Un salvadoreño que estaba en México en espera de su audiencia para pelear el asilo en Estados Unidos fue asesinado en la fronteriza Tijuana y su cuerpo fue hallado desmembrado el pasado 20 de noviembre en dos maletas abandonadas, informó este viernes en rueda de prensa el fiscal regional Jorge Alberto Álvarez Mendoza.
"Tenemos un posible móvil (...) pero hasta el momento no tenemos a una persona identificada que pudo haber participado (en el asesinato)", dijo Álvarez. La noche antes de que la policía encontrara el cuerpo, explicó, la víctima había invitado a un amigo a un bar, pero este se negó a salir de juerga: "En el último mensaje (de texto) le dice que estaba teniendo problemas con una mujer y esa fue la última comunicación".
Con la investigación en proceso, el fiscal señaló que no descartan cualquier causal de la muerte. El salvadoreño, de unos 35 años, con pareja y padre de dos niños, era conocido por sus allegados como una persona violenta, cuenta Álvarez. Su esposa, dijo, era víctima de violencia familiar, aunque nunca puso una denuncia en Tijuana; el mismo amigo al que llamó la noche anterior a su muerte, contó a las autoridades que había salido en tres ocasiones con él a bares y terminaba peleando o metido en problemas.
Sin embargo, la esposa, que prefirió no ser identificada, dijo a la agencia Reuters que a su marido "lo secuestraron, desapareció y desgraciadamente lo vine a encontrar muerto". El fiscal dijo a los reporteros que no existía una denuncia por desaparición y que incluso él se comunicó con la familia y el amigo la noche antes de que su cuerpo fuera encontrado.
Álvarez dijo que la pareja tenía seis meses viviendo en Tijuana, donde él trabajaba en una pizzería. No tenían una residencia fija, sino que alquilaban cuartos en residencias de la zona norte, conocida por ser una de las áreas de mayor incidencia delictiva de la ciudad —donde ocurre la mayoría de los homicidios y enfrentamientos a tiros— como consecuencia del comercio de drogas o narcomenudeo. Por esa misma zona salió el salvadoreño la última noche que le vieron con vida.
Con ese contexto, una posible relación con las drogas tampoco ha sido descartada por las autoridades.
Esta familia se encontraba en Tijuana bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM), con los que el gobierno de Donald Trump ha decidido enviar a México a más de 54,000 centroamericanos para que esperen de ese lado de la frontera la decisión de un juez de inmigración sobre sus casos de asilo.
Distintas organizaciones de derechos humanos han criticado que los centroamericanos están siendo enviados a ciudades fronterizas de México de las más peligrosas —como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros— a esperar por meses qué pueda pasar con sus solicitudes de protección.
En su último reporte, publicado el 5 de diciembre, la organización Human Rights First informó de al menos 635 reportes públicos de violaciones, secuestros, torturas y otro tipo de ataques violentos contra los solicitantes de asilo que han sido devueltos a México, una cifra que casi se duplicó desde octubre pasado, cuando registraron 343 ataques.
Para la organización Families Belong Together los PPM solo han puesto "en riesgo" la vida de los migrantes: "El gobierno de Trump es responsable del brutal asesinato de este esposo y padre de dos niños. Esto podría haberse evitado", dijo Jess Morales, la directora de la ONG, al exigir al Congreso que acabe con esta política.
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📸 "El gobierno mexicano no aporta absolutamente nada": el reclamo de los albergues de migrantes en Tijuana
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En la actualidad hay más de 30,000 centroamericanos que han sido devueltos por Estados Unidos a ciudades fronterizas en México para esperar sus casos de asilo. Esto bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), una política del gobierno de Donald Trump que arrancó en enero de 2019. El gobierno federal calcula que unos 8,000 de ellos están en Baja California, casi 27% del total nacional. Pero quienes están al frente de los albergues que reciben a estos inmigrantes lamentan que el gobierno de México no los apoya en nada.
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"De los gastos de este albergue, el gobierno mexicano no aporta absolutamente nada, cero pesos con cero centavos", reclama Gustavo Banda Aceves, pastor del albergue Embajadores de Jesús, que en promedio da cobijo a 250 personas a la semana. Él explica que es mucho lo que necesitan, desde apoyo médico para tratar distintos virus con los que llegan los migrantes hasta apoyo financiero. "Necesitamos apoyo médico que el gobierno federal, municipal o estatal no nos proporciona", critica.
