El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha decidido cerrar la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO), encargada de supervisar posibles abusos en centros de detención migratoria.
De acuerdo con un correo electrónico interno, según HuffPost, la dependencia comenzó a retirar su señalización pública y a desactivar sus canales informativos. Además, su sitio web dejó de estar disponible, eliminando recursos clave para familiares y abogados que buscaban presentar quejas o solicitar orientación.
“Contenido archivado. Con el fin de mantener actualizado DHS.gov, el archivo contiene información obsoleta que puede no reflejar las políticas o los programas actuales”, dice el mensaje en el portal.
La medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles, ya que reduce las vías formales para denunciar maltrato o uso excesivo de la fuerza en instalaciones migratorias.
Cambios internos del DHS
El correo interno indica que la oficina está siendo archivada dentro del sitio del DHS, lo que implica su desaparición operativa. Sin embargo, el mensaje atribuye el cierre a la falta de financiamiento incluida en el proyecto de asignaciones de Seguridad Nacional tras el reciente cierre gubernamental.
Aun así, el texto legislativo no ordena explícitamente la eliminación de la OIDO. Un portavoz del DHS, según el citado medio, sostuvo que la decisión proviene del Congreso y que el paquete presupuestario fue aprobado sin objeciones. La medida elimina un mecanismo de control interno clave.
¿Cómo afecta el cierre de la oficina OIDO?
El cierre de la OIDO reduce la supervisión sobre los centros de detención en todo el país donde se registran denuncias de violaciones de derechos humanos. La oficina funcionaba como canal para reportar mala conducta, condiciones inadecuadas y uso excesivo de la fuerza.
Su desaparición ocurre en un contexto de expansión de la capacidad de detención impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Mientras tanto, el DHS mantiene que el cambio responde a decisiones presupuestarias legislativas y no a una política interna directa en términos generales del sistema migratorio.