El traslado hasta ahora de unos 50 extranjeros desde Texas hacia Washington DC ordenado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, preocupa a abogados y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. No les explican el porqué del viaje, les dicen que es gratis, les hacen creer que es voluntario y cuando llegan a su destino, los dejan literalmente “tirados” en la calle.
El envío de inmigrantes que llegaron a la frontera en busca de asilo (previamente se entregaron a las autoridades federales de inmigración, demostraron tener un caso de asilo, fueron procesados y liberados porque no constituyen una amenaza a la seguridad pública en espera de presentarse ante un juez de inmigración) forma parte de una estrategia de Abbott, un duro opositor de la política migratoria del presidente Joe Biden.
Abbott culpa al gobierno de la crisis que se vive en la frontera con México y asegura que la mayoría de los inmigrantes que son admitidos en el marco del debido proceso son criminales.
Señala además que, una vez eliminado el Título 42 de los CDC en la frontera a partir del 23 de mayo, se producirá una especie de invasión de extranjeros y que el Estado de Texas “se mantendrá firme en nuestros esfuerzos para llenar los vacíos (generados por el gobierno) y mantener seguros a los tejanos".
Según el gobernador, el traslado de inmigrantes a la capital permitirá al gobierno “satisfacer de manera más inmediata las necesidades de las personas a las que permite cruzar nuestra frontera”. Pero lo que no dice Abbott es que las autoridades federales están cumpliendo con el debido proceso migratorio con personas que están llegando en busca de un recurso legal disponible.
Esta situación amenaza con generar una nueva crisis, porque los inmigrantes liberados por la Patrulla Fronteriza, tomados bajo control de las autoridades de seguridad pública de Texas, subidos voluntariamente a un autobús y enviados a Washington DC se hace sin supervisión adecuada y sin explicarles detalladamente al extranjero las razones del viaje y las responsabilidades que asume ante la ley al momento de habérsele permitido entrar con el compromiso de presentarse ante un juez de inmigración.
El proceso en la frontera
Estos padres varados en México les pidieron a sus hijos pequeños que cruzaran solos a EEUU
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Ocho padres entrevistados por Univision Noticias que se encontraban en un campamento en la ciudad fronteriza de Matamoros, comenzaron a tomar medidas desesperadas, como pedirles a sus hijos pequeños que se entreguen en las garitas para que los dejaran entrar a Estados Unidos por ser menores no acompañados.
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Migrantes entrevistados por Univision Noticias relataron que fueron raptados, extorsionados y agredidos en México. Walter envió a su hija de 17 años a EEUU a finales de octubre para que se la entreguaran a su hermano que vive en Florida. Según su relato, ambos fueron víctimas de un secuestro en México.
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Carolina mandó a su hijo solo con la idea de que se reúna con su hermana que lleva 19 años en EEUU. "Mi hijo no la conoce, pero ella se muere por él porque siempre llamaba por videollamada", dice.
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Este fue el lugar en el que Damián vio por última vez a su hijo: "¿Sabes qué duro es ver que su hijo se va por ese puente y que probablemente no lo vuelvas a ver?".
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Aurora huyó con su hijo de 16 años de El Salvador después de que las pandillas trataran de reclutarlo para vender droga. Después de meses esperando bajo MPP, el 4 de octubre mandó a su hijo solo para entregarse a Migración. Ella dice que está esperando a que lo envíen con un hermano suyo que vive en Texas para regresar a su país: "Yo prefiero salvarle la vida a mi hijo a que se la arrebaten. Es muy duro", dice.
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Según los últimos datos disponibles, el gobierno de Trump ha mandado a México al menos a 55,000 migrantes por el programa MPP, en su mayoría centroamericanos, cubanos y venezolanos, a ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros.
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A esta administración le tocó lidiar con el mayor arribo de menores no acompañados en la historia de este país: poco más de 76,000 durante el año fiscal 2019, sobrepasando el récord de 68,541 que fueron detenidos en 2014, en la crisis humanitaria que se generó durante el gobierno de Obama.
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