Por entender que la gobernadora Wanda Vázquez Garced abusa de su poder, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunció que combatirá en los tribunales una orden ejecutiva firmada el pasado miércoles.
Se trata de un interdicto preliminar y permanente ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la primera ejectuiva en busca de que la corte lo declare como "inconstitucional" la Orden Ejecutiva 2020-036, que otorga inmunidad a los hospitales privados sobre daños a personas en el contexto de la epidemia del coronavirus en Puerto Rico.
El senador Juan Dalmau Ramírez acusó que “la orden ejecutiva va dirigida a quitarle derechos a personas cuyo tratamiento médico sea negligente. Le quita derechos al pueblo. Y lo hace violentando la separación de poderes de la Constitución, ya que está legislando por decreto”.
“Si quieren aprobar ese regalo a las aseguradoras y hospitales privados, que lo lleven a la legislatura y que, en el pase de lista de la votación, quede claro dónde está parado cada cual”, puntualizó el senador, quien además informó que este mismo fin de semana estará presentando el escrito al tribunal.
La Orden Ejecutiva, firmada por la gobernadora el pasado miércoles, otorga inmunidad a los hospitales privados, las instalaciones médicas y el personal clínico que esté atendiendo pacientes sospechosos de ser positivos al coronavirus u otras condiciones de salud durante el estado de emergencia por la epidemia en Puerto Rico.
Además, da inmunidad civil contra reclamaciones por daños y perjuicios por alegada impericia médica o negligencia a toda facilidad médica o profesional de la salud, que forme parte de la primera respuesta a la emergencia ya sea porque han atendido pacientes positivos de covid-19 o pacientes con otras condiciones. Esto quiere decir que la ciudadanía no puede presentar demandas por daños o muerte a consecuencia de alegados actos u omisiones.
La orden se firmó para dar una protección legal especial que ayude en una mejor y más rápida prestación de atención médica a todo paciente involucrado directamente con la pandemia, según se explicó en su momento desde el gobierno de la isla.
Estado de emergencia
El también candidato a la gobernación del PIP subrayó que “lo que están haciendo con esta acción judicial es proteger los derechos y reclamos del pueblo, al tiempo que dan a respetar la separación de poderes necesaria para evitar que la autoridad de poder recaiga en el capricho de una sola persona: la gobernadora”.
Mientras tanto, la vicepresidente y aspirante al Senado por acumulación del PIP, María de Lourdes Santiago, manifestó que la orden ejecutiva no es para proteger a los trabajadores de salud que están en primera línea.
“Lo que se busca es darle impunidad a las aseguradoras y hospitales privados que niegan servicios, que no han admitido pacientes de covid que llegan hasta sus puertas, y que en medio de una pandemia tiran a la calle a cientos de médicos, enfermeras, terapistas y técnicos. Es, de nuevo, un toallazo al fracaso de la privatización de la salud”, sentenció.
En tanto, el portavoz de la colectividad independentista en la Cámara, Denis Márquez Lebrón, expresó que “con esta orden se sigue usando el estado de emergencia y el sufrimiento del pueblo para garantizar los privilegios de unos cuantos: las empresas amigas, así se dediquen a construcción, venden suministros médicos, y el que sí se dedica a los servicios médicos no tiene que responder por los daños que cause”.
“Hay quienes creen que el gobierno es un juego de cartas y confunden la realidad con la fantasía. El arte de gobernar es muy serio y real, y debe estar enfocado en defender la vida y derechos de todos, no el lucro de unos pocos poderosos”, concluyó Dalmau.
1.Pruebas masivas de detección de COVID19 y el uso de pruebas apropiadas, rastreo de casos positivos y la publicación de datos actualizados que incluyan variables como género, casos con síntomas y asintomáticos, zonas geográficas, personas contagiadas que se han recuperado, entre otras.
2. Descartar el modelo de salud privado que ha promovido el Estado en las pasadas décadas y la adopción de un sistema universal de salud público, accesible y de calidad, que garantice el derecho constitucional y humano a la salud en todo momento, en especial, en una crisis de salud pública como la del COVID19.
4.Equipo de protección adecuado para personal de salud, en hospitales, centros de salud públicos y privados, y servicios paramédicos.
5. Alto a la corrupción gubernamental y especulación mercantil con pruebas y materiales necesarios para la protección.
6. Adoptar un protocolo con perspectiva de género para el manejo de desastres, incluyendo pandemias.
7.Reconocer que los servicios de salud sexual y reproductiva - incluyendo anticoncepción y aborto - son servicios esenciales de salud. Que se garantice el acceso las personas que buscan servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios de aborto, contracepción de emergencia, servicios de dulas y parteras sin que se obstaculice el proceso. Que se entienda que cualquier producto relacionado con la salud sexual y reproductiva, incluyendo toallas sanitarias, tampones o condones son productos de primera necesidad. Que se garanticen acompañamientos humanitarios durante el parto.
9. Declarar un estado de emergencia debido a la violencia de género que se agrava aún más en la situación de confinamiento en la que nos encontramos, incluyendo a las mujeres trans. Demandamos que se garantice el acceso a órdenes de protección, intercesoría legal y manejo de casos de violencia de género, así como la publicación de estadísticas actualizadas, desagregadas, para cada región judicial y policial.
10. Cumplir con el derecho constitucional de separación de iglesia y estado, y que el gobierno no utilice la pandemia ni los medios de comunicación para transmitir mensajes religiosos o para intereses de grupos religiosos.
11. La cancelación de la deuda y la reasignación de dichos fondos al manejo de la emergencia causada por el COVID-19.
14. Un alto a la represión policial durante la pandemia, que se eliminen las multas y desestimen las acusaciones y los cargos contra las personas intervenidas a consecuencia del toque de queda.
15. La destitución inmediata de la procuradora de las mujeres en propiedad, Lersy Boria, quien durante la pandemia continúa demostrando su incompetencia para atender los problemas particulares que enfrentan las mujeres en esta emergencia de salud pública.