2020 es el año más mortal para inmigrantes bajo custodia de ICE en 15 años a causa del coronavirus y suicidios

El mexicano Cipriano Chávez Álvarez, quien perdió la vida este lunes debido a complicaciones médicas relacionadas con el coronavirus, es el vigésimo indocumentado que muere desde el pasado 1 de octubre, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Esa cifra marca un tétrico récord: este es el año fiscal con más fallecimientos de personas bajo custodia de esa dependencia federal en los últimos 15 años.

En 2005 murieron 21 inmigrantes detenidos y, el año anterior, 28. El fallecimiento de Cipriano Chávez coloca al período fiscal 2020, el cual concluye el 30 de septiembre, como el tercero más mortífero desde la formación de ICE hace 17 años, de acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La principal causa de muerte este año ha sido alguna complicación médica relacionada con el covid-19, con siete fallecimientos entre el 6 de mayo y el 21 de septiembre en California, Florida, Virginia, Texas y Georgia. Todos son hombres de entre 34 y 72 años; la mayoría eran inmigrantes centroamericanos (4), según los comunicados de ICE.

El segundo motivo de fallecimiento este año son los suicidios: desde el 15 de octubre han ocurrido seis casos.

“ICE sigue demostrando que no es confiable para proteger la salud, la seguridad y la dignidad de las personas detenidas, especialmente durante una pandemia mortal”, dijo en un comunicado Andrea Flores, subdirectora de política migratoria de ACLU.

“Durante seis meses, los defensores han hecho sonar las alarmas sobre la amenaza que representa el covid-19 para las personas detenidas, así como para el personal que trabaja en estas instalaciones y sus comunidades. El manejo de ICE de esta crisis ha puesto de relieve la profundidad de su indiferencia hacia la vida de los inmigrantes”, agrega Flores.

Cortesía ACLU

Más de 525 personas han sido liberadas debido a decenas de demandas que ha presentado la ACLU en varios estados desde el inicio de la pandemia, esa cifra es más de la mitad de los inmigrantes que han salido anticipadamente por ser considerados internos de alto riesgo médico.

Esta organización reclama que ICE ha realizado traslados “imprudentes e innecesarios” de algunos detenidos y ha incurrido en fallas en las pruebas de covid-19 y que tampoco les ha proporcionado cubrebocas y artículos de higiene para protegerse del virus.

ACLU insiste en que deberían ser liberados todos los inmigrantes que están en cárceles de ICE.

Quiénes murieron por el covid-19

Estos son los siete inmigrantes detenidos que perdieron la vida debido a la pandemia:

◼ Carlos Escobar Mejía, un salvadoreño de 57 años que falleció el 6 de mayo en un hospital de California.

◼ Santiago Baten Oxlaj, originario de Guatemala y de 34 años, quien murió en Georgia el 24 de mayo.

◼ Onoval Pérez Montufa, un mexicano de 51 años que perdió la vida el 13 de julio en Florida.

◼ James Tomas Hill, de 72 años y nativo de Canadá, quien falleció el 7 de agosto en un centro médico de Virginia.

◼ José Guillén Vega, originario de Costa Rica y de 70 años, quien murió en Georgia el 17 de agosto.

◼ Fernando Sabonger García, un hondureño de 50 años que perdió la vida el 28 de agosto en un hospital de Texas.

◼ Cipriano Chávez Álvarez, de México y de 61 años, murió en una clínica de Georgia el 21 de septiembre.

Hasta la publicación de esta nota, ICE no respondió a una solicitud de comentario enviada por Univision Noticias.

Al informar sobre cada uno de los siete fallecimientos relacionados con el covid-19, la agencia subrayó que “está firmemente comprometida con la salud y el bienestar de todos los que están bajo su custodia”. También recalca que ha investigado cada uno de esos incidentes.

ICE señaló que desde el momento en que recibe a los detenidos en sus cárceles les practica un examen médico y posteriormente otro análisis relacionado con su salud mental. En un período de 14 días desde su admisión, también realizan “una evaluación de salud completa” y brinda acceso todo el tiempo a llamadas telefónicas por enfermedad y emergencia, asegura la dependencia.

Solo para la atención médica de los reclusos, ICE gasta más de $269 millones al año, afirma. “Se brinda atención médica integral desde el momento en que llegan los detenidos y durante toda su estadía”, subraya la agencia, la cual indicó que las muertes bajo custodia “son extremadamente raras”.

