Al mexicano Eliud Montoya lo balearon cuando caminaba cerca de su casa en Georgia el 19 de agosto de 2017. Un vecino lo encontró tirado en el suelo, ya sin vida. El crimen estaba ligado a la denuncia que él interpuso dos días antes contra su jefe por robar los sueldos de indocumentados con los que trabajaba cortando árboles. El complot pretendía entorpecer la investigación del gobierno.
Montoya, quien se había naturalizado estadounidense en 2009, descubrió que su supervisor, Pablo Rangel, un mexicano indocumentado de 53 años se enriquecía explotando a sus compañeros.
Él denunció en dos ocasiones que Pablo Rangel les vendía números de Seguro Social falsos a indocumentados para contratarlos, que no les pagaba todas las horas devengadas, que esos sueldos llegaban directo a sus cuentas bancarias y que luego les entregaba menos dinero en efectivo.
Las averiguaciones del gobierno federal detectarían años más tarde que Pablo Rangel y su hermano menor Juan Rangel, de 45 años y quien también está en el país sin autorización, obtuvieron más de $3.5 millones a lo largo de una década, desde diciembre de 2007 y hasta noviembre de 2017.
Los hermanos Rubio protegieron su plan delictivo tan ferozmente que contrataron a otro hombre indocumentado, Higinio Pérez Bravo, de 52 años, para asesinar a Eliud Montoya. Por ayudarlos le pagaron $26,000, describe una acusación sometida en el Distrito Este de Georgia.
Un jurado emitió un veredicto unánime hace unos días declarando culpable a Juan Rangel por cuatro cargos criminales, incluyendo conspiración para matar a un testigo y lavado de dinero. Dichos delitos conllevan una sentencia mínima legal de cadena perpetua, por lo que solo falta que la ratifique un juez.
“Este veredicto del jurado brinda una resolución contundente a cualquier duda sobre la culpabilidad de estos acusados en esta horrible conspiración para matar a un hombre que amenazó su esquema ilegal y lucrativo de tráfico laboral”, dijo el fiscal David H. Estes en un comunicado.
Pablo Rangel y Pérez Bravo ya se declararon culpables y esperan ahora su audiencia condenatoria
El robo a los trabajadores
Montoya emigró de México desde hacía varios años y mantenía a su familia trabajando en Wolf Tree, una empresa dedicada a cortar árboles. Era subsidiaria de The Davey Tree Expert, a la cual contrataba la empresa de energía Georgia Power para podar los árboles en torno a sus tendidos eléctricos en el área de Savannah.
Su supervisor directo era Pablo Rangel, quien se encargaba de contratar personal, el papeleo de la empresa y realizar los pagos nominales. Juan Rangel, por su parte, se dedicaba a cortar árboles.
La acusación señala que el 18 de abril de 2017, Montoya contactó a los dueños de su compañía para denunciar que su jefe inmediato se estaba quedando con una parte del sueldo de sus compañeros.
Seis días después sometió una queja escrita, que llegó a manos del propio Pablo Rangel. Para acosarlo, este convocó a una reunión laboral y, delante de Montoya, leyó el documento, palabra por palabra.
Lejos de sentirse intimidado, Montoya escaló el caso, interponiendo una queja ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) el 17 de agosto de ese año.
En esa denuncia, él afirmó que Pablo Rangel y la mayoría de los trabajadores en dicha compañía eran indocumentados, que este tenía números de Seguro Social falsos que usaba el personal, que les pagaba en efectivo y no siempre les remuneraba todas las horas que trabajaban, que inmigrantes sin licencia conducían las camionetas de la empresa y que los accidentes “no eran manejados apropiadamente porque los trabajadores eran indocumentados”.
El Departamento de Justicia indica que durante diez años Pablo Rangel recibió de manera ilegal más de $2.6 millones en tres cuentas de Bank of America y en una de Wells Fargo. Usó parte de ese dinero, más de $120,000, para comprar una propiedad en Georgia. Además, pagó $81,000 para adquirir una casa manufacturada en el mismo estado.
Al menos siete indocumentados fueron contratados en Wolf Tree con documentos falsos. Uno de ellos, identificado con las iniciales ‘JR’, pagó $1,500 por usar el número de Seguro Social de otra persona. En algunos casos, Pablo Rangel hizo arreglos para cancelar los depósitos directos de esos trabajadores para que él recibiera sus salarios. Posteriormente les hacía una rebaja a los pagos y les entregaba el resto de sus sueldos en efectivo.
Su hermano Pablo Rangel obtuvo más de $500,000 por ese esquema, según el gobierno.
El asesinato por $26,000
Los investigadores descubrieron que el 4 de mayo de 2017, Pablo Rangel le dio un cheque de $6,000 a Pérez Bravo y un mes más tarde le depositó otros $20,000. Fueron los pagos para, primero, intimidar a Montoya, pero más tarde se volvió un complot para quitarle la vida.
