En una intensa sesión, el Senado estatal de Nueva York retiró los poderes emergencia que le fueron otorgados al gobernador Andrew Cuomo durante la pandemia, en medio de dos grandes escándalos: la manipulación de cifras de muertes en hogares de ancianos y acusaciones de acoso sexual.
Además de revocar la autoridad del gobernador para emitir nuevas directivas -decisión que tiene su origen en el escándalo de las muertes por coronavirus en residencias de ancianos-, aquellas medidas que ahora se aplican en cuanto a la salud pública continuarán bajo una supervisión legislativa significativamente mayor.
"Creo que todo el mundo entiende dónde estábamos en marzo y dónde estamos ahora. Ciertamente vemos la necesidad de una respuesta rápida, pero también queremos avanzar hacia un sistema de mayor supervisión y revisión. El público merece tener controles y equilibrios", dijo la líder de la mayoría, Andrea Stewart-Cousins.
Y añadió: "Esta legislación crea un sistema con una mayor participación y al mismo tiempo garantiza que los neoyorquinos sigan estando protegidos".
La legislación establecerá nuevos controles que incluye:
- Revocar la autoridad del gobernador para emitir nuevas directivas.
- Autorizar al gobernador a prorrogar o modificar las directivas que están actualmente en vigor para responder a la pandemia en curso, pero exige que se notifique con cinco días de antelación a la Legislatura o a los funcionarios electos locales antes de que dicha prórroga o modificación entre en vigor.
- Exigir al gobernador que responda públicamente a cualquier comentario que haya recibido de la Legislatura o de los dirigentes locales si se prorroga una directiva.
- Exigir al gobernador que cree una base de datos de búsqueda de todas las acciones ejecutivas que sigan en vigor para informar a los legisladores y al público del estado actual de la ley.
- Permitir a la legislación poner fin a una emergencia estatal por desastre mediante una resolución concurrente.
El estado ha reconocido que han muerto al menos 15,000 residentes en hogares de ancianos, frente a la cifra de 8,700 que se había publicado a finales de enero, y que no incluía a los residentes que murieron tras ser trasladados a los hospitales.