Los soldados estadounidenses desplegados en la frontera con México tienen más autorización para actuar de la que se pensaba hasta ahora. Según documentos del Pentágono obtenidos por Newsweek, los soldados no solo brindan apoyo a las tareas de vigilancia de la Patrulla Fronteriza o construyen tramos del muro, sino que tienen permiso para disparar a vehículos en movimiento.
Las pautas del Departamento de Defensa a las que tuvo acceso la revista indican que los militares pueden usar la fuerza letal cuando existe una "creencia razonable" de que el vehículo es una amenaza inminente que causará la muerte o daños corporales a los civiles en el área inmediata.
El reglamento conocido no especifica qué se entiende por creencia razonable, lo que genera preocupación entre los expertos legales y ex funcionarios de gobierno, añade.
Según Newsweek, los documentos ofrecen orientación legal y fueron emitidos en julio, tres días después de que el nuevo Secretario de Defensa, Mark T. Esper, asumiera el cargo.
Hasta ahora unos 5,500 soldados se encuentran desplegados en la frontera.
El despliegue
El envío de tropas a la frontera con México fue anunciado en abril del año pasado por el presidente Donald Trump en respuesta a la llevada de caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica en busca de asilo. Los soldados fueron despachadas en octubre.
"Vamos a proteger nuestra frontera con los militares. Es un gran paso", dijo Trump el día que hizo el anuncio. Las tropas a las cuales hizo referencia corresponden a la Guardia Nacional.
Según un reporte del Migration Policy Institute, la primera vez que Estados Unidos envió guardias nacionales a la frontera sur fue en 1916, con el objetivo protegerse del revolucionario mexicano Pancho Villa. La decisión la tomó el presidente Woodrow Wilson y se desplegaron unos 100,000 soldados.
Durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama también se enviaron soldados a la frontera para colaborar con la Patrulla Fronteriza en los esfuerzos por controlar la inmigración indocumentada.
Tareas restringidas
En octubre del año pasado, desde su cuenta en la red social Twitter, Trump dijo que el envío de tropas a la frontera es parte de lo que llama una "emergencia nacional".
"¡Serán detenidos!", escribió el mandatario en una aparente referencia a la caravana de migrantes que avanzaba por México con la intención de llegar a EEUU.
La agencia Reuters informó en esa ocasión, citando a sus fuentes, que las tropas desplegadas en la frontera no estarían involucradas en actividades de "aplicación de la ley", algo que estaría prohibido por una ley federal de 1870.
Esa ley restringe el uso del Ejército —y sus ramas— en funciones de seguridad civil, a menos de que el Congreso lo autorice específicamente. Pero los militares pueden proporcionar servicios de apoyo a la policía y lo han hecho en otras ocasiones desde los años ochenta.
A pesar del endurecimiento de la retórica de Trump y el despliegue militar en la frontera, miles de hombres, mujeres y niños centroamericanos continúan intentando llegar a frontera sur en busca de asilo.
Fuente anónima
Newsweek dijo que obtuvo los documentos que de orientación a las tropas en la frontera a través de una fuente del Departamento de Defensa que solicitó el anonimato por temor a represalias del Pentágono. Otras dos fuentes militares estadounidenses confirmaron la autenticidad del documento, indicó.
El documento sugiere que algunos miembros del servicio designados han estado exentos, durante meses, de una norma que anteriormente había asegurado que los miembros del Ejército "no tendrían contacto con los migrantes" durante la misión fronteriza.
El despliegue de tropas en la frontera con México se mantendrá por lo menos hasta finales del año fiscal 2020, que vence el 30 de septiembre.
Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional en la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo a Newsweek que le preocupa que se puedan disparar armas a vehículos en movimiento, una acción prohibida por muchos departamentos locales de aplicación de la ley en Estados Unidos fuera de circunstancias extraordinarias.
El Ejército de EEUU está “peligrosamente más cerca de violar el espíritu, si no la carta de las prohibiciones de Posse Comitatus, lo que daña los civiles y pone en peligro legal el servicio militar", agregó.
El Posse Comitatus Act es un estatuto federal de 1878 que restringe la capacidad del gobierno de utilizar el ejército como fuerza policial.
📸 Estos migrantes retornados a México se cansaron de esperar para entrar a EEUU y se devolvieron a sus países
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
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Un grupo de migrantes bajo el programa de 'Retorno a México'
espera para subirse al autobús que les llevará de regreso a su país, Guatemala. Un número creciente de centroamericanos están regresando a sus lugares de origen exhaustos por las largas esperas en México como consecuencia de este plan implementado por la administración Trump desde enero. Para sus primeras cortes,
los últimos que retornaron a Tijuana contaron que tienen que quedarse en México entre seis y nueve meses más.Almudena Toral/Univision
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Una migrante muestra los documentos de la política Protocolo de Protección de Migrantes recibidos de manos de las autoridades estadounidenses antes de ser devuelta a Tijuana. Más de 20,000 migrantes ya forman parte de este programa, por el cual tienen que esperar el resto de su proceso migratorio en ciudades fronterizas en las que corren riesgos de seguridad, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros.
