El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador amagó este jueves con mostrar documentos diplomáticos provenientes de Estados Unidos sean o no para su difusión pública después de exhibir una carta donde la embajada de EEUU pide informes sobre el gobernador del estado fronterizo de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
García Cabeza de Vaca asegura que la orden de arresto hecha por la Fiscalía General de la República mexicana es solo una forma de atacarlo por ser opositor. México celebrará en dos semanas, el próximo 6 de junio, las primeras elecciones federales desde la victoria de López Obrador en julio de 2018. Los votantes mexicanos elegirán la representación en la Cámara de Diputados y 15 de los 32 estados del país (entre los que no está Tamaulipas) elegirán nuevos gobernantes.
Las elecciones se celebrarán en la víspera de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México, prevista para el próximo 8 de junio y en la que se abordará la cooperación bilateral en inversiones, migración y seguridad.
Tamaulipas, al noroeste de México, es uno de los seis estados mexicanos que limitan con Estados Unidos. Su frontera, surcada por el Río Bravo (Rio Grande en EEUU), es una de las más activas con 17 cruces: de acuerdo con datos del gobierno estatal concentra el 40% del transporte terrestre, hoy afectado por las restricciones que obliga la pandemia del coronavirus.
La cercanía con Estados Unidos ha convertido a Tamaulipas también en un peligroso centro de operaciones para el crimen organizado. La sangrienta disputa entre los grupos delincuenciales y la presencia de Los Zetas y el Cartel del Golfo han convertido al estado en un foco rojo en el de por sí peligroso panorama de México, donde un promedio de casi 100 personas al día mueren con violencia. El tránsito de inmigrantes, el contrabando y el narcotráfico rondan los 370 kilómetros (220 millas) que comparten Texas y Tamaulipas.
La orden de arresto contra García Cabeza de Vaca fue emitida en un momento en que el Congreso federal y el de Tamaulipas están envueltos en una disputa sobre la inmunidad política del gobernador por una controversia que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia sobre a quién corresponde retirar el fuero (protección legal) del mandatario.
García Cabeza de Vaca puede ser arrestado si sale de Tamaulipas o bien, si agentes federales intentan arrestarlo en el estado, la policía estatal podría resistirse. La última vez que ocurrió una desaparición de poderes estatales en México fue hace 46 años, en 1975.
Dos exgobernadores tamaulipecos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, han sido arrestados bajo acusaciones de la justicia estadounidense. El primero se declaró culpable en una corte federal de Texas el pasado marzo y el segundo espera su extradición a EEUU en una cárcel mexicana.
A dos semanas de las elecciones
El presidente López Obrador dedicó parte de su conferencia matutina a advertir que daría a conocer documentos que justifican el arresto de Cabeza de Vaca, como la carta fechada el 4 de mayo en la que la embajada de en México pide informes para investigar al gobernador.
“Si al gobierno que represento llega un oficio, para que se entienda bien… [...] independientemente de que si es correcto o no es correcto, si es lo políticamente correcto o lo jurídicamente correcto, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la embajada de Estados Unidos”, dijo el presidente al mostrar la carta.
El documento muestra los nombres de una veintena de personas y empresas sin que se sepa si están siendo investigados también y los protocolos diplomáticos internacionales suelen considerar como confidenciales a este tipo de comunicaciones. En México, la exhibición de datos personales es considerada como delito y el propio presidente aceptó que su equipo jurídico le había advertido que no mostrase el texto pero dijo que lo había hecho de todas formas porque se resistía a que el país se convirtiese en “un hazmerreír”.
Washington ha expresado ya su preocupación sobre la transparencia de la justicia en México, así como dudas sobre si puede seguir compartiendo información de inteligencia con funcionarios mexicanos debido a inquietudes sobre si respetarán la confidencialidad. Autoridades estadounidenses han expresado que la cooperación bilateral ha disminuido. El jefe de operaciones de la DEA, Matthew Donahue, explicó a National Public Radio (NPR) el pasado 3 de mayo que la cooperación se había “congelado”.
“Estamos dispuestos a compartir con nuestras contrapartes en México, pero ellos mismos tienen demasiado miedo de siquiera comprometerse con nosotros debido a las repercusiones de su propio gobierno si los descubren trabajando con la DEA”, sostuvo entonces.
De 'El Diablo' a Genaro García Luna: 10 funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico y corrupción en EEUU
Genaro Garcia Luna.JPG
Genaro García Luna. La organización criminal creada por el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le entregó a Genaro García Luna, quien tuvo cargos de responsabilidad en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (de 2000 a 2012), presuntos sobornos para asegurar sus cargamentos de droga y obtener información sensible sobre inteligencia, según una acusación interpuesta en una corte federal de Nueva York. En dos ocasiones, el cartel supuestamente le entregó maletas que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo, afirma la Fiscalía. Fue arrestado en Texas el 9 de diciembre de 2019. Su nombre se mencionó en el juicio a ‘El Chapo’.
Getty Images
Gobernador de Chihuahua.jpg
Jorge Juan Torres López. Quien fuera gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, de 65 años, enfrenta señalamientos de lavado de dinero, fraude bancario y malversación de fondos públicos en un tribunal federal en el sur de Texas. Fue extraditado a finales de octubre de 2019. El caso está relacionado con un litigio civil en el que las autoridades confiscaron dos cuentas bancarias en Bermudas. Torres López y Héctor Javier Villarreal-Hernández, su secretario de finanzas, presuntamente abrieron las cuentas para colocar dinero robado. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel.
