El panorama ambiental en Estados Unidos está a punto de dar un giro radical. El próximo 12 de febrero, el presidente Donald Trump formalizará la rescisión del "dictamen de peligro" (Endangerment Finding), una normativa fundamental establecida en 2009 que clasifica a los gases de efecto invernadero como una amenaza directa para la salud pública.
Esta decisión, anunciada por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, marca uno de los pasos más agresivos de la actual administración para desmantelar las políticas climáticas de la era Obama.
¿Qué es el "dictamen de peligro" y cuál es su importancia?
Aprobado hace más de 15 años bajo el mandato de Barack Obama, este dictamen es la base legal que permite a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) regular las emisiones de los vehículos y las industrias.
"El presidente Trump estará acompañado por el administrador Lee Zeldin (que está al frente de la EPA) para formalizar la rescisión del dictamen de peligro de la era Obama de 2009", explicó hoy en rueda de prensa la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
El documento establece que seis gases específicos son nocivos para el ser humano:
- Dióxido de carbono (CO2)
- Óxido nitroso
- Metano
- Otros cuatro gases industriales.
Estos gases, emitidos principalmente por motores de combustión, son los principales responsables del calentamiento global, el cual afecta desproporcionadamente a comunidades trabajadoras, incluyendo a millones de familias hispanas que viven en zonas urbanas con mayor exposición a la contaminación.
¿Por qué Trump quiere rescindir el dictamen?
Trump sostiene que eliminar estas restricciones es una medida económica necesaria. Según la Casa Blanca, la revisión de estas normativas busca:
- Reducir el costo de la vida para las familias estadounidenses.
- Eliminar las trabas para los vehículos de gasolina.
- Limitar los subsidios federales a los autos eléctricos.
Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha mantenido una postura firme contra las energías renovables, cancelando proyectos de energía solar y eólica, argumentando que las regulaciones ambientales actuales frenan la economía del país.
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