El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, informó el desembolso de pagos adicionales de $26 millones en reintegros correspondientes a la Planilla de Contribución sobre Ingresos de 2019, que aumentan la cifra total de desembolsos a más de 400 millones por ese concepto.
“Esta semana enviamos reintegros por 26,247,554 a unos 35,116 contribuyentes. Nuestro compromiso y el de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, es continuar desembolsando todas las ayudas y los pagos que nos corresponden, con la mayor diligencia posible para el beneficio de los ciudadanos impactados por los cambios que ha provocado el covid-19 en la economía y en nuestro estilo de vida”, dijo el funcionario.
Parés Alicea detalló que la agencia ha reembolsado hasta el momento un total 412,999,154 en reintegros correspondientes a 546,412 planillas del 2019.
“Le recuerdo a los ciudadanos que la fecha límite para cumplir con la radicación es el 15 de julio. Esta es la segunda extensión del término que hicimos en medio de la emergencia que experimentamos desde marzo”, agregó.
Por otro lado, explicó que Hacienda desembolsó ayer 99,378,823 del Pago de Impacto Económico a 75,874 familias.
“En estos pagos hay cerca de 60,000 cheques que están siendo procesados para el envío por correo postal y el resto de las familias lo recibirá mediante depósito directo. Hasta el momento hemos desembolsado 2,111 millones para 1.4 millones de familias de la ayuda federal aprobada en la Ley Cares y continuaremos con el plan de distribución hasta el mes de diciembre”, indicó.
Otros pagos que continúan canalizándose son los destinados a los cuentapropistas que lograron cualificar para las ayudas de 500 y 1,000 dólares, luego de la flexibilización de los requisitos, aprobada recientemente.
“La flexibilización de los parámetros ha permitido que el incentivo alcance a otro grupo de cuentapropistas. A solo días de haber habilitado el enlace para que los nuevos elegibles soliciten la ayuda, desembolsamos 12,032,500 a 24,065 trabajadores por cuenta propia adicionales. En estas ayudas se han desembolsado 240 millones, aproximadamente”, puntualizó.
El secretario recordó que el enlace para solicitar las ayudas para cuentapropistas que no se beneficiaron en la primera etapa, estará disponible por un tiempo determinado y los trabajadores deben verificar en sus cuentas de SURI y confirmar, no más tarde de 30 de junio de 2020, la información de la cuenta bancaria en donde se le depositará dicho incentivo.
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1.Pruebas masivas de detección de COVID19 y el uso de pruebas apropiadas, rastreo de casos positivos y la publicación de datos actualizados que incluyan variables como género, casos con síntomas y asintomáticos, zonas geográficas, personas contagiadas que se han recuperado, entre otras.
2. Descartar el modelo de salud privado que ha promovido el Estado en las pasadas décadas y la adopción de un sistema universal de salud público, accesible y de calidad, que garantice el derecho constitucional y humano a la salud en todo momento, en especial, en una crisis de salud pública como la del COVID19.
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7.Reconocer que los servicios de salud sexual y reproductiva - incluyendo anticoncepción y aborto - son servicios esenciales de salud. Que se garantice el acceso las personas que buscan servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios de aborto, contracepción de emergencia, servicios de dulas y parteras sin que se obstaculice el proceso. Que se entienda que cualquier producto relacionado con la salud sexual y reproductiva, incluyendo toallas sanitarias, tampones o condones son productos de primera necesidad. Que se garanticen acompañamientos humanitarios durante el parto.
9. Declarar un estado de emergencia debido a la violencia de género que se agrava aún más en la situación de confinamiento en la que nos encontramos, incluyendo a las mujeres trans. Demandamos que se garantice el acceso a órdenes de protección, intercesoría legal y manejo de casos de violencia de género, así como la publicación de estadísticas actualizadas, desagregadas, para cada región judicial y policial.
10. Cumplir con el derecho constitucional de separación de iglesia y estado, y que el gobierno no utilice la pandemia ni los medios de comunicación para transmitir mensajes religiosos o para intereses de grupos religiosos.
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