Inspectores laborales detectaron que dos niños de 10 años trabajaron sin recibir un centavo en un restaurante de la cadena McDonald’s en Kentucky. Limpiaban, entregaban órdenes a los clientes, atendían la ventanilla del drive-thru, cobraban, usaron la peligrosa freidora de alimentos y en ocasiones se quedaban en el negocio hasta las 2 de la madrugada, de acuerdo con la denuncia.
No fueron las únicas violaciones que vieron los funcionarios del Departamento federal del Trabajo (DOL) al investigar las diez franquicias de McDonald’s que opera la compañía Bauer Food LLC, con sede en Louisville. Un total de 24 empleados menores de 16 años, incluyendo esos dos niños, fueron explotados al pedirles que trabajaran más horas de las permitidas o que hicieran tareas que los pusieron en riesgo.
La edad mínima para trajabar en un restaurante McDonald's es 16 años, según sus propias políticas. Aunque el gobierno federal establece que desde los 14 años se puede trabajar, pero pocas horas.
El asunto fue llevado a una corte federal y se resolvió con el pago de casi 40,000 dólares en multas.
Bauer Food LLC afirmó que desconocía que dos menores de 10 años laboraban en su restaurante y aclaró que se trataba de los hijos de un gerente que se encargaba del turno de la noche. En un comunicado citado por CBS News mencionó que cualquier trabajo que hicieran esos niños fue bajo la dirección del padre y en su presencia. Además, recalcó que ha dado entrenamiento sobre su política de hijos menores que visitan a los empleados para evitar futuras violaciones laborales.
Ponen bajo la lupa a otras dos empresas que poseen franquicias de McDonald’s
El Departamento del Trabajo también puso bajo la lupa a otras dos empresas que poseen franquicias de McDonald’s: Archways Richwood LLC y Bell Restaurant Group I LLC. Junto con Bauer Food LLC operan 62 establecimientos de la popular cadena de comida rápida en Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio.
Archways Richwood LLC, con sede en Walton y 27 restaurantes de McDonald's, permitió que 242 menores de entre 14 y 15 años trabajaran más allá de las horas permitidas, ya fuese más temprano o más tarde, según la dependencia federal. Por esas violaciones pagó más de 143,000 dólares.
Mientras que Bell Restaurant Group I LLC, un operador con oficinas en Louisville y que tiene cuatro sucursales de McDonald's, permitió que 39 menores de 14 y 15 años trabajaran más horas de lo que permite la ley, durante los días escolares, señala el gobierno. Su multa asciende a casi 30,000 dólares. Además, entregará más de $14,000 a 58 trabajadores por pagarles horas extras.
Estos franquiciados no respondieron los mensajes de Univision Noticias pidiendo un comentario.
Las prácticas ilegales de las tres compañías afectaron a 305 menores, según las autoridades.
McDonad’s sí se pronunció al respecto, a través de Tiffanie Boyd, su vicepresidenta senior y directora de personal en EEUU. "Estamos comprometidos a garantizar que nuestros franquiciados tengan los recursos que necesitan para fomentar lugares de trabajo seguros para todos los empleados y mantener el cumplimiento de todas las leyes laborales", dijo en un comunicado citado por los medios.
"Sé lo importante que es que cada restaurante fomente una cultura de seguridad. Como madre cuyo hijo adolescente trabajó con orgullo en nuestro McDonald's local, siento esto a un nivel muy personal", agregó Boyd.
Ni les alcanzaba para comer: los sueldos miserables de obreros que llegan de Tijuana y cobran en pesos
Un sector que explota a sus empleados menores
La industria de los restaurantes de servicio rápido en los Estados Unidos es una de las más consolidadas del mundo y varias de las cadenas más grandes fueron fundadas en este país. Solo en California hay casi 31,500 establecimientos de este tipo. Los consumidores a nivel nacional pasaron de gastar 272,000 millones de dólares en 2020 a casi $305,000 millones el año siguiente, según estadísticas del sector.
A pesar de esa abundancia económica es conocida por pagar sueldos bajos. Sus empleados más jóvenes, quienes conforman gran parte de su nómina, a menudo son explotados, advierte el Departamento del Trabajo.
“Con demasiada frecuencia, los empleadores no siguen las leyes de trabajo infantil que protegen a los trabajadores jóvenes”, aseguró en un comunicado Karen Garnett-Civils, directora de distrito de la División de Horas y Salarios en Louisville, Kentucky.
“Bajo ninguna circunstancia debe haber un niño de 10 años trabajando en una cocina de comida rápida alrededor de parrillas calientes, hornos y freidoras”, agregó la funcionaria.
Según cifras del gobierno, al menos 688 menores desempeñaron ocupaciones peligrosas en 2022, el recuento anual más alto desde el año fiscal 2011. El gobierno federal emitió multas de un total de $4.3 millones contra patrones que se beneficiaron de la mano de obra de niños.
“Estamos viendo un aumento en las violaciones federales de trabajo infantil, lo que incluye permitir que los menores operen equipos, hagan trabajos que los ponen en peligro o trabajen más horas o más tarde de lo que la ley federal permite”, dijo Garnett-Civils.
