Estados Unidos pondrá en vigor un programa de recolección de muestras de ADN de migrantes bajo custodia de agencias migratorias como la Patrulla Fronteriza (CBP) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), informó este viernes el Departamento de Seguridad Nacional. La medida, han advertido organizaciones, pondrá en riesgo la privacidad de los migrantes.
En la práctica, la norma final que será publicada este lunes en el Registro Federal, según informó un funcionario del Departamento de Justicia, permite que el fiscal general autorice al Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) recopilar muestras de ADN de personas que han sido detenidas por sus agencias.
Ello de acuerdo con una ley de 2005 durante el gobierno de George W. Bush conocida como el DNA Fingerprint Act. Hasta ahora, la ley contenía unas exenciones para proteger a los migrantes.
Univision Noticias había adelantado en enero pasado que el plan –desvelado en septiembre de 2019– apunta principalmente a los migrantes detenidos en la frontera con México para que el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) engrose una base de datos con las muestras de ADN recopiladas. Fue en ese momento cuando dentro de un programa piloto desarrollado en Detroit, Michigan, y en Eagle Pass, Texas, se habían comenzado a tomar muestras de ADN de migrantes detenidos por ICE y CBP.
"La regla ayuda a las agencias federales a implementar aspectos de larga data de nuestras leyes migratorias aprobadas por mayorías bipartidistas en el Congreso", dijo el vicefiscal general Jeffrey Rosen en un comunicado.
Esa ley de 2005 entregó al fiscal general "autoridad exclusiva" para redactar regulaciones que autoricen y exijan a cualquier agencia federal recopilar muestras de ADN de individuos que han sido arrestado, que han sido imputados o convictos o de personas que no son ciudadanas de Estados Unidos que han sido detenidas bajo la autoridad del país, agregó el comunicado.
Hasta ahora, la ley permite que autoridades federales recolecten muestras de ADN de personas que tienen bajo custodia como una medida de identificación regular, junto con la toma de huellas digitales y fotografías. Sin embargo, la norma solo apunta a personas arrestadas con cargos penales federales y no incluía a inmigrantes detenidos, entre ellos solicitantes de asilo que aguardan en centros de detención de ICE pendientes de que un juez de inmigración decida sus casos.
Preocupa la privacidad
Recopilar las muestras de ADN y llevarlas a una base de datos del FBI ha sido catalogado por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) como "preocupante para la privacidad y libertades civiles".
"Carece de justificación, especialmente cuando el DHS ya está utilizando métodos de identificación menos instrusivos como las huellas digitales", había dicho ACLU cuando se dio a conocer este plan. Los activistas también han enfatizado en que recopilar el material genético tendrá implicancias en los familiares de los detenidos, que posiblemente sean ciudadanos estadounidenses.
La información irá a una base de datos que el FBI comenzó a construir tras la promulgación del DNA Fingerprint Act, llamada CODIS (Combined DNA Index Systema). "La base de datos CODIS es vital para las investigaciones de las fuerzas federales, estatales y locales", dijo DHS en su comunicado.
"El laboratorio del FBI tiene la capacidad para manejar la mayor entrega (de muestras) por parte de DHS y puede elevar su capacidad. El FBI proveerá a DHS con los kits de recolección de ADN, analizará las muestras y se asegurará de que las agencias de cumplimiento de la ley usen los resultados de acuerdo con los requerimientos de privacidad de la base de datos CODIS", agregó.
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📸 Estos migrantes retornados a México se cansaron de esperar para entrar a EEUU y se devolvieron a sus países
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
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Un grupo de migrantes bajo el programa de 'Retorno a México'
espera para subirse al autobús que les llevará de regreso a su país, Guatemala. Un número creciente de centroamericanos están regresando a sus lugares de origen exhaustos por las largas esperas en México como consecuencia de este plan implementado por la administración Trump desde enero. Para sus primeras cortes,
los últimos que retornaron a Tijuana contaron que tienen que quedarse en México entre seis y nueve meses más.
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Una migrante muestra los documentos de la política Protocolo de Protección de Migrantes recibidos de manos de las autoridades estadounidenses antes de ser devuelta a Tijuana. Más de 20,000 migrantes ya forman parte de este programa, por el cual tienen que esperar el resto de su proceso migratorio en ciudades fronterizas en las que corren riesgos de seguridad, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros.
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Personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brinda información a una migrante sobre el programa de Retorno Voluntario Asistido en el albergue Ágape en Tijuana, México. La OIM está proporcionando billetes de avión pagados con fondos del gobierno de Estados Unidos a los migrantes que quieran regresarse a Honduras, El Salvador y Guatemala. Un funcionario de la OIM explicó a Univision Noticias que, aunque son muchos los que sí se regresan, al menos 50% de los que se anotan en las listas pueden cambiar de opinión en el lapso de una semana.
