En México, un reclutador de campesinos prometía el cielo y las estrellas a los interesados en trabajar en Estados Unidos. Les decía que trabajarían lo justo y recibirían un sueldo de 13 dólares por hora o más. Es decir, tendrían un ingreso alto comparado al de su país, donde el salario mínimo es de 8 dólares por día.
Hubo quienes aceptaron la oferta laboral y no les importó pagar una “cuota” de entre 20,000 y 50,000 pesos (de 1,000 a 2,500 dólares) que les pidieron para obtener la visa H-2A, que el gobierno de EEUU otorga a agricultores extranjeros para desempeñar su labor temporalmente. Esa “cuota” es ilegal.
Al llegar a este país cambiaron las cosas: les cobraron por todo aquello que en el contrato acordaron darles gratis o a bajo costo: alimentación, alojamiento y transporte. Eso les generó deudas y sus patrones lo aprovecharon para explotarlos todavía más.
Los detalles de este caso de trabajo forzado en contra de inmigrantes se describen en decenas de páginas que fiscales sometieron a una corte federal del Distrito Medio de Florida. La acusación está basada en las declaraciones de 17 víctimas, todos inmigrantes mexicanos, que alegan haber sido explotados de 2015 a 2017. Casi todos sus victimarios también son mexicanos.
De acuerdo con las autoridades, este complot fue perpetrado por el dueño y los supervisores de la empresa Los Villatoros Harvesting LLC, que ofrecía mano de obra a agricultoras de Florida, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte y Georgia. Durante tres años, esta compañía dio empleo a cientos de mexicanos con visas H-2A.
El dueño de Los Villatoros Harvesting es el mexicano Bladimir Moreno y sus presuntos cómplices son sus connacionales Efraín Cabrera Rodas, Alexander Villatoro Moreno, Guadalupe Mendes Mendoza y una persona no identificada que se encargaba de reclutar campesinos en México.
La acusación menciona, además, a la estadounidense Christina Gámez, quien fue contadora, gerente y supervisora de dicha empresa de marzo de 2016 a agosto de 2017.
En su declaración de culpabilidad firmada el pasado 11 de marzo ella admitió que, junto a otros empleados de alto rango, obligó a estos campesinos para que realizaran “miles de horas de trabajo agrícola… por un salario bajo”, mientras ellos vivían en condiciones deplorables.
Amenazas de muerte y hacinamiento
Gámez también confesó que preparó reportes falsos que entregó a investigadores federales con el fin de “ocultar aspectos de la empresa criminal”. Ahora afronta una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de 250,000 dólares y al pago de una compensación de más de 9,000 dólares, indica un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).
En “largas jornadas de trabajo”, las 17 víctimas cultivaron pepino, pimiento morrón, así como frutas y vegetales en distintas temporadas. Algunos se quedaron varios meses después de que sus visas de trabajo expiraron y fueron escondidos por los operadores de Los Villatoros Harvesting para seguirlos explotando. Mientras eso ocurría, los mantenían en hoteles y moteles, donde hasta seis personas compartían una sola habitación.
Para evitar que buscaran otro empleo o pidieran ayuda, les quitaban los pasaportes y les advertían que los denunciarían a la policía y al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), detalla la denuncia.
“En noviembre de 2016, en Snow Hill, Carolina del Norte, Bladimir Moreno amenazó a una víctima diciendo que si la víctima intentaba escapar uno de sus familiares acabaría muerto”, dice la acusación.
Un año después, Moreno dijo a investigadores federales que su empresa pagaba un sueldo mínimo de 13.01 dólares por hora y que además cubría distintos gastos de sus empleados mexicanos, incluyendo “visa, comida y cruces fronterizos… porque los trabajadores no tienen dinero para cubrir estos costos”.
También negó saber que les cobraran hasta 50,000 pesos (2,500 dólares) por la “oportunidad” de trabajar en EEUU. Pero los fiscales aseguran tener como evidencia registros de tres transferencias por casi 45,000 dólares desde un banco de México y a una cuenta de Wells Fargo a nombre de la empresa de Moreno.
Christina Gámez, por su parte, admitió que sí les cobraban por todo a los trabajadores migrantes y que la compañía de Moreno tomó ventaja porque ellos “estaban desesperados para pagar sus deudas”.
