Una mujer venezolana, quien vivía en las Islas Vírgenes Británicas, aceptó encantada una oferta de trabajar de mesera en una isla caribeña cercana. El 23 de octubre de 2020 se subió a la lancha que la llevó ilegalmente a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, un territorio de ese país. Pero al llegar le hicieron saber con amenazas que había caído en las garras de una organización de tráfico sexual.
La llevaron a un burdel clandestino en St. Thomas, donde se unió a un grupo de mujeres, todas inmigrantes indocumentadas, originarias de Venezuela y República Dominicana, que eran obligadas a prostituirse. Les imponían deudas impagables por su transportación a la isla, las tenían vigiladas y les cobraban hasta por salir a la tienda, de acuerdo con una acusación federal.
El adeudo de esta venezolana, a quien las autoridades identifican con el pseudónimo de ‘Jane Doe 8’, era de 1,200 dólares y nunca logró saldarlo. Le decían que era la cuota del “capitán” o coyote que la llevó de una isla a otra. Además, le fijaron un alquiler mensual de 200 dólares y varias tarifas.
Otras mujeres entregaban todos sus ingresos para pagarle hasta 15,000 dólares al coyote. Les prohibían salir de la propiedad a comprar comida sin entregar 150 dólares. Cada vez que usaban una habitación, para tener relaciones sexuales con los clientes, daban 10 dólares.
“Las mujeres debían realizar sus ‘servicios’ en 25 minutos o menos; si su ‘cita’ se pasaba, aunque fuese un minuto, debían pagar 20 dólares adicionales”, describen documentos judiciales. “Una mujer reportó tener de ocho a diez clientes por noche”.
Estas esclavas sexuales eran retenidas en el establecimiento The Embers Guest House, administrado por Ramona Rivera Luna, alias ‘Clara’ y de 65 años, una mujer dominicana con ciudadanía estadounidense.
La propiedad tiene tres edificios, cada uno con varios dormitorios, donde retenían a las víctimas. Uno de los inmuebles cuenta además con un bar y una cocina, describen las autoridades.
“Ella obligó a las mujeres a realizar actos sexuales para pagar sus deudas por el tráfico de migrantes”, alega una moción que la Fiscalía interpuso en el Distrito de las Islas Vírgenes en noviembre de 2020.
“Fue solo cuando llegaron que se enteraron de que no era un bar típico y que estaban obligadas a realizar servicios que eran de meseras, sino actos sexuales”, agrega.
El operativo de ICE que las liberó
Las nueve mujeres fueron rescatadas por agentes de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), bajo la dirección del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en un operativo que realizaron en la “casa de citas” el 30 de octubre de 2020.
El agente migratorio Andrew Hayden testificó en una corte federal que al iniciar el registro de la propiedad ingresaron al bar y solicitaron llamar al gerente. Rivera Luna llegó quince minutos más tarde y explicó que tenía llaves de todas las habitaciones, donde vivían otras mujeres.
Llevó a los policías federales a un cuarto y al abrir la puerta su negocio ilícito quedó al descubierto. Los oficiales vieron a una mujer casi completamente desnuda y de inmediato se colocó en una pose sugestiva. “¡No! ¡Policía!”, gritó Rivera Luna, indicándole que no eran clientes.
Las nueve “esclavas sexuales” declararon que Rivera Luna las tenía amenazadas y bajo vigilancia constante, apoyada por cámaras de seguridad que estaban por todos lados. También les advertía que conocía a personas influyentes en la isla y en República Dominicana. Algunas víctimas dijeron a HSI que creían que algunos clientes que frecuentaban el burdel “estaban en posiciones de poder”.
Una de las denunciantes aseguró que su captora la amenazó con pagarle a un sicario hasta 3,000 dólares para que la matara y que “nadie se enteraría” del crimen.
“Varias víctimas expresaron temor de que sus familias ahora puedan estar en peligro, ya que la acusada había advertido que sabía dónde vivían sus familias en República Dominicana”, dice una moción.
La niñera capturada por esta banda
Dos víctimas son sobrinas de la acusada y también fueron llevadas con engaños a la isla.
Y una dominicana, quien fue niñera en su país, dijo que conocía personalmente a Rivera Luna. “La mujer nunca había trabajado como prostituta y se horrorizó al encontrarse en un país extranjero, donde no conocía a nadie más que a la acusada, viéndose obligada a practicar la prostitución”, dice la Fiscalía.
“Otra mujer informó que incluso cuando finalmente pagó a la acusada la deuda original, ella cambió la cantidad alegando que la mujer debía una cantidad mayor”, señalan los fiscales.
Cada vez que ellas salían del The Embers, la propia Rivera Luna las acompañaba o le pedía a otra persona que las vigilara de cerca. De esa manera evitaron que escaparan.
Las nueve ‘Jane Does’ de este caso llegaron al burdel entre septiembre de 2017 y octubre de 2020.
Al registrar la propiedad los agentes encontraron una gran cantidad de preservativos y lubricante.
