El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este viernes que su gobierno respalda la decisión de la Fiscalía mexicana de no ejercer acción penal en contra del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda. Además, indicó que ha dado instrucciones para que se ponga a disposición de todo el que quiera consultarlo el expediente que envió Estados Unidos con la acusación al general.
En su conferencia matutina, López Obrador dijo que "la decisión de la Fiscalía tiene que ver con el gobierno que represento. El gobierno que represento avala, respalda (a la Fiscalía)“.
"Nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, no se pueden inventar delitos. Lo más importante es la verdad y la justicia. Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada al combate contra las drogas, por la DEA”, mencionó.
El mandatario anunció que dio instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores de su gobierno, Marcelo Ebrard, para que "lo más pronto posible se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió el gobierno de Estados Unidos, completo, para que pueda ser consultado, revisado, investigado por quien lo desee. Si el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde que tiene pruebas de otro tipo, lo daríamos a conocer. La Fiscalía ha actuado porque se consideró que los elementos presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso que se conoce como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio al general Cienfuegos".
En su intervención, Marcelo Ebrard dijo que Estados Unidos rompió la alianza que tiene con México al no informar a su gobierno de la detención del general Cienfuegos en octubre pasado.
Este jueves, la Fiscalía General de México anunció en un comunicado que no iniciaría acciones penales contra el exsecretario de Defensa de México Salvador Cienfuegos Zepeda, a quien Estados Unidos había acusado de lavado de dinero y narcotráfico y luego retirado los cargos en medio de reclamos de las autoridades mexicanas.
Cienfuegos, quien fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, fue arrestado en octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, y permaneció en una prisión federal durante 34 días acusado de haber recibido sobornos de una célula del cartel de los Beltrán Leyva.
"Se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos", señala el comunicado.
De acuerdo con el documento de la Fiscalía, luego de una investigación, tampoco encontraron pruebas de que Cienfuegos hubiera emitido orden alguna para favorecer a ningún grupo delictivo. Sobre el análisis de su situación patrimonial y obligaciones fiscales, las autoridades mexicanas tampoco encontraron datos de ingresos ilegales.
Los cargos contra Cienfuegos en EEUU
El Departamento de Justicia alegaba que al menos durante dos años, de diciembre de 2015 a febrero de 2017, Cienfuegos Zepeda recibió sobornos de una célula de la organización de los Beltrán Leyva denominada Cartel H-2. La DEA afirma que el general tenía comunicación directa con el jefe de ese cartel, Juan Francisco Patrón Sánchez, quien fue abatido por la Marina mexicana hace tres años.
La acusación de la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York indicaba que el general retirado conspiró para traficar cargamentos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana mientras era titular de la SEDENA. En esa época, el Cartel H-2 dominaba en Nayarit y una parte de Sinaloa, al tiempo que tenía operadores en varias ciudades de Estados Unidos, entre estas Los Ángeles y Las Vegas.
Esta organización criminal asesinaba y torturaba a sus enemigos, mientras agregaba a su nómina a funcionarios públicos de alto rango, como Cienfuegos, según lo que alegó en un momento Estados Unidos. Según los fiscales, esta cooperación le permitió capturar rivales, liberar a miembros del cartel detenidos en operativos y seguir enviando droga a granel hacia Estados Unidos “sin interferencia de las fuerzas del orden mexicanas”.
Sin embargo, un mes después del arresto de Cienfuegos, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos informó el retiro de los cargos en su contra para que pudiera ser procesado en su país. La polémica decisión se tomó después de que el gobierno mexicano expresó su inconformidad debido a que no se le notificó sobre el avance de esa investigación.
Las pruebas que EEUU entregó a México
Los fiscales señalaron que la insólita decisión de extraditar a Cienfuegos se basó en el temor de afectar la confianza entre ambos países, dos aliados en la lucha contra el narcotráfico.
“Como una cuestión de política exterior y en reconocimiento a la sólida colaboración policial entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente único contra todas las formas de criminalidad, incluido el narcotráfico por parte de los cárteles mexicanos, el gobierno se propone desestimar los cargos pendientes contra el imputado sin perjuicio, a fin de permitir que la investigación mexicana y el posible procesamiento del imputado procedan en primera instancia”, señaló la moción de la Fiscalía estadounidense.
El Departamento de Justicia informó en ese momento que proporcionó al gobierno de México pruebas relacionadas con el caso Cienfuegos Zepeda. Entre la evidencia que el DOJ le entregó al gobierno mexicano estarían grabaciones de las conversaciones de Cienfuegos Zepeda sostuvo de 2015 a 2017 con los jefes del llamado Cartel H-2.
Los fiscales dijeron tener miles de comunicaciones por teléfonos Blackberry que incriminan a Cienfuegos Zepeda, en una de las cuales “habló sobre su asistencia histórica a otra organización de narcotráfico”.
También discutió por teléfono, según esa dependencia, sobre presentar a los principales líderes del Cartel H-2 con “otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano dispuestos a ayudar a cambio de sobornos”.
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De 'El Diablo' a Genaro García Luna: 10 funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico y corrupción en EEUU
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Genaro García Luna. La organización criminal creada por el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le entregó a Genaro García Luna, quien tuvo cargos de responsabilidad en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (de 2000 a 2012), presuntos sobornos para asegurar sus cargamentos de droga y obtener información sensible sobre inteligencia, según una acusación interpuesta en una corte federal de Nueva York. En dos ocasiones, el cartel supuestamente le entregó maletas que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo, afirma la Fiscalía. Fue arrestado en Texas el 9 de diciembre de 2019. Su nombre se mencionó en el juicio a ‘El Chapo’.
