En noviembre de 2015, una joven comenzó una carrera en la multimillonaria industria de películas para adultos en el Valle de San Fernando, en el norte de Los Ángeles, California. Como se estila en el negocio del porno, ella usó un nombre artístico, ‘Shay’, y ocultó su verdadera identidad.
‘Shay’ creía que había iniciado con el pie derecho, firmando un contrato de exclusividad por cinco años con una de las principales agencias de talento del ramo, Los Angeles Direct Models. Su dueño Derek Hay le prometió fama y fortuna siendo estelar en películas eróticas con grandes productoras. Pero muy pronto se enteró que todo era un espejismo.
Al año siguiente, ‘Shay’ se había quedado sin dinero y dormía en las calles de Los Ángeles. Se acercó a Hay, quien lo único que hizo fue ponerla en contacto con “amigos” para que le dieran trabajo.
Esos “amigos” eran Karine Michmichian y Dwight Cunningham, propietarios de un negocio de acompañantes “de alto nivel” llamado The Luxury Companion (TLC), que en realidad era la fachada de una red de prostitución que reclutaba actrices porno, de acuerdo con una acusación de la Fiscalía General de California.
‘Shay’ pasó los siguientes tres años recibiendo mensajes de textos en los que le daban las direcciones de clientes adinerados que pagaban 1,200 dólares por tener relaciones sexuales con ella durante una hora. El acuerdo era que debía entregar una porción de esa tarifa, 300 dólares, a los dueños de TLC.
Esta joven dijo en una entrevista con Troy Holmes, un detective del Departamento de Justicia de California, que desde 2016 y hasta marzo o abril de 2018 se prostituyó al menos 100 veces con clientes de la agencia The Luxury Companion y mencionó que “no recordaba haber acudido a una cita programada por Cunningham en la que no realizó un acto sexual”.
Así las obligaban a prostituirse
Otras cuatro actrices porno contaron historias similares: que aceptaron estar en el catálogo sexual de TLC por dificultades económicas y luego la agencia de Hay redujo sus llamados para grabar películas eróticas con el fin de obligarlas a seguir haciendo “privados”, como le dicen en dicha industria a participar en la prostitución, una actividad que es ilegal en Estados Unidos.
La Fiscalía californiana anunció este martes que obtuvo una acusación formal por parte de un gran jurado contra Hay, Michmichian y Cunningham por operar un esquema de prostitución y explotación sexual a través de The Luxury Companion y Los Angeles Direct Models.
Durante la lectura de cargos de este lunes, los acusados se declararon inocentes.
Hace dos años los tres fueron acusados formalmente por 12 cargos, pero esta semana les agregaron otros hasta sumar un total de 20, incluyendo proxenetismo, conspiración, lavado de dinero y perjurio. Este caso fue interpuesto en la Corte Superior del condado de Los Ángeles.
El gran jurado ha determinado que existe evidencia suficiente para que ellos sean enjuiciados.
De acuerdo con expedientes judiciales, estos sospechosos organizaron cientos de encuentros íntimos entre actrices de la industria para adultos y clientes de TLC a cambio de miles de dólares.
Las fotos que esas mujeres se tomaron para la agencia de talento terminaron sin su consentimiento en la página de internet de TLC, con el propósito de exhibirlas para las “citas sexuales”, declararon ellas.
A una de estas mujeres le dijeron al reclutarla que le ayudarían para que actuara con un productor galardonado, quien catapultaría su carrera. Todo fue mentira. A otra víctima le exigieron que grabara más películas para adultos para así poder subir su tarifa en TLC.
Una red criminal en 'El Valle del Porno'
Este caso ha mostrado el lado oscuro de una industria que genera cientos de millones de dólares al año en el Valle de San Fernando, una región que también es conocida como ‘El Valle del Porno’ porque allí están establecidas alrededor de 200 productoras que se dedican a grabar contenido para adultos, más que ningún otro lugar de Estados Unidos.
