La administración de Estados Unidos amplió este lunes 18 de mayo sus sanciones contra el régimen cubano y puso en la mira al núcleo del aparato de seguridad de la isla, incluyendo a la Dirección General de Inteligencia (DGI), conocida como G2, así como a altos mandos militares y funcionarios del Gobierno de Cuba.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que actualizó la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), el principal registro de sanciones financieras de la administración de Donald Trump.
Entre los nuevos sancionados figuran Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones; Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas; Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista, y Rosabel Gamon Verde, ministra de Justicia.
La lista también incluye a altos jefes militares vinculados al aparato de seguridad y control interno del régimen, como el general José Miguel Gómez del Vallín, jefe de la Contrainteligencia Militar; Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Eugenio Armando Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental, y Raúl Villar Kessell, jefe del Ejército Central.
Están formalmente en la 'lista negra' de Washington
Además, la OFAC incorporó formalmente a la DGI a la lista SDN y actualizó sanciones ya existentes contra el Ministerio del Interior (MININT), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y otros mandos de seguridad cubanos.
Las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones o negocios con ciudadanos y entidades de Estados Unidos.
La decisión ocurre en medio de un nuevo endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana y pocos días después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, realizara reuniones de alto nivel en Cuba con figuras vinculadas al aparato de seguridad del régimen.