La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) anunció este martes que a partir del 31 de agosto los buses dejan de ser gratis y que los neoyorquinos deberán usar otra vez la entrada principal para acceder al vehículo.
Esto significa que la medida establecida durante la crisis de coronavirus termina, y que los viajeros deberán comenzar a pagar su billete.
Sarah Feinbergm presidenta interina de NYC Transit, dijo que la MTA se enfrenta a un déficit presupuestario estimado de 16,200 millones de dólares hasta el 2024, y que ya no pueden permitirse mantener los autobuses sin pagar.
"La MTA está perdiendo unos 200 millones de dólares a la semana en ingresos por pérdidas en tarifas, peajes, subsidios y gastos relacionados con covid-19", dijo Feinberg.
En un comunicado, la MTA comunicó que ha solicitado 12,000 millones de dólares al gobierno federal para finales de 2020 y hasta 2021, debido a las consecuencias financieras de covid-19.
En marzo, la agencia de tránsito suspendió el pago de las tarifas, haciendo que los pasajeros abordaran por la puerta trasera, como una forma de proteger a los conductores.
El abordaje por la puerta delantera añadirá un 40 por ciento más de espacio en los autobuses, mejorando la capacidad del pasajero de distanciarse socialmente, subrayó la MTA en un comunicado.
Las barreras de cadenas y cortinas de vinilo se quitarán de la zona media del autobús para aumentar también las oportunidades de distanciamiento social, y se bloqueará el asiento directamente detrás del operador del autobús para que los pasajeros no se acerquen.
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Nueva York podría multar o encarcelar a quienes se nieguen a recibir la vacuna contra el covid-19
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El gobierno de Nueva York y otros estados tendrían la autoridad de multar o encarcelar a quienes se nieguen a recibir vacuna contra el coronavirus.
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Así lo informó Dov Fox, un profesor de derecho que además funge como el director del Centro de Política de Leyes de Salud y Bioética de la Universidad de San Diego.
University of California, San Diego.
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"Los Estados pueden obligar a la vacunación de manera más o menos intrusiva", dijo Fox en una entrevista con ABC San Diego. "Pueden limitar el acceso a las escuelas, servicios o empleos si la gente no se vacuna. Pueden obligarles a pagar una multa o incluso encerrarles en la cárcel".
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Aunque Estados Unidos nunca ha intentado encarcelar a las personas que se niegan a vacunar, otros países como Francia han adoptado esta medida, dictó Fox.
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El precedente legal se remonta a un caso histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1905, en el que un tribunal dictaminó que el estado Massachusetts tenía la autoridad para multar a las personas que se negaban a vacunarse contra la viruela.
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Ese caso constituyó la base jurídica de los requisitos de vacunación en las escuelas y ha sido confirmado en decisiones posteriores.
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El año pasado, la ciudad de Nueva York aprobó una ordenanza que permite multar a las personas que se niegan a vacunarse contra el sarampión.
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A pesar de esto, hay dudas sobre si el Congreso podría promulgar un requisito federal para la vacuna del coronavirus.
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Debido a los obstáculos legales, es más probable que los requisitos de la vacuna varíen entre los diferentes estados.
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Los Estados que exploren la necesidad de una vacuna sólo deben hacerlo si ésta está disponible de forma amplia y fácil, dijo Fox.
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También tendría que haber consideraciones especiales para personas con riesgos médicos legítimos, como el embarazo, pero no exenciones por motivos religiosos o filosóficos, dijo.
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Fox también dice que las exenciones por motivos religiosos no son exigidas constitucionalmente por la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda, siempre y cuando los mandatos de la vacuna no especifiquen la religión.
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En el campo lanboral, los empleadores privados tendrían mucha flexibilidad para exigir vacunas y corren a quienes las rechazaran por cualquier cosa que no fuera una preocupación médica legítima, asegura Fox.
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