El verano pasado, los inspectores descubrieron que un adolescente de 15 años sufrió quemaduras con aceite caliente mientras usaba una freidora en un McDonald's en Morristown, Tennessee. Bajo las regulaciones federales, los menores solo pueden manipular freidoras equipadas con cestas automáticas.
“Un niño lesionado en el trabajo es demasiado”, enfatizó Garnett-Civils.
A finales de 2022, las autoridades revelaron que otro franquiciado de McDonald's permitió que jóvenes de 14 y 15 años trabajaran fuera del horario legal en 13 restaurantes. El Departamento del Trabajo encontró violaciones similares en Burger King, Subway y Popeyes a principios del año pasado.
El aumento de esta práctica ilegal ocurre cuando los legisladores republicanos buscan relajar las protecciones contra el trabajo infantil en varios estados, con el fin de llenar puestos laborales.
La gobernadora de Arkansas Sarah Huckabee Sanders firmó en marzo una ley que facilita la contratación de menores de 16 años. Mientras que senadores estatales de Iowa aprobaron en abril una legislación que permitiría a los adolescentes de 14 y 15 años trabajar en congeladores y refrigeradores de carne.
En fotos: así vivían los mexicanos que por temor a que los deportaran trabajaron hasta 24 horas al día
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Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Departamento de Justicia (DOJ)
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Los albañiles eran reclutados a través de anuncios clasificados difundidos en Tijuana como este, que ofrecía empleo en Estados Unidos solo con dos requisitos: “tener visa y ganas de trabajar”.
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Los interesados en el empleo viajaban en vehículo hasta la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
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A simple vista, parecía un negocio normal dedicado a la construcción en el norte de California. Pero detrás de una de las bodegas, en galeras precarias, se quedaban a dormir los empleados mexicanos.
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Los investigadores que catearon las propiedades del empresario Job Torres Hernández encontraron sanitarios sucios y almacenes usados como dormitorios que no contaban con servicio de agua potable.
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Las autoridades creen que Torres Hernández se aprovechó de sus empleados al menos entre mayo de 2015 y agosto de 2017, cuando fue arrestado en un operativo policiaco.
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En cualquier rincón donde podían tender una colcha descansaban los albañiles tijuanenses.
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Una bandera estadounidense cuelga en la pared del “cuarto” de un trabajador, quien dormía sobre dos tablas y una colchoneta.
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Varios empleados testificaron en el juicio contra Torres Hernández, alegando que incluso los hizo trabajar sin descanso hasta 24 horas seguidas.
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De acuerdo con documentos judiciales, los trabajadores tenían “acceso limitado” a sanitarios y duchas. En estas condiciones encontraron los detectives uno de los baños.
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Un televisor plasma contrasta con la pésima situación en la que vivía uno de los albañiles de Tijuana llevados con falsas promesas hasta el área de la Bahía de San Francisco.
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Un testigo identificado como JRLA contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.
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La maleta de uno de los empleados quedó en medio de ropa sucia y una bolsa negra para la basura.
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La víctima JRLA contó que cuando le cobró a Torres Hernández el sueldo que había ganado este lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.
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A un hombre identificado como JMNT le advirtió tras una acalorada discusión pidiéndole su sueldo que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.
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Una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico quedó en un espacio de la bodega. Un cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.
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Otro afectado, ALA, aseguró que el empresario le dijo que si se enteraba que estaban buscando empleo en otro lugar “les echaré a Migración”.
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Según el relato de varios afectados, estos siguieron trabajando para el acusado porque les prometió que les ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.
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Los fiscales presentaron ante el jurado esta fotografía en la que se observa la cadena y el candado con los que el empresario encerraba a los albañiles.
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Job Torres Hernández es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California.
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Fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto de Torres Hernández en agosto de 2017.
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Robert Bodine, un exempleado, relató en la corte que el acusado le advirtió a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.
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Almacenes en Hayward, San José y San Francisco eran usados como dormitorios por el tijuanense.
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También en la parte alta de esta bodega pasaban la noche unos empleados, según los fiscales.
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Varias veces los constructores cocinaron en los sitios donde dormían. Restos de frijoles y un guisado quedaron en dos sartenes, como muestra de que el operativo policiaco los tomó por sorpresa.
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Los investigadores de ICE tuvieron bajo la mira a las empresas de Torres Hernández durante varios meses. Esta es una de las fotos tomadas durante sus operativos de vigilancia.
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Esta es otra imagen captada por los detectives federales, quienes reportaron que mientras vigilaron a los trabajadores no notaron que estuvieran ahí en contra de su voluntad.
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Los agentes migratorios estuvieron espiando al empresario en varias obras de construcción, incluyendo la de un hotel de la cadena Marriot.
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Esta es otra de las imágenes captadas por los investigadores de ICE que se presentaron ante el jurado.
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“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.
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A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.
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Torres Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por contratar a personas sin permiso para trabajar en EEUU, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.
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Además, el tribunal federal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.
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El abogado defensor Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno, que “no hay evidencia” de que se aprovechara de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.
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El acusado sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en el otoño de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.
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Dos supuestas víctimas del empresario Job Torres Hernández revisan sus teléfonos celulares. Todos los afectados fueron dejados en libertad, dijo la Fiscalía federal.
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