Domenick, quien fue juez de elecciones en el sur de Filadelfia, se declaró culpable de llenar fraudulentamente las urnas a favor de los candidatos demócratas durante las últimas primarias, aceptando sobornos de un consultor político contratado para ayudar a influir en los resultados de las elecciones locales.
El hombre de 73 años se declaró culpable de los cargos de conspiración para privar a las personas de los derechos civiles y usar instalaciones interestatales para ayudar a sobornar. El trabajo de DeMuro era supervisar el proceso electoral y las actividades de los votantes del Distrito 39, de la División 36.
“Nuestro sistema electoral se basa en la honestidad y la integridad de sus funcionarios electorales. Si son corruptos, el sistema es corrupto, lo que crea oportunidades para el fraude electoral y para el recuento de votos falsos ”, dijo el fiscal federal William M. McSwain.
El paso a paso
Las máquinas de votación generan registros conocidos como recibos de resultados, que muestran los totales de votos que el juez de elecciones debe confirmar que son precisos, y ahí entraba DeMuro.
Durante las elecciones primarias de 2014, 2015 y 2016, DeMuro admitió que aceptó sobornos que van desde $300 a $5,000 por elección. Un consultor político contratado por candidatos demócratas específicos le dio a DeMuro una parte de sus honorarios para agregar votos para estos candidatos, que se postulaban para cargos judiciales y varios cargos electos estatales, federales y locales.
DeMuro "emitía" votos adicionales en las máquinas en su mesa de votación, los agregaba a los totales y luego certificaba falsamente que los resultados de la máquina de votación eran precisos, dijeron los fiscales.
“DeMuro llenó las urnas de manera fraudulenta literalmente de pie en una cabina de votación y votando una y otra vez, tan rápido como pudo. Esta es una conducta totalmente reprensible. Los cargos anunciados hoy no borran lo que hizo, pero se aseguran de que sea responsable de esas acciones", dijo el fiscal federal William M. McSwain.
McSwain dijo que DeMuro agregó entre 27 y 46 boletas fraudulentas durante los tres años de elecciones centradas en la investigación. Si bien los números parecen pequeños, representaron el 22% del total de votos emitidos en la división de DeMuro en 2014, el 15% en 2015 y el 17% de los votos en 2016.
DeMuro enfrenta hasta 15 años de prisión cuando sea sentenciado el 30 de junio.
1.Pruebas masivas de detección de COVID19 y el uso de pruebas apropiadas, rastreo de casos positivos y la publicación de datos actualizados que incluyan variables como género, casos con síntomas y asintomáticos, zonas geográficas, personas contagiadas que se han recuperado, entre otras.
2. Descartar el modelo de salud privado que ha promovido el Estado en las pasadas décadas y la adopción de un sistema universal de salud público, accesible y de calidad, que garantice el derecho constitucional y humano a la salud en todo momento, en especial, en una crisis de salud pública como la del COVID19.
4.Equipo de protección adecuado para personal de salud, en hospitales, centros de salud públicos y privados, y servicios paramédicos.
5. Alto a la corrupción gubernamental y especulación mercantil con pruebas y materiales necesarios para la protección.
6. Adoptar un protocolo con perspectiva de género para el manejo de desastres, incluyendo pandemias.
7.Reconocer que los servicios de salud sexual y reproductiva - incluyendo anticoncepción y aborto - son servicios esenciales de salud. Que se garantice el acceso las personas que buscan servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios de aborto, contracepción de emergencia, servicios de dulas y parteras sin que se obstaculice el proceso. Que se entienda que cualquier producto relacionado con la salud sexual y reproductiva, incluyendo toallas sanitarias, tampones o condones son productos de primera necesidad. Que se garanticen acompañamientos humanitarios durante el parto.
9. Declarar un estado de emergencia debido a la violencia de género que se agrava aún más en la situación de confinamiento en la que nos encontramos, incluyendo a las mujeres trans. Demandamos que se garantice el acceso a órdenes de protección, intercesoría legal y manejo de casos de violencia de género, así como la publicación de estadísticas actualizadas, desagregadas, para cada región judicial y policial.
10. Cumplir con el derecho constitucional de separación de iglesia y estado, y que el gobierno no utilice la pandemia ni los medios de comunicación para transmitir mensajes religiosos o para intereses de grupos religiosos.
11. La cancelación de la deuda y la reasignación de dichos fondos al manejo de la emergencia causada por el COVID-19.
14. Un alto a la represión policial durante la pandemia, que se eliminen las multas y desestimen las acusaciones y los cargos contra las personas intervenidas a consecuencia del toque de queda.
15. La destitución inmediata de la procuradora de las mujeres en propiedad, Lersy Boria, quien durante la pandemia continúa demostrando su incompetencia para atender los problemas particulares que enfrentan las mujeres en esta emergencia de salud pública.