Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, al sur del estado fronterizo de Sonora (norte de México) murió a tiros la tarde del jueves. El hombre, que era abogado, fue asesor legal de la familia LeBarón, víctimas de una masacre que dejó nueve fallecidos, entre ellos seis niños.
“Es una vergüenza que no puedan cuidar a la ciudadanía y que los maten como un perro”, dijo Adrián LeBarón a un medio local al responsabilizar a las autoridades de Sonora de la muerte del político. Al ser preguntado sobre el posible móvil del asesinato afirmó que Murrieta “era la piedra en el zapato de muchos ángulos”.
Murrieta estaba repartiendo propaganda electoral en una calle de la ciudad que aspiraba a gobernar cuando fue atacado.
Cajeme está en una zona de México que ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre carteles y grupos delictivos que intentan controlar la lucrativa ruta del contrabando y narcotráfico hacia la frontera con Estados Unidos. Su estado, Sonora, es fronterizo con Arizona.
Entre septiembre de 2020 y abril de 2021, se han registrado 143 asesinatos vinculados con políticos en México, según la organización Integralia.
El asesinato del candidato del partido Movimiento Ciudadano se suma a más de una docena de ataques violentos que han enfrentado políticos mexicanos en medio de la campaña para las elecciones intermedias, previstas para el 6 de junio, en las que se votarán 20,292 cargos de elección popular, entre los que se incluyen 500 bancas de la Cámara de Diputados y 15 de las 32 gobernaciones.
El proceso electoral mexicano también se vio perturbado a inicios de semana por la investigación de supuestos delitos electorales que abrió la Fiscalía General contra dos de los candidatos a la gobernación del estado norteño de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, miembros de las fuerzas opositoras Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, respectivamente.