Lo cierto es que algunos centros de ICE han sido señalados por organizaciones proinmigrantes y un reporte de la Fiscalía de California por supuestos problemas con la atención médica y de salud mental, el proceso de revisión por las muertes de detenidos y denuncias de agresión sexual, negligencia y acoso. También han criticado que la agencia y sus contratistas han incurrido en presunta negligencia respecto a los casos de suicidio.

Más de 4,400 detenidos han arrojado un resultado positivo entre más de 22,000 pruebas de covid-19 que ha realizado la agencia. Los mayores brotes de contagios fueron detectados en los centros Immigration Centers of America en Washington DC y Bluebonnet Detention Facility, en el norte de Texas. Hasta agosto había más de 21,000 inmigrantes en cárceles de ICE.

Si tienes pensamientos vinculados al suicidio o conoces a alguien que los tiene, hay líneas telefónicas en español e inglés de asistencia en la Línea de Prevención del Suicidio y de la Asociación Estadounidense de Prevención del Suicidio. El teléfono de ayuda es 1-800-273-8255, el servicio es gratuito, está disponible todo el tiempo y las llamadas son confidenciales.

Mira también:

La política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump en 15 fotos

Trump Orden Ejecutiva 25 de enero 2017

Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía, la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.

Pablo Martinez Monsivais/Ap

Trump Travel Ban 2 de febrero 2017

Veto musulmán, menos asilados y menos refugiados. Después de asumir la presidencia, firmó una orden ejecutiva para prohibir la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. En junio de 2018 la Corte Suprema decidió que ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, Corea del Norte y Venezuela tendrían restricciones de distintos tipos, algunas más severas que otras. En abril de 2018 el gobierno anunció que acelerará los casos de asilo para darle menos tiempo a los solicitantes de preparar sus casos y en septiembre informó que reducirá la cuota de refugiados de 45,000 a 30,000 en el año 2019.

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DENVER CIUDAD SANTUARIO

Castigo a las ciudades santuarios. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2017 decreta que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad nacional. Esto creó un conflicto entre el Ejecutivo y los estados que se niegan a compartir información sobre los indocumentados con las autoridades federales. En octubre de 2018, Trump amenazó con cortar fondos a las ciudades santuario como Denver, Colorado (en la fotografía).

David Zalubowski/AP

Plan de reforma migratoria RTrump Cotton Perdue 2 de agosto 2017

Plan de reforma migratoria del Partido Republicano. El 2 de agosto de 2017, Trump anunció su respaldo al proyecto de ley S.354 de los senadores republicanos Tom Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia). Esta nueva legislación propone aumentar los arrestos, acelerar deportaciones, restringir el asilo, establecer un sistema migratorio por méritos y reducir la inmigración legal en un 50% en 10 años. En enero de 2018 trump rechazó un plan migratorio bipartidista que incluía una solución para los dreamers.

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Cancelación de Daca

El fin de DACA. El 5 de septiembre de 2017 el fiscal general Jeff Sessions anunció la decisión de Trump de anular la Acción Diferida de 2012 (DACA), un programa de la era Obama que protege de la deportación y permite obtener permisos de trabajo a unos 800,000 Dreamers que llegaron a Estados Unidos como menores. Ese mismo día los afectados protestaron en Washington DC (en la fotografía) y en el resto del país. El 31 de agosto de 2018 un juez federal de Houston dictaminó que la acción diferida es legal y continuará otorgando permisos de trabajo renovables cada dos años.

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Deportado a Mexico 2017

Fuerza para deportar. El gobierno federal ha logrado acuerdos con administraciones locales para trabajar en colaboración y aumentar las expulsiones de inmigrantes indocumentados. En marzo de 2018 el fiscal general anunció que busca revertir fallos que han frenado unos 200,000 casos de deportación y en junio el presidente sugirió que se debería deportar sin jueces ni cortes o procesos judiciales. Según cifras de ICE, en los primeros meses del año fiscal 2018 hubo más expatriados que en los últimos tres años de Obama en el mismo período. En la fotografía Lucio Cervantes, un ciudadano mexicano deportado después de vivir 25 años en EEUU, a su llegada a la Ciudad de México en febrero de 2017.

Marco Ugarte/Ap

Trump Hire American

“Compra estadounidense, contrata estadounidense”. El presidente firmó en abril de 2017 una orden ejecutiva con la que pretende controlar la asignación de visas H-1B para trabajadores extranjeros profesionales. Aseguró en un evento en Kenosha, Wisconsin, que las visas H-1B “deberían ser dadas a los solicitantes más preparados y mejor pagados, y nunca deberían ser usadas para reemplazar a estadounidenses".