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Jorge Juan Torres López. Quien fuera gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, de 65 años, enfrenta señalamientos de lavado de dinero, fraude bancario y malversación de fondos públicos en un tribunal federal en el sur de Texas. Fue extraditado a finales de octubre de 2019. El caso está relacionado con un litigio civil en el que las autoridades confiscaron dos cuentas bancarias en Bermudas. Torres López y Héctor Javier Villarreal-Hernández, su secretario de finanzas, presuntamente abrieron las cuentas para colocar dinero robado. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel.
Fiscalía General de la República (FGR)
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Edgar Veytia. Cinco carteles de la droga lo tenían en su nómina cuando era fiscal de Nayarit, un estado clave para las actividades del narcotráfico en México. Edgar Veytia, alias ‘El Diablo’, recibió sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y otros grupos criminales, señala la acusación. En septiembre de 2019, un juez federal en Brooklyn lo condenó a 20 años de prisión por cargos de conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia EEUU. Se cree recibió de los capos al menos un millón de dólares. La justicia estadounidense ordenó que entregue dicha suma.
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Roberto Sandoval Castañeda. El exgobernador de Nayarit (2011-2017) fue fichado por las autoridades estadounidenses en mayo de 2019. Entonces se ordenó congelar sus cuentas bancarias y confiscar sus bienes en este país. Se alega que participó “en una serie de actos de corrupción” y recibió sobornos de grupos criminales, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación. EEUU afirma que su esposa y sus hijos son sus testaferros, y también los colocó en su lista negra. Al momento sigue libre en México y en entrevistas aseguró que es víctima de una persecución política y que solo tiene poco más de 11,000 dólares en sus cuentas bancarias.
Twitter @RobertoSandoval
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Mario Villanueva Madrid. El exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), Mario Villanueva Madrid, fue condenado por lavado de dinero y por su conexión con el Cartel de Juárez. Un tiempo pagó su condena en una prisión-hospital en Lexington. Al finalizar su administración fue acusado de narcotráfico y permaneció prófugo de la justicia por 2 años y 2 meses. Lo arrestaron en Cancún. Se alega que daba facilidades para el transporte de droga de Colombia a EEUU, a través de Quintana Roo, y envió millones de dólares a bancos en Suiza y Bahamas. En 2008, Villanueva fue sentenciado a más de 36 años por distintos cargos de contrabando de droga. Fue extraditado en 2010 a EEUU. A finales de 2016 fue deportado a México.
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José Rubén Gil Campos. Estuvo en la alcaldía de su natal Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, solo 40 días. José Rubén Gil Campos fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en 2008 bajo sospecha de que conspiró para distribuir cocaína a Nueva York. Seis años después, agentes de la DEA lo detuvieron en esta metrópoli por una investigación que descubrió que su empresa transportista movía droga del Cartel de Sinaloa de costa a costa. Uno de sus cómplices fue señalado por lavar más de 100 millones de dólares de la empresa criminal de ‘El Chapo’ Guzmán. En agosto de 2019 fue condenado a pasar 12 años tras las rejas.
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Isidro Avelar Gutiérrez. Desde noviembre de 2019, este exmagistrado mexicano duerme en una celda de una prisión de máxima seguridad en el centro de México. Isidro Avelar Gutiérrez se enriqueció por estar en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero Los Cuinis “a cambio de proporcionar sentencias judiciales favorables a sus miembros superiores”, según el gobierno estadounidense. Estaba en la mirilla “por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”, señala la justicia mexicana. Ahora EEUU busca que lo extraditen y ya ordenó que congelen sus bienes en este país.
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Tomás Yarrington Ruvalcaba. El hombre que gobernó el estado de Tamaulipas de 1999 y 2004 fue extraditado en abril de 2018 para hacer frente en EEUU a las acusaciones de extorsión, contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude bancario. En México pesan acusaciones sobre el exfuncionario en torno a las facilidades que dio al cártel del Golfo y a Los Zetas para el trasiego de estupefacientes a este país. En abril de 2017, Yarrington Ruvalcaba fue capturado en Italia mientras viajaba con un pasaporte falso. La investigación en su contra duró varios años y señala al dueño de una constructora mexicana. Una vez fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó su país por más de 70 años consecutivos.
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Eugenio Hernández Flores. En junio de 2015, el Departamento de Justicia (DOJ) desveló una acusación contra el exgobernador de Tamaulipas (de 2005 a 2010), Eugenio Hernández Flores, por presunta conspiración para lavado de dinero y ayudar con la operación de un negocio de envío de dinero sin licencia. EEUU alega tener evidencia de que él y un cómplice movieron ilegalmente unos 30 millones de dólares. También se busca confiscarle tres propiedades en McAllen, Texas, valoradas en más de 2 millones de dólares, y otra en Austin. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel. El exmandatario lleva dos años en una prisión mexicana y ha presentado distintos recursos legales buscando detener su extradición.
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Humberto Moreira Valdés. En una corte federal de Texas un testigo lo vinculó con el Cartel de Los Zetas y lo acusó de lavar dinero del narcotráfico. Pero Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila (de 2005 a 2010) y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue absuelto en 2016 por la justicia española. Allá permaneció detenido unos días. El testigo Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador de Los Zetas, afirmó que los narcotraficantes entregaron dinero a funcionarios durante la administración de Moreira, quien les dio contratos públicos para la remodelación de escuelas y carreteras. EEUU confiscó en 2013 una cuenta bancaria en Bermuda que tenía $2.2 millonesy estaba a nombre de quien fue su secretario de Finanzas, Héctor Villareal. Ese dinero provenía del lavado de dinero, cita la acusación.
EFE
