En una nueva medida en políticas migratorias de la administración Donald Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos emitió un memorándum en el que instruye a su personal a que sea completamente estricto y riguroso con las personas solicitantes de la tarjeta de residencia. Una de las condiciones sería que regresen a sus países de origen y desde allí tramiten su green card.
Bajo esta nueva interpretación, el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos dejará de ser la norma general y pasará a ser una excepción reservada únicamente para "circunstancias extraordinarias".
Esta medida afectará a aquellos inmigrantes que ingresaron al país de forma legal a través de las siguientes visas:
- H-1B: Trabajadores calificados
- F-1: Estudiantes
- B-1/B-2 Turistas/visitantes de negocios
- Permanencia extendida
- Permiso humanitario
Otros inmigrantes incluidos en el memorándum son aquellos que han permanecido en Estados Unidos por más tiempo del permitido y aquellos con parole humanitario.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que esta política permite que el sistema de inmigración funcione conforme a la ley, en lugar de fomentar lagunas legales.
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Nueva medida contradice la ley?
El abogado de inmigración, Raed González, habló con N+ Univision y sostuvo que esta nueva política migratoria contradice la ley, la cual establece que las personas que entran con visa o parole humanitaria pueden hacer su solicitud estando en el interior del país.
“Este memorando contradice la ley; la ley dice bien claro que las personas que entran con visa o parole pueden arreglarlo en los Estados Unidos, si hay una visa inmediata para ellos, y entonces, ¿qué va a pasar con esos casos? ¿Vas a ignorar esa otra sección de la ley? Yo no creo que va a ser así”.
Para el abogado Raed González, la administración estadounidense está “apretando los requisitos para que los oficiales busquen todos los elementos que pueden afectar el caso”, como si cuenta con récord criminal, o si era menor de edad cuando entró a los Estados Unidos.
Cada año, Estados Unidos otorga 1 millón de tarjetas de residencia, pero una parte significativa se destina a solicitudes basadas en lazos familiares, lo que significa que no se verían afectados por la medida.