El impacto de la nueva política migratoria del presidente Joe Biden para los venezolanos ya comienza a sentirse. Organizaciones humanitarias en la frontera advierten que decenas de migrantes del país sudamericano están siendo devueltos con un permiso temporal para permanecer en México, aunque con poca información sobre qué pasará con ellos.
"La gente está muy enojada, muy molesta. Ellos están sorprendidos, quieren respuestas y no sabemos qué informarles", dijo a la agencia The Associated Press (AP) el padre Francisco Gallardo, director de la Casa del Migrante en la fronteriza ciudad mexicana de Matamoros, que apenas acaba de superar la última crisis fronteriza, con el desmantelamiento del mayor campamento improvisado de migrantes tras el fin del programa Quédate en México (MPP).
Otros albergues gerenciados por organizaciones católicas en Ciudad Juárez y Piedras Negras también han reportado la llegada de venezolanos devueltos.
El programa humanitario anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) beneficiará apenas a 24,000 venezolanos que demuestren que alguien puede mantenerlos en Estados Unidos.
Con el permiso recibirán una autorización para viajar a Estados Unidos solo por vía aérea —algo que no todos pueden costear dada la crisis económica en Venezuela y la precariedad con que viaja la mayoría— y una vez en el país serán elegibles para solicitar una autorización de trabajo. El secretario de la agencia, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado que esa medida "deja en claro que existe una forma legal y ordenada para que los venezolanos ingresen".
Quienes no sigan el proceso, explicó el DHS, serán devueltos a México como parte de la política sanitaria instaurada por el gobierno de Donald Trump como consecuencia de la pandemia, Título 42 —que les impide solicitar asilo— y no podrán optar por algún beneficio migratorio en el futuro.
Según la cifra anunciada en el plan, la cuota de personas que podrá ingresar anualmente representa apenas 15% del total de los venezolanos arrestados por la Patrulla Fronteriza en el año fiscal 2022.
Unos avanzan, otros cambian el rumbo
El anuncio de Estados Unidos ha generado distintas reacciones entre los venezolanos que ya habían dejado su país. Gilbert Fernández contó a la agencia AP que seguiría avanzando por la difícil y peligrosa selva del Darién. A él, como a muchos, la noticia le cayó "como un balde de agua fría". Pero si él hubiera querido seguir los pasos anunciados por el DHS para poder migrar no hubiera podido: no tenía el dinero para pagar un pasaje avión para él y su hijo de 18 años.
Otros como Jeremy Villegas, de 25 años, contó a la agencia que llegó con unas 30 personas a las playas de Necoclí, un pueblo costero en Colombia donde toman un bote que los lleva hasta la entrada del Darién. Justo ahí se enteraron del cambio en la política para los venezolanos y la mayoría decidió cambiar de rumbo.
Lo mismo le pasó a Cristian Casamayor, de 27 años. Su familia lo llamó cuando estaba a punto de entrar en la selva y decidió parar su avance.
"Me frené por conciencia y ser inteligente... luego nos tachan en el pasaporte y ya no podemos entrar a Estados Unidos", dijo a AP luego de bajarse del bote. No sabe a dónde irá, pero no será a Venezuela.
En los últimos años, el número de venezolanos que cruzan la selva del Darién ha ido en aumento. Según cifras de las autoridades panameñas, citadas por la Organización Internacional de Migraciones (OIM), en los primeros dos meses de 2022 unos 2,500 venezolanos atravesaron esta vía, un número que casi supera al total de 2021 (2,819). La OIM asegura que muchos de ellos provienen de otros países de América del Sur, pero que cada vez más los venezolanos toman este camino tras salir de su país.
El tapón del Darién, que marca el límite entre Colombia y Panamá, es considerado una de las rutas más peligrosas para los migrantes. Cruzarlo puede tomar unos 10 días o más, mientras se está expuesto a los peligros de la naturaleza pero también al de las bandas criminales que cometen robos y abusos sexuales. Solo en 2021, al menos 51 personas fueron reportadas como desaparecidas o muertas mientras hacían esta travesía.
"Es inhumana"
Distintas organizaciones humanitarias han condenado la medida de Biden. La catalogan como una extensión de las que implementó el gobierno del exmandatario Donald Trump. También aseguran que es una respuesta a las presiones de los republicanos, que aseguran que el demócrata mantiene una política de fronteras abiertas.
"Esta nueva política no ayuda a las personas que necesitan mayor protección ni las frenará en su camino", critica la organización Families Belong Together, para quien el permiso "es inhumano" y expone a migrantes que vienen huyendo de su país a los peligros ya demostrados de permanecer en México.
El National Immigration Law Center también criticó que se amplíe Título 42 para incluir a los venezolanos: "Expandir el acceso de un permiso humanitario no debe incluir el precio de causar un daño adicional a los solicitantes de asilo".
EEUU anuncia nuevo programa migratorio para venezolanos con el que recibirá hasta 24,000 personas
Un reporte reciente de la OIM advirtió que unos 4.3 millones de refugiados y migrantes de Venezuela enfrentan retos para acceder a comida, un techo y un empleo estable después de salir de su país. "El costo de vida, las consecuencias de la emergencia del covid-19 y las altas tasas de desempleo han aumentado la vulnerabilidad de los refugiados y migrantes venezolanos y han dificultado que muchos puedan reconstruir sus vidas e integrarse a las sociedades de acogida en toda la región", se lee en el informe.
El documento explica que, por ejemplo, 86% de los venezolanos que se fueron a Ecuador no tienen ingresos suficientes en ese país para cubrir sus necesidades básicas; 13% de los que están en Chile viven por debajo de la línea de pobreza; y 29% de los niños (de seis a 17 años) en Colombia no van a la escuela porque sus padres no pueden cubrir las matrículas ni los materiales.
Este reporte salió el mismo día en que el DHS anunció las nuevas medidas. Para entonces, la OIM pedía que los migrantes venezolanos "no fueran olvidados".
Eduardo Stein, representante conjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la OIM para atender la crisis de los migrantes venezolanos, insistió ese día en la necesidad de brindar políticas de integración efectivas para los nacionales de ese país, que están abandonando su tierra en cifras nunca antes vistas.
"Los países anfitriones han mostrado un liderazgo continuo en la respuesta a la crisis mediante el establecimiento de iniciativas de regularización y la facilitación del acceso a la salud, la educación y otros servicios sociales. Sin embargo, la regularización es solo un primer paso hacia la integración y debe ir seguida de políticas que permitan a las personas refugiadas y migrantes ser autosuficientes. Se requiere apoyo internacional con urgencia”, pidió.
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📸 "Uno se decepciona": la frustración de los migrantes en México sin abogado y con casos de asilo en EEUU
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María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
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La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que actualmente no tiene ningún caso de MPP, aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
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Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos. Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
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La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: "Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento", se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
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El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, "la gente no quiere intentarlo más".
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Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
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Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. "El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado", dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
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"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".
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Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
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Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
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Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
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