El gobierno de California identifica a las cinco denunciantes por su nombre artístico.
‘Charlotte’ le dijo al detective Holmes que se había mudado a California en 2015 para dedicarse al entretenimiento para adultos. Grabó algunas películas durante un tiempo y tres años después empezó a trabajar en TLC para tener un ingreso adicional.
Tenía la misma tarifa: 1,200 dólares por hora. Solo podía cobrar más si el cliente pedía que se quedara toda la noche, no usaba preservativo o había pedidos sexuales explícitos. A los dueños de TLC les tenía que dar 300 dólares. El requisito era siempre estar atenta a los mensajes de texto y llamadas.
Esta joven narró que fue a dos “citas” en hoteles de Beverly Hills en 2017 y 2018. Afirmó que le llamaron “estúpida” porque no le cobró a un hombre antes de tener relaciones sexuales.
Ella firmó un contrato de cinco años con la agencia de Hay y en un momento los propietarios de TLC la presionaron “para que comenzara a grabar más películas porque ellos creían que ganaría más dinero como prostituta si aparecía en más películas de adultos”, indica el informe de Holmes.
Por su parte, ‘Sofi’ declaró que llegó a Los Ángeles en 2017 para ser una actriz porno y ese mismo año firmó un contrato en la agencia Los Angeles Direct Models. No tardó mucho en entrar al catálogo de TLC, donde le aconsejaron siempre traer preservativos y lubricante en el bolso, para estar preparada. Ella cobraba entre 900 y 1,600 dólares por hora, y participó en unos 20 encuentros sexuales.
En septiembre de 2017 tuvo un pleito con Hay y su agencia dejó de llamarla para grabar escenas eróticas. Fue para obligarla a que se prostituyera, de acuerdo con la Fiscalía estatal.
El periplo de
‘Andi’ y ‘Hadley’
Lo que cuenta ‘Andi’ es muy parecido: también firmó un contrato que pensaba era una gran oportunidad, pero dos meses después, en una sesión de fotos en North Hollywood, fue reclutada.
Con ella fueron más explícitos: le indicaron que debía tener relaciones sin protección cuando ellos le aseguraran que el cliente ya había sido “examinado” por enfermedades de transmisión sexual.
Según ‘Andi’, TLC le dio 15 citas sexuales a lo largo de un año. Era Michmichian quien le indicaba lo que tenía que hacer, como tener “sexo normal”, si debía participar en un trío sexual o no exigir preservativo. Cunningham, en tanto, le llamaba una vez cada semana para preguntarle cuál había sido su experiencia y para darle información sobre los hombres con los que se acostaba.
El mismo modus operandi fue descrito por ‘Hadley’, quien se volvió actriz porno en mayo de 2017. Ella se acercó a Hay, tras firmar un contrato de tres años, para decirle que “ocupaba dinero” y que estaba dispuesta a vender su cuerpo.
En junio de ese año la joven tuvo una reunión, en la cual la instrucción principal fue: cobra en efectivo antes del acto, ve al baño a contar el dinero y avisa a los encargados de TLC que el pago es correcto.
Las cinco mujeres aseguran que entregaban una porción de la paga a Michmichian y Cunningham en su casa en North Hollywood, por depósitos bancarios o transferencias por medio de la plataforma PayPal.
La Fiscalía asegura tener evidencia de todas esas transacciones, de entre 300 y 600 dólares.
La próxima audiencia para los tres acusados se programó para el 25 de abril.
Hasta ahora, los fiscales de California no han identificado a ningún cliente de TLC, quienes también habrían incurrido en un delito por solicitar sexo a cambio de dinero. Según lo que han declarado las víctimas, las autoridades tendrían sus nombres, domicilios y evidencia de los pagos que realizaron.
En fotos: así vivían los mexicanos que por temor a que los deportaran trabajaron hasta 24 horas al día
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Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Departamento de Justicia (DOJ)
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Los albañiles eran reclutados a través de anuncios clasificados difundidos en Tijuana como este, que ofrecía empleo en Estados Unidos solo con dos requisitos: “tener visa y ganas de trabajar”.
