Un teléfono celular delató a Okello Chatrie como el principal responsable de un robo de un banco en los suburbios de Richmond, Virginia. Ahora el caso ha sido llevado a la Corte en donde se decidirá si las ordenes de geolocalización violan la Cuarta Enmienda.
El polémico caso de Chatrie que llegará a la Corte
Okello Chatrie cometió un robo a mano armada en el Call Federal Credit Union en Midlothian, en el área metropolitana de Richmond, el pasado 20 de mayo de 2019. Logró sustraer casi 200,000 dólares y escapar de las autoridades sin ser detenido.
La Policía de Virginia utilizó una orden de geoperímetro, dirigida por Google, para identificar los dispositivos móviles cerca de la escena del crimen, medida que fue impugnada ante la Corte por el propio Chatrie.
Ahora, la Corte Suprema decidirá si las órdenes de geolocalización violan la prohibición de registros irrazonables de la Cuarta Enmienda, lo que obligará a los magistrados a analizar cómo se aplica una disposición constitucional de 1791 a una tecnología tan avanzada como ahora.
El caso será debatido este lunes 27 de abril en la Corte.
Las órdenes de registro basadas en geolocalización cambian la forma de perseguir a los sospechosos, pues normalmente la policía identifica a un sospechoso y luego obtiene una orden para registrar una vivienda o un teléfono.
Sin embargo, con las órdenes de registro geolocalizadas, la policía no tiene un sospechoso, solo la ubicación donde se cometió el delito, identificando a las personas que se encontraban en la zona, cuando no existen otros elementos como cámaras de vigilancia que ayuden a detectar a los sospechosos ni las matrículas de los vehículos.
Pero por otra parte, los defensores de las libertades civiles afirman que las geocercas equivalen a búsquedas indiscriminadas que someten a muchas personas inocentes a registros privados simplemente porque sus teléfonos móviles se encontraban cerca del lugar de un delito.