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Iván Vargas, coordinador de la línea de autobuses privada Transporte Turístico Ejecutivo, revisa la lista de pasajeros de una unidad que tiene como destino Tapachula, Chiapas. La imagen fue tomada a las afueras del albergue Ágape en Tijuana, México.
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Diana Cruz, de 16 años, dice adiós a sus amigos del albergue Ágape antes de subirse al autobús que llevará a su familia de Tijuana a Tapachula. Esta familia decidió emprender el viaje de regreso a su país de origen, Guatemala, después de ver que el proceso de petición de asilo estaba muy demorado y les obligaba a esperar en México. La hermana pequeña, Atziry, de 7 años, empezó a decirle a la mamá que echaba de menos a su abuela y quería regresarse y la madre tomó la decisión de volver para no someter a sus niñas a más sufrimiento.
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La frontera entre México y Estados Unidos en El Chaparral, el cruce fronterizo en Tijuana. Decenas de inmigrantes llegan a este punto cada mañana para esperar su turno para entrar y ser entrevistados por la Patrulla Fronteriza. La espera promedio para que llamen un número ahora está en al menos cuatro meses. La mayoría de los migrantes son retornados a México con una fecha para su primera corte con un juez de inmigración. Pero, al final, el caso puede tomarles hasta un año, entre otras cosas, porque sin un abogado el juez los devuelve a México —o a los centros de detención si tienen la suerte de ser admitidos en Estados Unidos— hasta que vuelvan con alguien que los represente.
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Una adolescente guatemalteca que prefirió no ser identificada sale del albergue Embajadores de Jesús, antes de subirse a un autobús cuyo destino es Tapachula. Se regresa porque teme que en su corte el juez de inmigración la devuelva a la hielera de la Patrulla Fronteriza y tenga que vivir de nuevo el frío que caracteriza a estos lugares, la mala alimentaci´on y los maltratos de funcionarios que les reiteran que no son bienvenidos en Estados Unidos, según denuncia.
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El pastor Gustavo Banda, encargado del albergue Embajadores de Jesús, en el patio trasero de su casa donde organizan cada día donaciones que reciben para los migrantes. "Les están dando una esperanza muy pequeña para que se queden", dice Banda. "Los quieren desanimar porque su cita es hasta enero del año próximo", agrega. Él cree además que la falta de permisos de trabajo y la poca asistencia que les da el gobierno mexicano para regularizarse es lo que los desalienta a esperar hasta su primera fecha de corte.
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Francisco, de 34 años, quiere regresar a su país por su hijo Andy Javier, de 9 años. “Está sufriendo, mejor le regreso para Guatemala”, explica minutos antes de que parta el autobús del albergue Ágape en Tijuana.
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Dos hermanos guatemaltecos de 6 años y 8 años juegan antes de subirse al autobús que les llevará de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala.
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Ileidy Díaz, de Guatemala, es la madre de esos niños. Ella explica que su plan era que su esposo en Estados Unidos los pidiera, entre otras cosas porque ella y su hijo están enfermos: ella quería recibir tratamiento para su vitiligo y esperaba que su hijo pudiera ser tratado por una enfermedad en sus ojos. Por ahora, nada de eso ocurrirá. Díaz asegura que ya no quiere que sus hijos sufran más mientras esperan hasta el 14 de enero, cuando le tocará su fecha de corte. Cuenta que en la hielera les maltrataron, que a ella los funcionarios de la Patrulla Fronteriza la obligaron a la fuerza a firmar su regreso a México mientras sus hijos lloraban. "El miedo que eso me generó me hace devolverme a mi país", dice.
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José Mario Sarmiento, de Honduras, en un autobús que viaja de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala. “La vi muy difícil,” dice José Mario sobre la razón por la que ha decidido regresarse a su país. Llegó a Tijuana hace mes y medio. Quería cruzar ilegalmente ya que tiene una deportación previa, pero le dio mucho miedo la situación en la frontera y la posibilidad de ser arrestado y tener que pasar mucho tiempo en la cárcel.
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Bolsas de basura cargadas de pertenencias de migrantes que se regresan a sus países de origen en un autobús privado con trayecto Tijuana-Tapachula.
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José María García, conocido como 'Chema', encargado del albergue para migrantes Juventud 2000, parado frente a la casa ubicada en la zona norte de Tijuana, México, una de las áreas más inseguras de la ciudad. Según él, una parte de los centroamericanos que llegan al recinto deciden cruzar de forma ilegal a Estados Unidos "ya que ven que las posibilidades son cada vez más cerradas para poderse quedar o recibir el asilo", cuenta. Lo hacen, explica "porque cada vez ven más lejano (el fin de sus procesos) o cada vez ven menos las posibilidades de quedarse en los Estados Unidos". En sus estimaciones, 30% de los que llegan a su albergue se marchan o a su país o a la frontera para cruzar sin ser vistos.
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