El gobierno del presidente Donald Trump planifica ampliar a la región de Tucson, Arizona, los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) bajo los cuales solicitantes de asilo son enviados a México a esperar la resolución de sus casos de asilo, reportó el diario The Washington Post.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) haría el anuncio tan pronto como ese viernes, incluyendo así en los PPM a una vasta zona que hasta el momento no estaba enviando a los solicitantes de asilo a suelo mexicano mientras se realizan sus audiencias en corte.
Dos funcionarios citados por The Washington Post, que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente sobre los planes internos de la agencia, dijeron que DHS espera enviar al menos un autobús al día desde el sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza (CBP en inglés) hasta la ciudad de El Paso, en Texas.
Una vez allí, los migrantes serán entrevistados para determinar si afrontan un potencial riesgo en México y, si se encuentra que no, serán trasladados a Ciudad Juárez para que esperen por sus audiencias en la corte, agregaron los funcionarios.
Activistas, abogados e inmigrantes han denunciado que están siendo enviados a México víctimas de violaciones, robos y extorsiones.
Recientemente, Rebecca Gendelman, del equipo legal de la organización Human Rights First, dijo a Univision Noticias que algunos migrantes prefieren no asistir a sus audiencias en las cortes carpa instaladas por el gobierno de Trump porque temen ser víctimas de secuestros, robos, extorsiones o violaciones sexuales. En la primera semana de noviembre, por ejemplo, a una de las salas solo llegaron cuatro de las 31 personas que estaban citadas. A otra, solo llegaron 15 de 63.
Un informe de esa organización asegura que el DHS ha devuelto a individuos que previamente fueron blanco de delincuentes en México, incluyendo a una mujer transgénero de El Salvador que había sido secuestrada y violada, y un activista político de Nicaragua que fue secuestrado y vio cómo otro rehén era torturado tras haber intentado escapar.
La semana pasada, CBP intentó desestimar estos casos catalogándolos de "anecdóticos", al asegurar que visitó recientemente refugios en México donde la seguridad estaba "bien".
Sobre los PPM, el comisionado interino de CBP, Mark Morgan, aseguró que "han sido un gran factor que nuestras instalaciones no estén sobrepobladas con 20,000 individuos, al igual que el declive en los números de detenciones. Así que, desde la perspectiva del cumplimiento de la ley, como el comisionado interino de CBP, los MMP han sido absolutamente exitosos".
Hasta el momento, los PPM son implementados en seis puntos, de acuerdo con DHS: Eagle Pass, San Diego, Caléxico, El Paso, Laredo y Brownsville.
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📸 "Uno se decepciona": la frustración de los migrantes en México sin abogado y con casos de asilo en EEUU
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María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
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La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que actualmente no tiene ningún caso de MPP, aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
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Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos. Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
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La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: "Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento", se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
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El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, "la gente no quiere intentarlo más".
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Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
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Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. "El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado", dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
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"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".
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Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
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Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
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Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
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Migrants will have interviews to determine if they would be at risk in Mexico, and if not, will be sent to Ciudad Juárez to await their U.S. immigration court hearings.
The plan follows weeks of brainstorming to fix a weak spot that emerged in the Trump administration's border crackdown after officials rolled out MPP, also known as “Remain in Mexico.” CBP’s Tucson sector, which covers a swath of forbidding desert and cactus forests that encompasses most of Arizona’s southern border, was not included in the initial rollout of the policy. Officials began the program in January but substantially expanded it after a federal appeals court ruling allowed it to move forward in May. The 9th Circuit Court of Appeals is expected to rule soon on the broader legality of the program.
CBP declined to comment on the expansion and DHS did not respond to a request for comment.
U.S. could send asylum seekers to remote jungle region in Guatemala
Federal officials have credited MPP and increased enforcement in Mexico with a dramatic plunge in border apprehensions in recent months. In September, officials said border crossings had fallen so much that it allowed them to “effectively end” the practice of releasing migrants into the United States to await court hearings. The practice frustrated President Trump because migrants who were allowed to stay in the United States rarely are deported, even if they lost their bids to stay in the country.