Departamento de Justicia (DOJ)
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Los interesados en el empleo viajaban en vehículo hasta la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
Google
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A simple vista, parecía un negocio normal dedicado a la construcción en el norte de California. Pero detrás de una de las bodegas, en galeras precarias, se quedaban a dormir los empleados mexicanos.
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Los investigadores que catearon las propiedades del empresario Job Torres Hernández encontraron sanitarios sucios y almacenes usados como dormitorios que no contaban con servicio de agua potable.
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Las autoridades creen que Torres Hernández se aprovechó de sus empleados al menos entre mayo de 2015 y agosto de 2017, cuando fue arrestado en un operativo policiaco.
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En cualquier rincón donde podían tender una colcha descansaban los albañiles tijuanenses.
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Una bandera estadounidense cuelga en la pared del “cuarto” de un trabajador, quien dormía sobre dos tablas y una colchoneta.
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Varios empleados testificaron en el juicio contra Torres Hernández, alegando que incluso los hizo trabajar sin descanso hasta 24 horas seguidas.
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De acuerdo con documentos judiciales, los trabajadores tenían “acceso limitado” a sanitarios y duchas. En estas condiciones encontraron los detectives uno de los baños.
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Un televisor plasma contrasta con la pésima situación en la que vivía uno de los albañiles de Tijuana llevados con falsas promesas hasta el área de la Bahía de San Francisco.
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Un testigo identificado como JRLA contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.
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La maleta de uno de los empleados quedó en medio de ropa sucia y una bolsa negra para la basura.
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La víctima JRLA contó que cuando le cobró a Torres Hernández el sueldo que había ganado este lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.
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A un hombre identificado como JMNT le advirtió tras una acalorada discusión pidiéndole su sueldo que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.
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Una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico quedó en un espacio de la bodega. Un cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.
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Otro afectado, ALA, aseguró que el empresario le dijo que si se enteraba que estaban buscando empleo en otro lugar “les echaré a Migración”.
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Según el relato de varios afectados, estos siguieron trabajando para el acusado porque les prometió que les ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.
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Los fiscales presentaron ante el jurado esta fotografía en la que se observa la cadena y el candado con los que el empresario encerraba a los albañiles.
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Job Torres Hernández es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California.
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Fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto de Torres Hernández en agosto de 2017.
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Robert Bodine, un exempleado, relató en la corte que el acusado le advirtió a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.
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Almacenes en Hayward, San José y San Francisco eran usados como dormitorios por el tijuanense.
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También en la parte alta de esta bodega pasaban la noche unos empleados, según los fiscales.
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Varias veces los constructores cocinaron en los sitios donde dormían. Restos de frijoles y un guisado quedaron en dos sartenes, como muestra de que el operativo policiaco los tomó por sorpresa.
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Los investigadores de ICE tuvieron bajo la mira a las empresas de Torres Hernández durante varios meses. Esta es una de las fotos tomadas durante sus operativos de vigilancia.
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Esta es otra imagen captada por los detectives federales, quienes reportaron que mientras vigilaron a los trabajadores no notaron que estuvieran ahí en contra de su voluntad.
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Los agentes migratorios estuvieron espiando al empresario en varias obras de construcción, incluyendo la de un hotel de la cadena Marriot.
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Esta es otra de las imágenes captadas por los investigadores de ICE que se presentaron ante el jurado.
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“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.
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A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.
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Torres Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por contratar a personas sin permiso para trabajar en EEUU, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.
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Además, el tribunal federal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.
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El abogado defensor Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno, que “no hay evidencia” de que se aprovechara de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.
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El acusado sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en el otoño de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.
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Dos supuestas víctimas del empresario Job Torres Hernández revisan sus teléfonos celulares. Todos los afectados fueron dejados en libertad, dijo la Fiscalía federal.
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