AUSTIN, Texas.— La ciudad de Austin recibió una prórroga por parte del gobernador Greg Abbott para definir si modificará sus políticas sobre cooperación con autoridades migratorias, en medio de una disputa que podría costarle millones de dólares en fondos estatales.
Hasta este jueves, la capital texana tenía como fecha límite para decidir si aceptaba las peticiones del estado —que incluyen mayor colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el cumplimiento estricto de leyes estatales— o si mantenía sus lineamientos actuales.
Sin embargo, tras una reunión a puerta cerrada, miembros del Concejo Municipal informaron que la oficina del gobernador decidió ampliar el plazo inicial. Autoridades locales indicaron que esperan alcanzar una resolución en los próximos días.
Fondos en riesgo
De no alinearse con las exigencias estatales, Austin podría perder aproximadamente 2.5 millones de dólares en subvenciones de seguridad pública destinadas al presupuesto de 2026.
Funcionarios también advirtieron que la cifra podría aumentar si se bloquean otros fondos en proceso. Incluso en caso de que la ciudad mantenga acceso a estos recursos, podría verse obligada a devolverlos en un plazo de 30 días si no cumple con los requisitos estatales.
Qué dice la política actual
El conflicto gira en torno a cambios recientes en las políticas del Departamento de Policía de Austin (APD) sobre las llamadas órdenes administrativas de ICE, que no son firmadas por un juez, sino por autoridades migratorias federales.
Bajo las reglas actuales:
- Los agentes no pueden arrestar a una persona únicamente por una orden de ICE
- Los oficiales no están obligados a notificar a inmigración cuando detienen a alguien sin cargos criminales,
- Un supervisor debe evaluar si hay recursos disponibles para retener a una persona hasta la llegada de agentes federales
Además, existen lugares considerados zonas sensibles, como iglesias, hospitales y escuelas, donde generalmente no se realizan arrestos migratorios bajo este tipo de órdenes.
Crece presión estatal
La administración de Abbott ha insistido en que las ciudades deben cooperar plenamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo la notificación y detención de personas sujetas a procesos de deportación.
Mientras tanto, autoridades de Austin han señalado que cualquier decisión deberá equilibrar el cumplimiento de la ley estatal con las realidades operativas del departamento de policía y la seguridad pública local.
Se espera que en los próximos días se anuncie una decisión que podría marcar un precedente en la relación entre gobiernos locales y estatales en temas migratorios.