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Personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brinda información a una migrante sobre el programa de Retorno Voluntario Asistido en el albergue Ágape en Tijuana, México. La OIM está proporcionando billetes de avión pagados con fondos del gobierno de Estados Unidos a los migrantes que quieran regresarse a Honduras, El Salvador y Guatemala. Un funcionario de la OIM explicó a Univision Noticias que, aunque son muchos los que sí se regresan, al menos 50% de los que se anotan en las listas pueden cambiar de opinión en el lapso de una semana.
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Iván Vargas, coordinador de la línea de autobuses privada Transporte Turístico Ejecutivo, revisa la lista de pasajeros de una unidad que tiene como destino Tapachula, Chiapas. La imagen fue tomada a las afueras del albergue Ágape en Tijuana, México.
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Diana Cruz, de 16 años, dice adiós a sus amigos del albergue Ágape antes de subirse al autobús que llevará a su familia de Tijuana a Tapachula. Esta familia decidió emprender el viaje de regreso a su país de origen, Guatemala, después de ver que el proceso de petición de asilo estaba muy demorado y les obligaba a esperar en México. La hermana pequeña, Atziry, de 7 años, empezó a decirle a la mamá que echaba de menos a su abuela y quería regresarse y la madre tomó la decisión de volver para no someter a sus niñas a más sufrimiento.
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La frontera entre México y Estados Unidos en El Chaparral, el cruce fronterizo en Tijuana. Decenas de inmigrantes llegan a este punto cada mañana para esperar su turno para entrar y ser entrevistados por la Patrulla Fronteriza. La espera promedio para que llamen un número ahora está en al menos cuatro meses. La mayoría de los migrantes son retornados a México con una fecha para su primera corte con un juez de inmigración. Pero, al final, el caso puede tomarles hasta un año, entre otras cosas, porque sin un abogado el juez los devuelve a México —o a los centros de detención si tienen la suerte de ser admitidos en Estados Unidos— hasta que vuelvan con alguien que los represente.
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Una adolescente guatemalteca que prefirió no ser identificada sale del albergue Embajadores de Jesús, antes de subirse a un autobús cuyo destino es Tapachula. Se regresa porque teme que en su corte el juez de inmigración la devuelva a la hielera de la Patrulla Fronteriza y tenga que vivir de nuevo el frío que caracteriza a estos lugares, la mala alimentaci´on y los maltratos de funcionarios que les reiteran que no son bienvenidos en Estados Unidos, según denuncia.
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El pastor Gustavo Banda, encargado del albergue Embajadores de Jesús, en el patio trasero de su casa donde organizan cada día donaciones que reciben para los migrantes. "Les están dando una esperanza muy pequeña para que se queden", dice Banda. "Los quieren desanimar porque su cita es hasta enero del año próximo", agrega. Él cree además que la falta de permisos de trabajo y la poca asistencia que les da el gobierno mexicano para regularizarse es lo que los desalienta a esperar hasta su primera fecha de corte.
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Francisco, de 34 años, quiere regresar a su país por su hijo Andy Javier, de 9 años. “Está sufriendo, mejor le regreso para Guatemala”, explica minutos antes de que parta el autobús del albergue Ágape en Tijuana.
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Dos hermanos guatemaltecos de 6 años y 8 años juegan antes de subirse al autobús que les llevará de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala.
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Ileidy Díaz, de Guatemala, es la madre de esos niños. Ella explica que su plan era que su esposo en Estados Unidos los pidiera, entre otras cosas porque ella y su hijo están enfermos: ella quería recibir tratamiento para su vitiligo y esperaba que su hijo pudiera ser tratado por una enfermedad en sus ojos. Por ahora, nada de eso ocurrirá. Díaz asegura que ya no quiere que sus hijos sufran más mientras esperan hasta el 14 de enero, cuando le tocará su fecha de corte. Cuenta que en la hielera les maltrataron, que a ella los funcionarios de la Patrulla Fronteriza la obligaron a la fuerza a firmar su regreso a México mientras sus hijos lloraban. "El miedo que eso me generó me hace devolverme a mi país", dice.
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José Mario Sarmiento, de Honduras, en un autobús que viaja de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala. “La vi muy difícil,” dice José Mario sobre la razón por la que ha decidido regresarse a su país. Llegó a Tijuana hace mes y medio. Quería cruzar ilegalmente ya que tiene una deportación previa, pero le dio mucho miedo la situación en la frontera y la posibilidad de ser arrestado y tener que pasar mucho tiempo en la cárcel.
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Bolsas de basura cargadas de pertenencias de migrantes que se regresan a sus países de origen en un autobús privado con trayecto Tijuana-Tapachula.
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José María García, conocido como 'Chema', encargado del albergue para migrantes Juventud 2000, parado frente a la casa ubicada en la zona norte de Tijuana, México, una de las áreas más inseguras de la ciudad. Según él, una parte de los centroamericanos que llegan al recinto deciden cruzar de forma ilegal a Estados Unidos "ya que ven que las posibilidades son cada vez más cerradas para poderse quedar o recibir el asilo", cuenta. Lo hacen, explica "porque cada vez ven más lejano (el fin de sus procesos) o cada vez ven menos las posibilidades de quedarse en los Estados Unidos". En sus estimaciones, 30% de los que llegan a su albergue se marchan o a su país o a la frontera para cruzar sin ser vistos.
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