Susan Walsh/Ap

Little Haití aniversario de terremoto

Fin de los TPS. Desde finales de 2017 Trump ha anunciado el fin de varios programas TPS (que conceden estatus legal temporal a extranjeros que no pueden regresar a sus países debido a un conflicto armado o un desastre natural). Cuando concluya el tiempo que ha dado el gobierno a los inmigrantes de regularizarse quedarán en riesgo de deportación al menos 2,500 nicaragüenses, 200,000 salvadoreños, 56,000 hondureños, y 60,000 haitianos. En la fotografía de enero de 2018 Saccha Etienne, una mujer de origen haitiano que protestó contra la medida en la Pequeña Haití, Miami, al sur de Florida.

David Maris

Redada Ice Ohio

Redadas masivas. En octubre de 2017 Trump envió una carta a los líderes del Congreso donde detalló su intención de aumentar las redadas, uno de los objetivos de su reforma migratoria. Desde enero de 2018 han sido intervenidas por ICE entre otras la cadena de tiendas Seven Eleven en 17 estados, una fábrica de trailers en Texas, una planta de tomate con sedes en Nebraska y Minnesota, una empresa de carne en Ohio y otra de jardinería en ese mismo estado (en la fotografía, tomada el 5 de junio de 2018).

John Minchillo/Ap

Trump en el muro

El muro por los Dreamers. En enero de 2018 la Casa Blanca publicó los principios básicos del plan migratorio de Trump: más poder para el departamento de Seguridad Nacional, la criminalización de indocumentados, la expulsión expedita de inmigrantes, el fin de la reunificación familiar y $25,000 millones para planes de seguridad fronteriza, entre ellos el muro en la frontera con México. A cambio de esto incluiría la legalización de 1.8 millones de Dreamers.

KEVIN LAMARQUE/Reuters

Naturalización

Revisión de ciudadanías, reapertura de casos de deportación y aceleración de los procesos migratorios. Un operativo activado el 19 de septiembre de 2017 por el Departamento de Justicia puso bajo sospecha alrededor de 315,000 ciudadanías por naturalización. En junio de 2017 el gobierno confirmó que está reabriendo en las cortes de inmigración casos de deportación que habían sido cerrados. En enero de 2018 el fiscal general Sessions anunció que se activaría un sistema que evaluará el desempeño de los jueces para acelerar los casos acumulados.

Joe Raedle/Getty Images

Arresto frontera junio 2018

Fin de la política de ‘catch and release’. En abril de 2018 Trump firmó un memorando con una serie de órdenes para acabar con la política de 'capturar y liberar', que consistía en que luego de ser capturados los inmigrantes eran procesados y liberados con un grillete mientras avanzaba el proceso con las autoridades migratorias. La medida busca establecer nuevos espacios para mantener encerrados a los indocumentados y acelerar los procesos de deportación.

John Moore/Getty Images

Guardia nacional frontera

Militares contra la caravana de migrantes. En marzo de 2018 unos 1,000 centroamericanos comenzaron a recorrer juntos el territorio de México con el fin de alcanzar la frontera con EEUU. Trump respondió a la caravana firmando en abril un memo donde ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur con México. En la foto, la Guardia Nacional de Arizona cuando fue enviada a apoyar a la Patrulla Fronteriza. Su asistencia, coordinada por los gobernadores de estado, solo puede ser logística ya que el personal militar no puede hacer labores policiales.

CAITLIN O'HARA/AFP/Getty Images

Centro de detención con niños

Indocumentados criminalizados y niños detenidos. A principios de junio de 2018, más de 2,000 niños inmigrantes estaban detenidos sin sus padres, luego que estos fueran procesados como criminales. Luego de un sinnúmero de críticas, Trump revirtió la medida con una orden ejecutiva. El gobierno elabora un plan para salir del acuerdo Flores de 1997, que prohíbe la encarcelación de menores de edad. La fotografía del 17 de junio, distribuida por la Patrulla Fronteriza, muestra a varios grupos de niños sin sus padres en un centro de procesamiento de inmigrantes en Río Grande City, Texas.

CBP/Handout via REUTERS

Carga Pública

Rechazar a los que sean una 'carga pública'. En septiembre de 2018 la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció un plan para dificultar las residencias y ciudadanías a inmigrantes que no puedan costear sus gastos básicos. Salvo en determinadas excepciones, el uso de beneficios ofrecidos por el estado en salud, vivienda o alimentos serán considerados en los procesos migratorios para garantizar que “los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes". En la fotografía dos inmigrantes hispanas de compras en una tienda de Roxbury, Boston, en 2017. El 70% de los clientes de ese local se abastece con cupones de alimentos.

Boston Globe via Getty Images