RALEIGH, Carolina del Norte.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, firmó el martes la orden ejecutiva 158 que busca garantizar las oportunidades laborales de aquellas personas con antecedentes penales, según información difundida en un comunicado.
La normativa entra en vigencia inmediatamente y debe ser implementada antes del 1 de noviembre de 2020. La misiva sostiene que las agencias estatales deberán reducir las barreras laborales.
Alrededor de 1.7 millones de personas en Carolina del Norte tienen antecedentes penales, y según Cooper, las dificultades para conseguir un empleo aumentan debido a dicho historial.
"Las personas que han cometido errores a menudo merecen una segunda oportunidad, y tener un empleo ayuda a cambiar la vida. Esto no sólo ayudará a reducir la reincidencia, sino que le dará al gobierno estatal acceso a solicitantes de empleo más calificados", dijo Cooper en un comunicado.
De esta manera, Carolina del Norte se une a 35 estados y más de 150 ciudades y condados que buscan reducir las barreras laborales para las personas con antecedentes penales.
"Eliminar la pregunta de antecedentes penales de la solicitud de empleo del estado e implementar políticas de contratación de oportunidades justas permitirá que las personas con antecedentes sean consideradas de manera más justa en función de sus calificaciones", agregó el comunicado.
La orden ejecutiva 158 incluye los siguientes cambios:
- Eliminar las preguntas sobre antecedentes penales de la solicitud de empleo estatal.
- Prohibir las investigaciones sobre los antecedentes penales durante las etapas iniciales del proceso de contratación.
- Prohibir la consideración de condenas eliminadas o perdonadas, cargos no relacionados con el asunto laboral subyacente, arrestos que no resulten en una condena y declaraciones de no culpables, a menos que la contratación esté prohibida por la ley.
- Exigir que no se realicen las verificaciones de antecedentes necesarias antes de la entrevista de trabajo inicial para el candidato.
- Exigir a las agencias estatales que brinden una oportunidad razonable para que los solicitantes expliquen las circunstancias que rodean las condenas relevantes y proporcionen prueba de rehabilitación.
Asimismo, las agencias estatales recibirán capacitación para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa.
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