El director de campaña de la gobernadora de Puerto Rico, Jorge Dávila, salió en defensa de la decisión del gobierno de no abrir los comedores escolares para atender, con alimentos, a los niños durante la emergencia causada por el coronavirus.
Sostuvo que los comedores no han abierto por el alto riesgo de contagio que tienen los empleados, ya que casi todos, son mayores de 50 años.
Sin embargo, arremetió diciendo que “aquí los comedores escolares cierran la mayor parte del verano. Aquí los comedores escolares cierran tres semanas en diciembre y nadie ha dicho que se muere de hambre”.
“Se han buscado alternativas, pero el que quiera criticar tiene los foros abiertos”, finaliza la declaración emitida en Radio Isla 1320.
Sin embargo, este tema ha estado en debate durante semanas, cuando congresistas enviaron una carta al secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, para que explique por qué no ha dado alimentos a los niños cuando el Congreso aprobó una ayuda económica para atender la situación.
Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, recomendó el martes el uso para ofrecer comida caliente, dos veces al día, a los menores.
La presidenta de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares, Nelly Ayala, aclaró en un programa de Univision -Jugando Pelota Dura- que la decisión de mantener cerrados los comedores escolares es del gobierno y no de los empleados, pero exigen que haya un reglamento por el sector público que detalle cómo deben hacerlo para resguardar su salud. Hasta el momento, no se ha elaborado algún plan para el mismo, lo cual los comedores seguirán cerrados.
1.Pruebas masivas de detección de COVID19 y el uso de pruebas apropiadas, rastreo de casos positivos y la publicación de datos actualizados que incluyan variables como género, casos con síntomas y asintomáticos, zonas geográficas, personas contagiadas que se han recuperado, entre otras.
2. Descartar el modelo de salud privado que ha promovido el Estado en las pasadas décadas y la adopción de un sistema universal de salud público, accesible y de calidad, que garantice el derecho constitucional y humano a la salud en todo momento, en especial, en una crisis de salud pública como la del COVID19.
4.Equipo de protección adecuado para personal de salud, en hospitales, centros de salud públicos y privados, y servicios paramédicos.
5. Alto a la corrupción gubernamental y especulación mercantil con pruebas y materiales necesarios para la protección.
6. Adoptar un protocolo con perspectiva de género para el manejo de desastres, incluyendo pandemias.
7.Reconocer que los servicios de salud sexual y reproductiva - incluyendo anticoncepción y aborto - son servicios esenciales de salud. Que se garantice el acceso las personas que buscan servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios de aborto, contracepción de emergencia, servicios de dulas y parteras sin que se obstaculice el proceso. Que se entienda que cualquier producto relacionado con la salud sexual y reproductiva, incluyendo toallas sanitarias, tampones o condones son productos de primera necesidad. Que se garanticen acompañamientos humanitarios durante el parto.
9. Declarar un estado de emergencia debido a la violencia de género que se agrava aún más en la situación de confinamiento en la que nos encontramos, incluyendo a las mujeres trans. Demandamos que se garantice el acceso a órdenes de protección, intercesoría legal y manejo de casos de violencia de género, así como la publicación de estadísticas actualizadas, desagregadas, para cada región judicial y policial.
10. Cumplir con el derecho constitucional de separación de iglesia y estado, y que el gobierno no utilice la pandemia ni los medios de comunicación para transmitir mensajes religiosos o para intereses de grupos religiosos.
11. La cancelación de la deuda y la reasignación de dichos fondos al manejo de la emergencia causada por el COVID-19.
14. Un alto a la represión policial durante la pandemia, que se eliminen las multas y desestimen las acusaciones y los cargos contra las personas intervenidas a consecuencia del toque de queda.
15. La destitución inmediata de la procuradora de las mujeres en propiedad, Lersy Boria, quien durante la pandemia continúa demostrando su incompetencia para atender los problemas particulares que enfrentan las mujeres en esta emergencia de salud pública.