Fiscalía General de la República (FGR)
Veytia.JPG
Edgar Veytia. Cinco carteles de la droga lo tenían en su nómina cuando era fiscal de Nayarit, un estado clave para las actividades del narcotráfico en México. Edgar Veytia, alias ‘El Diablo’, recibió sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y otros grupos criminales, señala la acusación. En septiembre de 2019, un juez federal en Brooklyn lo condenó a 20 años de prisión por cargos de conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia EEUU. Se cree recibió de los capos al menos un millón de dólares. La justicia estadounidense ordenó que entregue dicha suma.
YouTube
download (1).jpg
Roberto Sandoval Castañeda. El exgobernador de Nayarit (2011-2017) fue fichado por las autoridades estadounidenses en mayo de 2019. Entonces se ordenó congelar sus cuentas bancarias y confiscar sus bienes en este país. Se alega que participó “en una serie de actos de corrupción” y recibió sobornos de grupos criminales, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación. EEUU afirma que su esposa y sus hijos son sus testaferros, y también los colocó en su lista negra. Al momento sigue libre en México y en entrevistas aseguró que es víctima de una persecución política y que solo tiene poco más de 11,000 dólares en sus cuentas bancarias.
Twitter @RobertoSandoval
Villanueva Getty.jpg
Mario Villanueva Madrid. El exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), Mario Villanueva Madrid, fue condenado por lavado de dinero y por su conexión con el Cartel de Juárez. Un tiempo pagó su condena en una prisión-hospital en Lexington. Al finalizar su administración fue acusado de narcotráfico y permaneció prófugo de la justicia por 2 años y 2 meses. Lo arrestaron en Cancún. Se alega que daba facilidades para el transporte de droga de Colombia a EEUU, a través de Quintana Roo, y envió millones de dólares a bancos en Suiza y Bahamas. En 2008, Villanueva fue sentenciado a más de 36 años por distintos cargos de contrabando de droga. Fue extraditado en 2010 a EEUU. A finales de 2016 fue deportado a México.
Getty Images
Capture.JPG
José Rubén Gil Campos. Estuvo en la alcaldía de su natal Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, solo 40 días. José Rubén Gil Campos fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en 2008 bajo sospecha de que conspiró para distribuir cocaína a Nueva York. Seis años después, agentes de la DEA lo detuvieron en esta metrópoli por una investigación que descubrió que su empresa transportista movía droga del Cartel de Sinaloa de costa a costa. Uno de sus cómplices fue señalado por lavar más de 100 millones de dólares de la empresa criminal de ‘El Chapo’ Guzmán. En agosto de 2019 fue condenado a pasar 12 años tras las rejas.
Facebook
download (3).jpg
Isidro Avelar Gutiérrez. Desde noviembre de 2019, este exmagistrado mexicano duerme en una celda de una prisión de máxima seguridad en el centro de México. Isidro Avelar Gutiérrez se enriqueció por estar en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero Los Cuinis “a cambio de proporcionar sentencias judiciales favorables a sus miembros superiores”, según el gobierno estadounidense. Estaba en la mirilla “por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”, señala la justicia mexicana. Ahora EEUU busca que lo extraditen y ya ordenó que congelen sus bienes en este país.
Departamento del Tesoro
U.S. and Mexico Border Summit
Tomás Yarrington Ruvalcaba. El hombre que gobernó el estado de Tamaulipas de 1999 y 2004 fue extraditado en abril de 2018 para hacer frente en EEUU a las acusaciones de extorsión, contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude bancario. En México pesan acusaciones sobre el exfuncionario en torno a las facilidades que dio al cártel del Golfo y a Los Zetas para el trasiego de estupefacientes a este país. En abril de 2017, Yarrington Ruvalcaba fue capturado en Italia mientras viajaba con un pasaporte falso. La investigación en su contra duró varios años y señala al dueño de una constructora mexicana. Una vez fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó su país por más de 70 años consecutivos.
Getty Images
Eugenio Hernandez Flores.JPG
Eugenio Hernández Flores. En junio de 2015, el Departamento de Justicia (DOJ) desveló una acusación contra el exgobernador de Tamaulipas (de 2005 a 2010), Eugenio Hernández Flores, por presunta conspiración para lavado de dinero y ayudar con la operación de un negocio de envío de dinero sin licencia. EEUU alega tener evidencia de que él y un cómplice movieron ilegalmente unos 30 millones de dólares. También se busca confiscarle tres propiedades en McAllen, Texas, valoradas en más de 2 millones de dólares, y otra en Austin. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel. El exmandatario lleva dos años en una prisión mexicana y ha presentado distintos recursos legales buscando detener su extradición.
Getty Images
download (4).jpg
Humberto Moreira Valdés. En una corte federal de Texas un testigo lo vinculó con el Cartel de Los Zetas y lo acusó de lavar dinero del narcotráfico. Pero Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila (de 2005 a 2010) y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue absuelto en 2016 por la justicia española. Allá permaneció detenido unos días. El testigo Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador de Los Zetas, afirmó que los narcotraficantes entregaron dinero a funcionarios durante la administración de Moreira, quien les dio contratos públicos para la remodelación de escuelas y carreteras. EEUU confiscó en 2013 una cuenta bancaria en Bermuda que tenía $2.2 millonesy estaba a nombre de quien fue su secretario de Finanzas, Héctor Villareal. Ese dinero provenía del lavado de dinero, cita la acusación.
EFE