Sigue pendiente la fecha de la sentencia de Gámez. En tanto, los procesos judiciales del resto de los implicados siguen avanzando.
Este caso estuvo a cargo de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Departamento del Trabajo y el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.
En fotos: así vivían los mexicanos que por temor a que los deportaran trabajaron hasta 24 horas al día
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Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
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Los albañiles eran reclutados a través de anuncios clasificados difundidos en Tijuana como este, que ofrecía empleo en Estados Unidos solo con dos requisitos: “tener visa y ganas de trabajar”.
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Los interesados en el empleo viajaban en vehículo hasta la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
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A simple vista, parecía un negocio normal dedicado a la construcción en el norte de California. Pero detrás de una de las bodegas, en galeras precarias, se quedaban a dormir los empleados mexicanos.
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Los investigadores que catearon las propiedades del empresario Job Torres Hernández encontraron sanitarios sucios y almacenes usados como dormitorios que no contaban con servicio de agua potable.
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Las autoridades creen que Torres Hernández se aprovechó de sus empleados al menos entre mayo de 2015 y agosto de 2017, cuando fue arrestado en un operativo policiaco.
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En cualquier rincón donde podían tender una colcha descansaban los albañiles tijuanenses.
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Una bandera estadounidense cuelga en la pared del “cuarto” de un trabajador, quien dormía sobre dos tablas y una colchoneta.
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Varios empleados testificaron en el juicio contra Torres Hernández, alegando que incluso los hizo trabajar sin descanso hasta 24 horas seguidas.
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De acuerdo con documentos judiciales, los trabajadores tenían “acceso limitado” a sanitarios y duchas. En estas condiciones encontraron los detectives uno de los baños.
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Un televisor plasma contrasta con la pésima situación en la que vivía uno de los albañiles de Tijuana llevados con falsas promesas hasta el área de la Bahía de San Francisco.
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Un testigo identificado como JRLA contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.
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La maleta de uno de los empleados quedó en medio de ropa sucia y una bolsa negra para la basura.
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La víctima JRLA contó que cuando le cobró a Torres Hernández el sueldo que había ganado este lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.
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A un hombre identificado como JMNT le advirtió tras una acalorada discusión pidiéndole su sueldo que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.
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Una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico quedó en un espacio de la bodega. Un cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.
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Otro afectado, ALA, aseguró que el empresario le dijo que si se enteraba que estaban buscando empleo en otro lugar “les echaré a Migración”.
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Según el relato de varios afectados, estos siguieron trabajando para el acusado porque les prometió que les ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.
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Los fiscales presentaron ante el jurado esta fotografía en la que se observa la cadena y el candado con los que el empresario encerraba a los albañiles.
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Job Torres Hernández es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California.
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Fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto de Torres Hernández en agosto de 2017.
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Robert Bodine, un exempleado, relató en la corte que el acusado le advirtió a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.
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Almacenes en Hayward, San José y San Francisco eran usados como dormitorios por el tijuanense.
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También en la parte alta de esta bodega pasaban la noche unos empleados, según los fiscales.
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Varias veces los constructores cocinaron en los sitios donde dormían. Restos de frijoles y un guisado quedaron en dos sartenes, como muestra de que el operativo policiaco los tomó por sorpresa.
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Los investigadores de ICE tuvieron bajo la mira a las empresas de Torres Hernández durante varios meses. Esta es una de las fotos tomadas durante sus operativos de vigilancia.
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Esta es otra imagen captada por los detectives federales, quienes reportaron que mientras vigilaron a los trabajadores no notaron que estuvieran ahí en contra de su voluntad.
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Los agentes migratorios estuvieron espiando al empresario en varias obras de construcción, incluyendo la de un hotel de la cadena Marriot.
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Esta es otra de las imágenes captadas por los investigadores de ICE que se presentaron ante el jurado.
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“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.
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A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.
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Torres Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por contratar a personas sin permiso para trabajar en EEUU, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.
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Además, el tribunal federal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.
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El abogado defensor Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno, que “no hay evidencia” de que se aprovechara de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.
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El acusado sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en el otoño de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.
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Dos supuestas víctimas del empresario Job Torres Hernández revisan sus teléfonos celulares. Todos los afectados fueron dejados en libertad, dijo la Fiscalía federal.
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