La comisionada residente, Jenniffer González, expresó estar preocupada por la respuesta que dio la gobernadora Wanda Vázquez, al senador y presidente del Comité de Finanzas en el Congreso, Chuck Grassley, sobre el manejo de fondos federales en la isla durante la crisis del coronavirus.
“Siempre me va a preocupar porque el Congreso siempre va a poder preguntar sobre el desembolso de fondos federales. Uno no puede ver esto como un ataque personal o de figura porque al final del camino es el pueblo quien sufre las consecuencias de la mala comunicación o mala vibra con un funcionario”,comentó la comisionada en Radio Isla 1320.
La primera ejecutiva respondió a medias las preguntas que hizo Grassley quien exigió explicaciones sobre la compra de pruebas rápidas para covid-19 y sobre la renuncia de funcionarios del Departamento de Salud y otras pesquisas o actos de corrupción en su gobierno.
“El senador dijo que faltan preguntas por contestar y yo creo que hay que satisfacer al senador para dejar esto claro. Este senador es el presidente del Comité de Finanzas y en sus manos están las negociones de fondos para Puerto Rico. La gobernadora puede manejar la información que se le ha pedido y establecer esa buena relación por el bien de Puerto Rico”, sostuvo González.
Respuesta de la gobernadora
Por su parte, la primera ejecutiva destacó que la carta es “lamentable (y) contiene varias declaraciones erróneas, caracterizaciones erróneas e inexactitudes".
"Es particularmente preocupante que sus acusaciones lleguen en un momento de gran angustia en Puerto Rico y el mundo, cuando se debe utilizar un tiempo y recursos valiosos para abordar nuestra crisis humanitaria colectiva. Además, sus comentarios parecen haber sido inspirados por personas con una agenda personal que buscan empañar la reputación de los Puerto Rico", criticó Vázquez.
1.Pruebas masivas de detección de COVID19 y el uso de pruebas apropiadas, rastreo de casos positivos y la publicación de datos actualizados que incluyan variables como género, casos con síntomas y asintomáticos, zonas geográficas, personas contagiadas que se han recuperado, entre otras.
2. Descartar el modelo de salud privado que ha promovido el Estado en las pasadas décadas y la adopción de un sistema universal de salud público, accesible y de calidad, que garantice el derecho constitucional y humano a la salud en todo momento, en especial, en una crisis de salud pública como la del COVID19.
4.Equipo de protección adecuado para personal de salud, en hospitales, centros de salud públicos y privados, y servicios paramédicos.
5. Alto a la corrupción gubernamental y especulación mercantil con pruebas y materiales necesarios para la protección.
6. Adoptar un protocolo con perspectiva de género para el manejo de desastres, incluyendo pandemias.
7.Reconocer que los servicios de salud sexual y reproductiva - incluyendo anticoncepción y aborto - son servicios esenciales de salud. Que se garantice el acceso las personas que buscan servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios de aborto, contracepción de emergencia, servicios de dulas y parteras sin que se obstaculice el proceso. Que se entienda que cualquier producto relacionado con la salud sexual y reproductiva, incluyendo toallas sanitarias, tampones o condones son productos de primera necesidad. Que se garanticen acompañamientos humanitarios durante el parto.
9. Declarar un estado de emergencia debido a la violencia de género que se agrava aún más en la situación de confinamiento en la que nos encontramos, incluyendo a las mujeres trans. Demandamos que se garantice el acceso a órdenes de protección, intercesoría legal y manejo de casos de violencia de género, así como la publicación de estadísticas actualizadas, desagregadas, para cada región judicial y policial.
10. Cumplir con el derecho constitucional de separación de iglesia y estado, y que el gobierno no utilice la pandemia ni los medios de comunicación para transmitir mensajes religiosos o para intereses de grupos religiosos.
11. La cancelación de la deuda y la reasignación de dichos fondos al manejo de la emergencia causada por el COVID-19.
14. Un alto a la represión policial durante la pandemia, que se eliminen las multas y desestimen las acusaciones y los cargos contra las personas intervenidas a consecuencia del toque de queda.
15. La destitución inmediata de la procuradora de las mujeres en propiedad, Lersy Boria, quien durante la pandemia continúa demostrando su incompetencia para atender los problemas particulares que enfrentan las mujeres en esta emergencia de salud pública.