El gobierno de Estados Unidos comenzó a enviar este jueves a la ciudad mexicana de Nogales a los solicitantes de asilo donde aguardarán ser convocados a audiencias a casi 563 kilómetros (350 millas) de distancia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Las autoridades están expandiendo el programa conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), el cual requiere que decenas de miles de solicitantes de asilo esperen en el país latinoamericano a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria. Hasta esta semana, el gobierno había trasladado a algunos de los solicitantes desde Nogales, Arizona, a El Paso, Texas, para que pudieran ser enviados a Ciudad Juárez.
Unos 30 solicitantes de asilo fueron enviados el jueves a Nogales, México, dijo Gilda Loureiro, directora del refugio de migrantes San Juan Bosco en Nogales, Sonora.
Loureiro dijo que los migrantes aún no habían llegado al albergue, pero que las instalaciones están listas y cuentan con capacidad para 400 personas. “Nosotros vamos a recibir hasta el cupo que tengamos”, afirmó.
Los detractores aseguran que el programa MPP, una de las medidas implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump para frenar la migraci´n a Estados Unidos, pone a los solicitantes de asilo en situaciones peligrosas en las localidades fronterizas mexicanas, donde a menudo son secuestrados, asaltados o extorsionados.
Un estudio del grupo activista Human Rights First difundido en diciembre documentó al menos 636 reportes públicos de violencia en contra de solicitantes de asilo devueltos a México, incluyendo violación, secuestro y tortura. El grupo dijo que la cifra representa un marcado incremento respecto a octubre, cuando se identificaron 343 ataques y resaltó que la cifra más reciente sin duda es mucho mayor debido a que la mayoría de las víctimas de un delito no reportan sus casos a la policía.
Hasta finales de noviembre, más de 56,000 personas habían sido enviadas de regreso a México, según el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. De los más de 24,000 casos que han sido decididos, únicamente se ha otorgado el asilo o alguna otra forma que les permita permanecer en Estados Unidos en 117 ocasiones, menos del 1%.
Pero las autoridades estadounidenses han elogiado el programa, señalando que ha ayudado de manera significativa a reducir el número de cruces fronterizos ilegales. La Patrulla Fronteriza detuvo a poco más de 33,000 personas en la frontera suroeste durante noviembre, en comparación con los 144,000 casos de mayo pasado, cuando se registró la cantidad más elevada del año.
📸 "Uno se decepciona": la frustración de los migrantes en México sin abogado y con casos de asilo en EEUU
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María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
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La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que actualmente no tiene ningún caso de MPP, aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
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Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos. Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
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La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: "Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento", se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
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El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, "la gente no quiere intentarlo más".
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Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
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Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. "El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado", dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
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"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".
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Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
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Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
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Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
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