Los Ángeles, CA.- Los hechos que motivaron esta demanda federal datan del 30 de junio de 2024, cuando los hermanos Morales se encontraban en el jardín delantero de su residencia.
De acuerdo a la demanda, Efrain Morales Jr. y su hermano -no identificado por ser menor de edad-, escucharon la alarma de un vehículo y salieron para ver qué sucedía.
Según los documentos judiciales, el agente Max Orlando Fernández, quien se encontraba de civil, se habría molestado al percatarse de que los menores habían presenciado la activación de la alarma de su vehículo.
Acto seguido, Fernández desenfundó su arma de reglamento, apuntó directamente a los adolescentes, según videos proporcionados por la defensa.
Luego de esto, presuntamente Fernández los habría amenazado para luego forzar la entrada a la propiedad privada sin contar con una orden judicial ni justificación legal.
Denuncian acoso sistemático
La demanda subraya que el hostigamiento no terminó el día del incidente armado.
Durante más de un año, indica la demanda, que la familia habría sido sufrido intimidación en la que el agente ha estacionado vehículos oficiales de patrulla frente a su domicilio hasta tres veces por semana.
Asimismo, la madre de los menores, Elizabeth Henares, denunció que tras intentar formalizar una denuncia ante la estación de East Los Ángeles, supuestamente se le proporcionó un número de reporte falso.
De acuerdo a la defensa, esto habría sido "con el aparente propósito de obstaculizar el proceso legal y proteger al agente implicado".
Cargos y demanda de rendición de cuentas
Los demandantes exigen un juicio con jurado y reclaman indemnizaciones por daños compensatorios y punitivos. La demanda formaliza múltiples cargos que incluyen:
- Uso excesivo de la fuerza en violación de la Cuarta Enmienda constitucional.
- Agresión por parte de un oficial de paz y negligencia.
- Violación de las leyes estatales contra el acecho (stalking).
- Infracción a la Ley Tom Bane de derechos civiles de California.
- Responsabilidad municipal (Monell) atribuida al Condado de Los Ángeles por tolerar una cultura institucional de impunidad y prácticas anticonstitucionales.