PORTERVILLE, California.- Demandan al departamento del alguacil del condado de Tulare por el intento de evacuar a un campamento de indigentes en Porterville.
Residentes del campamento en el río Tule y grupos comunitarios del condado de Tulare presentaron la demanda el lunes 22 de febrero, pidiendo una orden judicial para evitar que el alguacil del condaddo los obligue a abandonar sus hogares.
El 18 de enero del 2021, aproximadamente 150 indigentes que vivían en campamentos a las orillas del río recibieron órdenes para evacuar el área.
“Aquí es donde vivo yo por ya casi 6 o 7 meses”, dijo Rosendo Hernández, refiriéndose al campamento de indigentes.
Según el alguacil de Tulare Mike Boudreaux los indigentes han estado viviendo en propiedad privada, debido a que han recibido quejas por el dueño del área. Así como afirmó que él aun no ha visto la demanda.
Indigentes temen ser contagiados de coronavirus al vivir en una situación precaria
Activistas aseguran que los agentes del alguacil actuaron de una manera ilegal.
“El departamento del Sheriff los esculcó, y a algunos les quitó pertenencias que tenían en sus bolsillos”, dijo Mari Pérez Ruiz de la organización Central Valley Empowerment Alliance.
Sin embargo, el alguacil Boudreaux dijo que sus elementos no utilizaron fuerza al interactuar con los desamparados. Afirmó que tiene compasión por ellos, pero que también tienen el deber de velar por los derechos del propietario. “Ocurren crímenes en estos campamentos, y delincuentes con órdenes de arresto llegan a esconderse en estos sitios”, agregó Boudreaux.
El abogado que representa a los indigentes dijo que el propósito es encontrarles un sitio para vivir. Pero según activistas no hay ningún lugar en donde puedan trasladar a los residentes del campamento, ya que albergues del condado de Tulare tienen lista de espera de entre 18 meses a 4 años.
Campesinos de una comunidad de casas móviles denuncian desalojos injustificados y hostigamiento
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La comunidad de casas móviles Shady Lakes, ubicada en la Av. Chestnut en Fresno, se encuentra indignada ante las decisiones tomadas por los nuevos dueños de la propiedad, la compañía Harmony Communities, quienes adquirieron el terreno a principios de 2019.
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En abril del año pasado, los residentes del parque de casas móviles recibieron su primera notificación: el precio de la renta subió de $395 a $525, un alza de $130 en el presupuesto del mes, que a muchos les costó y aún cuesta pagar.
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Para sorpresa de los inquilinos, una nueva notificación recibieron el pasado 27 de enero, la segunda en menos de un año donde les suben el alquiler. Ellos son dueños de las viviendas, pero no del terreno.
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Este segundo aumenta significa que a partir del 1 de mayo de 2020 tendrán que pagar $595. Pese a lo injusto que suena, las familias no pueden apelar a la nueva
ley AB 1482 sobre control de renta que entró en vigor el 1 de enero en California. La abogada Mariah Thompson de la organización CRLA (California Rural Legal Assistance, por sus siglas en ingles), dice que
"desafortunadamente la nueva ley no aplica para los parques móviles".Noticias Univision 21
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Los residentes reclaman que más allá del alza de la renta, la propiedad no ha sido mantenida desde que llegaron estos nuevos dueños. Alegan que la supuesta razón de que las alzas se deben a "costos operacionales más altos de los esperados" es falsa porque no han hecho ningún arreglo que justifique los aumentos.
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Como por ejemplo, la lavandería que antes funcionaba y hace meses que está inutilizable porque sus lavadoras están 'fuera de servicio'. El residente dice que ellos pagaban por el servicio, pero estos nuevos dueños no parece interesarles.
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Esta rejilla oxidada es otra muestra, según los afectados, que no hay mantenimiento que justifique el aumento. Pero la abogada Thompson explica que la
ley de control de renta también tiene sus restricciones, excepciones y limitaciones.
La única solución sería que la ciudad o el condado aprobaran alguna ordenanza que los protegiera, comenta la profesional.Noticias Univision 21
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De hecho, en el caso de los desalojos, también regidos por la nueva ley sobre control de renta, se especifica que estos pueden ocurrir por 'razones justificadas'. Los inquilinos de la propiedad Shady Lakes afirman que desde que llegó la nueva administración son notificados con cartas de desalojo, algunos con 7 días de aviso.
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Les dan 7 días a las familias para que desalojen. El problema es que las razones dadas son totalmente injustificadas, dice la abogada de CRLA. Los vecinos denuncian que se sienten hostigados por los nuevos dueños, ya que las nuevas reglas impuestas como 'guardar los zapatos dentro de la casa y no en el patio' son ridículas, aseguran los vecinos. La abogada Mariah Thompson agrega que incluso les pidieron que sacaran luces de Navidad que tenían fuera, sino serían desalojados en 7 días.
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No obstante, la respuesta de la empresa dueña de la propiedad fue que "si no les gusta, se van", dicen los afectados.
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