Una nueva norma emitida por el gobierno de Donald Trump este lunes permitiría enviar a Guatemala a quienes solicitan asilo a Estados Unidos, ya sea obedeciendo una lista en las garitas o al entregarse a oficiales de la Patrulla Fronteriza. Allá continuarían sus procesos migratorios. Se trata de la implementación del acuerdo de “tercer país seguro” firmado entre ambos gobiernos.
Dicha regla, que podría aplicarse tan pronto como en diciembre, ha sido calificada como una forma para ayudar a EEUU a procesar los casos de quienes buscan refugio bajo los acuerdos internacionales de asilo y tortura. Una vez que entre en vigor se establecería un nuevo proceso de selección para determinar si EEUU o Guatemala procesarán las solicitudes de refugio de los migrantes.
Este cambio que ya se anticipaba desde hace unos días se menciona en un documento elaborado por el Departamento de Justicia (DOJ), los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR).
Ese informe advierte que para el 11 de octubre había un acumulado de más de 476,000 solicitudes de asilo ante la EOIR, mientras que existían 340,801 solicitudes de asilo afirmativas pendientes con USCIS a fines del año fiscal 2019, que concluyó el 30 de septiembre.
“Históricamente, solo una pequeña minoría de las personas que alegaban temor al retorno por persecución o tortura finalmente obtuvieron asilo o incluso lo solicitaron. De hecho, a lo largo de los años, muchos migrantes que inicialmente afirmaron tener miedo de regresar al llegar (a EEUU) abandonaron esas afirmaciones por completo”, justica el documento.
Según la norma emitida el lunes, el pacto de “tercer país seguro” se usará para devolver a los migrantes a Guatemala y, finalmente a El Salvador y Honduras, que han firmado acuerdos similares. Dichos pactos le dan la potestad al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de enviar a Guatemala a todos aquellos solicitantes de asilo que no hayan pedido protección en ese país mientras avanzaban hacia EEUU.
El gobierno guatemalteco aceptó dicha medida para evitar sanciones económicas anunciadas por Trump. La firma se dio luego de una escalada de amenazas del presidente con castigos como la prohibición de viajes a los guatemaltecos, la aplicación de un impuesto a las remesas y la imposición de una tasa de aranceles a todos los productos guatemaltecos exportados a Estados Unidos.
Pactos como el alcanzado con Guatemala, fueron firmados también con Honduras y El Salvador, pero estos aún no han sido implementados y al momento se desconoce cuándo ocurriría.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, ha dicho que los pactos se ejecutarán de forma gradual para evitar saturar a los países centroamericanos que apenas reciben solicitudes de asilo.
Mientras Trump busca echar mano de éstos para detener el éxodo centroamericano, quienes defienden a los migrantes advierten que devolverlos a aquella región podría tener consecuencias fatales.
Cuando entre en efecto la nueva regla, a los solicitantes de asilo se les preguntará si primero buscaron protección en Guatemala. Si no lo hicieran, serían enviados de regreso a Guatemala.
“Para ayudar a aliviar esas cargas (por el alto número de casos) y promover la cooperación regional en materia de migración, Estados Unidos firmó recientemente un acuerdo con El Salvador, Guatemala y Honduras en un esfuerzo por compartir la distribución de las solicitudes de asilo”, menciona el informe elaborado por el USCIS y otras agencias federales.
Pero dichos acuerdos han sido duramente criticados al considerar que esos tres países no pueden brindar seguridad a los migrantes que ya de por sí vienen huyendo de contextos de violencia y pobreza extrema. Las cifras de homicidios ubican a sus capitales como algunas de las más peligrosas de la región.
📸 "Uno se decepciona": la frustración de los migrantes en México sin abogado y con casos de asilo en EEUU
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María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
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La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que actualmente no tiene ningún caso de MPP, aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
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Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos. Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
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La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: "Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento", se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
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El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, "la gente no quiere intentarlo más".
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Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
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Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. "El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado", dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
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"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".
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Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
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Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
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Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
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