Una movilización nacional en Estados Unidos se está consolidando en rechazo al plan federal de transformar almacenes industriales en centros masivos de detención migratoria.
Activistas convocaron a una jornada de protestas el próximo 25 de abril, bajo el lema "Communities Not Cages", en medio del aumento de las críticas hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y su estrategia de expansión.
Se prevén más de 160 manifestaciones en distintas ciudades como Hagerstown, Atlanta, Alexandria y Salt Lake City, además de protestas locales como la programada en Signal Hill, California.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impulsa esta iniciativa multimillonaria que contempla la compra y adaptación de al menos 23 almacenes en todo el país, con capacidad para albergar entre 1,500 y 10,000 personas cada uno. De concretarse, la capacidad total de detención podría alcanzar las 92,600 personas.
El proyecto tendría un costo estimado superior a 38 mil millones de dólares y responde, según autoridades federales, al incremento de arrestos y a políticas migratorias más estrictas. Sin embargo, organizaciones y legisladores advierten que la medida podría derivar en más abusos, muertes bajo custodia, violaciones al debido proceso y separaciones familiares.
Además, comunidades y activistas también alertan que estos centros podrían afectar recursos básicos como agua y electricidad, e impactar en las economías locales.
La controversia ha comenzado a tener efectos: algunos proyectos han sido pausados o cancelados ante la presión política, desafíos legales y oposición comunitaria, mientras el DHS revisa parte de sus planes.
Legisladores y comunidades intentan frenar el plan
La conversión de almacenes en centros de detención ha generado resistencia en múltiples niveles. Gobiernos estatales y locales, tanto demócratas como republicanos, han intentado bloquear o limitar estos proyectos mediante cambios de zonificación, legislación y presión pública, aunque su margen de acción es reducido al tratarse de operaciones federales.
Especialistas y críticos advierten que estos espacios no están diseñados para albergar a personas, ya que suelen carecer de ventilación adecuada, control climático y servicios básicos.
A esto se suman problemas ya documentados dentro del sistema de detención migratoria, como hacinamiento, atención médica deficiente e insalubridad, lo que pone en duda la capacidad de ICE para operar instalaciones aún más grandes. Pese a ello, autoridades federales sostienen que los nuevos centros cumplirán con los estándares vigentes.