Fue el propio Pablo Rangel quien comenzó a espiarlo cerca de su domicilio para saber cuál era su rutina. El 18 de agosto, su hermano menor y Pérez Bravo vigilaron a la víctima. Al día siguiente, Juan Rangel “le disparó y mató a Montoya cerca de su casa en Garden City, Georgia”.
Le habló a su hermano mayor para avisarle que ya había matado a Montoya. Cerca de la escena del crimen, Pérez Bravo lo recogió en un vehículo y huyeron.
Hace casi cuatro años, la madre de la víctima, Avelina Álvarez, le dijo a Univision Atlanta que su familia se había quedado desamparada, “sin nada”, porque había muerto el único proveedor. "Él era el que sostenía la familia, a todos”, lamentó.
“Espero que agarren a la gente que lo hizo. Espero que los encuentren y los castiguen”, pidió ella.
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En fotos: así vivían los mexicanos que por temor a que los deportaran trabajaron hasta 24 horas al día
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Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
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Los albañiles eran reclutados a través de anuncios clasificados difundidos en Tijuana como este, que ofrecía empleo en Estados Unidos solo con dos requisitos: “tener visa y ganas de trabajar”.
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Los interesados en el empleo viajaban en vehículo hasta la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
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A simple vista, parecía un negocio normal dedicado a la construcción en el norte de California. Pero detrás de una de las bodegas, en galeras precarias, se quedaban a dormir los empleados mexicanos.
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Los investigadores que catearon las propiedades del empresario Job Torres Hernández encontraron sanitarios sucios y almacenes usados como dormitorios que no contaban con servicio de agua potable.
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Las autoridades creen que Torres Hernández se aprovechó de sus empleados al menos entre mayo de 2015 y agosto de 2017, cuando fue arrestado en un operativo policiaco.
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En cualquier rincón donde podían tender una colcha descansaban los albañiles tijuanenses.
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Una bandera estadounidense cuelga en la pared del “cuarto” de un trabajador, quien dormía sobre dos tablas y una colchoneta.
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Varios empleados testificaron en el juicio contra Torres Hernández, alegando que incluso los hizo trabajar sin descanso hasta 24 horas seguidas.
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De acuerdo con documentos judiciales, los trabajadores tenían “acceso limitado” a sanitarios y duchas. En estas condiciones encontraron los detectives uno de los baños.
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Un televisor plasma contrasta con la pésima situación en la que vivía uno de los albañiles de Tijuana llevados con falsas promesas hasta el área de la Bahía de San Francisco.
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Un testigo identificado como JRLA contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.
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La maleta de uno de los empleados quedó en medio de ropa sucia y una bolsa negra para la basura.
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La víctima JRLA contó que cuando le cobró a Torres Hernández el sueldo que había ganado este lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.
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A un hombre identificado como JMNT le advirtió tras una acalorada discusión pidiéndole su sueldo que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.
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Una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico quedó en un espacio de la bodega. Un cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.
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Otro afectado, ALA, aseguró que el empresario le dijo que si se enteraba que estaban buscando empleo en otro lugar “les echaré a Migración”.
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Según el relato de varios afectados, estos siguieron trabajando para el acusado porque les prometió que les ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.
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Los fiscales presentaron ante el jurado esta fotografía en la que se observa la cadena y el candado con los que el empresario encerraba a los albañiles.
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Job Torres Hernández es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California.
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Fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto de Torres Hernández en agosto de 2017.
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Robert Bodine, un exempleado, relató en la corte que el acusado le advirtió a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.
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Almacenes en Hayward, San José y San Francisco eran usados como dormitorios por el tijuanense.
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También en la parte alta de esta bodega pasaban la noche unos empleados, según los fiscales.
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Varias veces los constructores cocinaron en los sitios donde dormían. Restos de frijoles y un guisado quedaron en dos sartenes, como muestra de que el operativo policiaco los tomó por sorpresa.
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Los investigadores de ICE tuvieron bajo la mira a las empresas de Torres Hernández durante varios meses. Esta es una de las fotos tomadas durante sus operativos de vigilancia.
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Esta es otra imagen captada por los detectives federales, quienes reportaron que mientras vigilaron a los trabajadores no notaron que estuvieran ahí en contra de su voluntad.
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Los agentes migratorios estuvieron espiando al empresario en varias obras de construcción, incluyendo la de un hotel de la cadena Marriot.
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Esta es otra de las imágenes captadas por los investigadores de ICE que se presentaron ante el jurado.
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“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.
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A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.
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Torres Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por contratar a personas sin permiso para trabajar en EEUU, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.
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Además, el tribunal federal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.
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El abogado defensor Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno, que “no hay evidencia” de que se aprovechara de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.
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El acusado sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en el otoño de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.
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Dos supuestas víctimas del empresario Job Torres Hernández revisan sus teléfonos celulares. Todos los afectados fueron dejados en libertad, dijo la Fiscalía federal.
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