En la habitación donde vivía la acusada estaban los monitores de un sistema de vigilancia. Ella declaró que había alquilado el lugar durante 15 años. Al finalizar el cateo del HSI, la mujer fue arrestada.
Aunque no tiene antecedentes penales, un juez le negó el derecho a fianza advirtiendo que existía el riesgo de que se fugara y porque representaba “un peligro” para la comunidad y las víctimas.
El 4 de diciembre de 2020, un gran jurado federal la acusó de 22 cargos criminales: seis de transporte para la prostitución, siete de traer inmigrantes indocumentados a EEUU para obtener ganancias financieras y nueve de albergar a extranjeros para obtener ganancias financieras.
A finales de junio, ella se declaró culpable de un cargo de transporte de una persona con el propósito de practicar prostitución y tres de traer indocumentados para obtener ganancias financieras. Su fecha de sentencia sigue pendiente.
En fotos: así vivían los mexicanos que por temor a que los deportaran trabajaron hasta 24 horas al día
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Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
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Los albañiles eran reclutados a través de anuncios clasificados difundidos en Tijuana como este, que ofrecía empleo en Estados Unidos solo con dos requisitos: “tener visa y ganas de trabajar”.
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Los interesados en el empleo viajaban en vehículo hasta la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
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A simple vista, parecía un negocio normal dedicado a la construcción en el norte de California. Pero detrás de una de las bodegas, en galeras precarias, se quedaban a dormir los empleados mexicanos.
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Los investigadores que catearon las propiedades del empresario Job Torres Hernández encontraron sanitarios sucios y almacenes usados como dormitorios que no contaban con servicio de agua potable.
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Las autoridades creen que Torres Hernández se aprovechó de sus empleados al menos entre mayo de 2015 y agosto de 2017, cuando fue arrestado en un operativo policiaco.
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En cualquier rincón donde podían tender una colcha descansaban los albañiles tijuanenses.
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Una bandera estadounidense cuelga en la pared del “cuarto” de un trabajador, quien dormía sobre dos tablas y una colchoneta.
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Varios empleados testificaron en el juicio contra Torres Hernández, alegando que incluso los hizo trabajar sin descanso hasta 24 horas seguidas.
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De acuerdo con documentos judiciales, los trabajadores tenían “acceso limitado” a sanitarios y duchas. En estas condiciones encontraron los detectives uno de los baños.
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Un televisor plasma contrasta con la pésima situación en la que vivía uno de los albañiles de Tijuana llevados con falsas promesas hasta el área de la Bahía de San Francisco.
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Un testigo identificado como JRLA contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.
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La maleta de uno de los empleados quedó en medio de ropa sucia y una bolsa negra para la basura.
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La víctima JRLA contó que cuando le cobró a Torres Hernández el sueldo que había ganado este lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.
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A un hombre identificado como JMNT le advirtió tras una acalorada discusión pidiéndole su sueldo que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.
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Una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico quedó en un espacio de la bodega. Un cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.
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Otro afectado, ALA, aseguró que el empresario le dijo que si se enteraba que estaban buscando empleo en otro lugar “les echaré a Migración”.
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Según el relato de varios afectados, estos siguieron trabajando para el acusado porque les prometió que les ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.
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Los fiscales presentaron ante el jurado esta fotografía en la que se observa la cadena y el candado con los que el empresario encerraba a los albañiles.
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Job Torres Hernández es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California.
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Fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto de Torres Hernández en agosto de 2017.
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Robert Bodine, un exempleado, relató en la corte que el acusado le advirtió a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.
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Almacenes en Hayward, San José y San Francisco eran usados como dormitorios por el tijuanense.
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También en la parte alta de esta bodega pasaban la noche unos empleados, según los fiscales.
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Varias veces los constructores cocinaron en los sitios donde dormían. Restos de frijoles y un guisado quedaron en dos sartenes, como muestra de que el operativo policiaco los tomó por sorpresa.
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Los investigadores de ICE tuvieron bajo la mira a las empresas de Torres Hernández durante varios meses. Esta es una de las fotos tomadas durante sus operativos de vigilancia.
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Esta es otra imagen captada por los detectives federales, quienes reportaron que mientras vigilaron a los trabajadores no notaron que estuvieran ahí en contra de su voluntad.
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Los agentes migratorios estuvieron espiando al empresario en varias obras de construcción, incluyendo la de un hotel de la cadena Marriot.
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Esta es otra de las imágenes captadas por los investigadores de ICE que se presentaron ante el jurado.
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“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.
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A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.
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Torres Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por contratar a personas sin permiso para trabajar en EEUU, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.
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Además, el tribunal federal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.
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El abogado defensor Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno, que “no hay evidencia” de que se aprovechara de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.
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El acusado sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en el otoño de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.
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Dos supuestas víctimas del empresario Job Torres Hernández revisan sus teléfonos celulares. Todos los afectados fueron dejados en libertad, dijo la Fiscalía federal.
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