además, se le atribuye el reclutamiento, transporte y mantenimiento de las víctimas para actividades comerciales ilegales.
El fiscal federal W. Stephen Muldrow enfatizó la gravedad de las acciones, declarando que "estas acusaciones reflejan la seriedad de la conducta de la acusada contra sus víctimas". El funcionario destacó que este tipo de actividades "roba a los menores su libertad, dignidad y sentido de seguridad".
Por su parte, Rebecca C. Gonzalez-Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan, expresó su preocupación por individuos en posiciones de confianza pública que dañan a menores. "Una instructora religiosa que tenía la responsabilidad de guiar a nuestros niños sobre principios y creencias, en realidad estaba desarrollando un plan para dañarlos", declaró.
Consecuencias legales contra la maestra sospechosa
Rivera-García enfrenta múltiples cargos federales que podrían resultar en sentencias severas. Por facilitación de actividades ilegales con menores, podría recibir una sentencia mínima obligatoria de 15 años hasta cadena perpetua. Los cargos adicionales de transporte de menores para actividades criminales y coerción llevan penas mínimas de 10 años, también con posibilidad de cadena perpetua.
Todas las condenas incluirían un período de supervisión posterior al encarcelamiento de entre cinco años hasta cadena perpetua, dependiendo de la determinación del juez federal.
HSI San Juan lidera la investigación con la colaboración de la Oficina de Policía de Puerto Rico. El caso está siendo procesado por la fiscal asistente Elba Gorbea, de la Unidad de Casos contra Menores e Inmigración.
Las autoridades han enfatizado su compromiso con la protección de menores y han asegurado que continuarán utilizando todos los recursos disponibles para procesar casos similares. El equipo multidisciplinario de HSI también garantizará que las víctimas reciban la asistencia necesaria para superar el trauma.
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