Un juez federal en Maryland ordenó a la administración de Donald Trump reanudar el procesamiento de solicitudes de residencia permanente que habían quedado suspendidas para inmigrantes originarios de países sujetos a restricciones de viaje.
En un fallo de 39 páginas publicado este lunes, el juez George L. Russell III concluyó que la práctica del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) de mantener en pausa estos trámites equivalía a una suspensión indefinida y sin sustento legal, al impedir que se emitieran resoluciones sobre los casos.
La decisión responde a una demanda presentada por 83 personas que ya residen legalmente en Estados Unidos, algunas desde hace varios años, y que buscaban avanzar en su proceso para obtener la "green card".
El tribunal determinó que, aunque las autoridades migratorias tienen margen de discreción para decidir cada caso, no pueden negarse a resolverlos de manera indefinida.
El fallo no elimina las restricciones migratorias vigentes ni garantiza la aprobación de las solicitudes, pero sí obliga a la agencia a retomar el análisis y emitir decisiones en un plazo razonable, devolviendo el proceso a condiciones normales tras meses de parálisis administrativa.
Alcance del fallo y a quién beneficia
La resolución aplica directamente a los 83 demandantes, todos provenientes de países incluidos en la lista de restricciones migratorias impulsadas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, especialistas consideran que el criterio del juez podría influir en otros casos similares, ya que establece que una pausa generalizada basada únicamente en el país de origen es ilegal.
El origen del conflicto está en la interpretación que hizo el USCIS de las proclamaciones presidenciales emitidas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, diseñadas para limitar la entrada de personas desde ciertos países. La agencia extendió esa lógica a trámites internos, congelando solicitudes incluso de inmigrantes que ya estaban dentro del país con estatus legal.
Organizaciones que han dado seguimiento al caso señalan que la suspensión afectó a miles de personas y que la agencia llegó a acumular millones de solicitudes sin resolver, pese a haber cobrado las tarifas correspondientes.
El juez también rechazó el argumento del gobierno de que los tribunales no pueden revisar estas decisiones, al subrayar que la ley obliga a procesar las solicitudes dentro de tiempos razonables.
Aunque la orden no obliga a reactivar de inmediato todos los casos pendientes, abre la puerta a nuevas impugnaciones legales y podría beneficiar a más migrantes que enfrentan retrasos similares bajo la misma política.