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Un par de mujeres centroamericanas en el albergue Embajadores de Jesús se ríen tras probarse un velo de novia. Cada semana, Banda recibe donaciones de ropa y permite que los migrantes puedan escoger las prendas que necesiten para sus hijos y esposos. Entre las 250 personas que este espacio recibe cada semana, 90% está bajo los MPP o 'Remain in Mexico', que los obliga a esperar de ese lado de la frontera por sus fechas de corte y la resolución de sus casos de asilo.
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Al Embajadores de Jesús también llegan organizaciones sin fines de lucro, como Ángeles de la Frontera, que da clases a los niños los sábados o domingos: dibujan y leen, entre otras actividades, para matar las horas y días de ocio que transcurren desde que llegan al albergue hasta que les toca su fecha de corte con un juez de inmigración, en algunos casos son esperas de hasta seis meses. En otros refugios han implementado también esta iniciativa. A algunos, además, llega semanalmente un autobús que fue acondicionado para trasladarse a distintos refugios para hacer actividades educativas para niños.
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A la semana, dice Banda, llegan entre 40 y 60 centroamericanos que han sido devueltos por Estados Unidos: 40% de ellos se queda, pero el 60% que se va se repone rápidamente por el flujo de migrantes que asegura sigue recorriendo la frontera en su intento por ganar un asilo. Esmeralda Siu, coordinadora de la Coalición Pro Defensa del Migrante, reclama que hasta el momento "el gobierno federal no está cumpliendo con la parte que le corresponde de dar atención humanitaria integral. La atención continúa siendo a través de los albergues e iglesias". Asegura, además, que en sus registros nota que muchos de los centros que reciben a inmigrantes en la frontera están a 90% de su capacidad: "Creemos que esto se va a agudizar", explica.
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El albergue Embajadores de Jesús es además una iglesia evangélica. Varias veces por semana, los migrantes participan del servicio y pasan al frente de la multitud para hacer sus peticiones. Piden que el gobierno de Estados Unidos sea benévolo y les permita reunirse con sus familias. También dan gracias por tener un lugar donde dormir y por el camino recorrido.
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El albergue Embajadores de Jesús está en una zona rural de Tijuana. Sufre distintos problemas, como un exceso de basura a su alrededor y escasez de agua.
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Tanto en este como en otros albergues (como el Movimiento Juventud 2000) los migrantes duermen en carpas, en ocasiones una familia completa en cada una de ellas. Algunos explicaron que el hacinamiento en el que viven genera un caldo de cultivo para que muchos virus o enfermedades como varicela se pasen de unos a otros y permanezcan en el ambiente. Otros contaban que son picados por pulgas que hallan entre sus cobijas y ropa.
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En el albergue Ágape también tienen los mismos problemas, pero los migrantes —aunque bastante apretados— pueden descansar en literas. En una cama pueden dormir hasta dos y tres personas para aprovechar el espacio y permitir la entrada de más gente. Pero en este refugio han tenido incidentes mayores, como el de hace unos meses cuando se les infiltró un coyote que se hizo pasar por migrante y terminó llevándose a varias personas, entre ellas a menores de edad; o como el día en que miembros de un cártel de la zona llegaron encapuchados buscando a un hondureño porque, aseguraban, había robado a la esposa de uno de los líderes de la organización criminal.
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Un grupo de niños y jóvenes jugando en el albergue Ágape. Lo que no se ve es que justo de trás de ese espacio de juegos hay un cementerio y a un lado uno de los botaderos de basura más grandes de la ciudad.
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Jesús Alejandro Ruiz Uribe es delegado del gobierno federal en Baja California. Él asegura que, a pesar de que México aceptó recibir a los migrantes y darles atención humanitaria, "de ninguna manera estamos cooperando con los albergues". En primer lugar, porque dice que son espacios que funcionan con donaciones de entes privados. En segundo, porque detectaron corrupción en el manejo de los fondos que les daban: "También en esas áreas tan sensibles como los albergues había corrupción, había inflación de las cifras que se presentaban. El presidente López Obrador está enfrentando el tema de la corrupción. No puede ni va a haber excepciones. No nos estamos deshaciendo del problema de los albergues, estamos enfrentando otro más grande". Como solución, el gobierno mexicano ha anunciado que pronto abrirá un albergue en Tijuana, pero hasta el momento no ha anunciado dónde. Ruiz dice que podrá acoger hasta a 4,000 personas.
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