El colegio de abogados de Estados Unidos (American Bar Association -ABA-) instó a la Corte Suprema que permita a los solicitantes de asilo tener derecho a que sus casos sean revisados, y con ello evitar que sean deportados de manera acelerada cuando sus casos son negados o rechazados.
La petición fue hecha por medio de un informe de ‘Amicus’ presentado el miércoles, en el que la entidad pide a los magistrados declarar que los solicitantes de asilo tienen derecho a una revisión por parte de un tribunal federal cuando se emite una orden de expulsión inmediata.
Cuando un solicitante de asilo es rechazado por un agente federal o pierde su caso, recibe automáticamente una orden de deportación y en caso de que el extranjero falte a una audiencia judicial, el juez emitirá una orden de deportación en ausencia.
La batalla jurídica
En octubre del año pasado el máximo tribunal de justicia aceptó una petición del gobierno de Donald Trump para revisar un fallo de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que favoreció al inmigrante Vijayakumar Thuraissigiam, un solicitante de asilo originario de Sri Lanka.
El tribunal, con sede en San Francisco (California), halló que una ley federal que quitó poder a los jueces de tribunales para revisar las deportaciones rápidas, conocida como expulsión acelerada (expedited removal), violó en este caso una disposición de la Constitución denominada ‘cláusula de suspensión’.
En su petición de asilo, Thuraissigiam dijo que pertenece a la minoría tamil en su país, donde fue torturado por sus creencias políticas y sometido a palizas y la práctica de tortura conocida como ahogamiento simulado.
"Es un principio fundamental de nuestra Constitución que las personas privadas de libertad tengan acceso a un tribunal federal”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a Thuraissigiam.
“Esto incluye a los solicitantes de asilo cuyas vidas están en peligro", agregó.
Alcance del fallo
A principios de marzo del año pasado, cuando la Corte de Apelaciones del 9º Circuito falló a favor de Thuraissigiam, la ACLU comentó que el dictamen tiene “amplias implicaciones”.
El grupo de derechos civiles dijo que actualmente los solicitantes de asilo “reciben breves evaluaciones de funcionarios administrativos que determinan si la persona tiene un temor creíble de persecución en sus países de origen”.
“Si un agente rechaza la solicitud, el solicitante de asilo no tiene ningún recurso para impugnar la decisión, o la forma en que se hizo, en un tribunal federal. Los solicitantes de asilo en el Noveno Circuito ahora tienen ese recurso como resultado de esta decisión”, agregó.
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha reducido la posibilidad de ganar casos de asilo cambiando normas y reglamentos vigentes desde 1980. Entre ellas, aumentar el rigor de las entrevistas y otorgar una amplia discrecionalidad a los agentes de inmigración para desestimar pedidos de protección.
También ha publicado una lista de nuevos delitos para negar el asilo, incluyendo faltas por manejar borracho o haber sido acusado de un cargo de violencia doméstica, aunque el cargo posteriormente sea desestimado por las autoridades judiciales.
La revisión
La decisión de la Corte Suprema se espera para junio. Si bien el fallo de la Corte de Apelaciones sólo aplica a Thuraissigiam y no anuló la ley en cuestión, el dictamen del tribunal aún podría aplicarse a la totalidad de la jurisdicción.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que el fallo de la corte de San Francisco deja sin efecto el propósito de un sistema dirigido a inmigrantes específicos para una deportación acelerada, además de "socavar la capacidad del gobierno para controlar la frontera", que se encuentra bajo estado de emergencia.
Thuraissigiam huyó de su país en 2016 y fue arrestado en febrero de 2017 en la frontera entre Tijuana (México) y San Diego. Pidió asilo, pero su caso fue desestimado y puesto en proceso de deportación acelerada.
Las deportaciones aceleradas fueron establecidas en 1996, durante el gobierno de Bill Clinton. La única excepción es para aquellos que demuestran y/o prueban un temor creíble de persecución en caso de ser devueltos a sus países de origen.
Como parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, el pasado 1 de septiembre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) amplió el protocolo de deportaciones aceleradas a todo el territorio para afectar a cualquier indocumentado que no pueda probar que lleva más de dos años en el país. La medida, sin embargo, fue detenida por una corte federal a finales de ese mes.
Protegidos por la ley
La ABA dijo además que la revisión de un caso de deportación acelerada "protege los derechos de los no ciudadanos que se encuentran dentro de Estados Unidos”, y no restituirlo “contraviene los principios fundamentales de nuestro sistema constitucional y el precedente del máximo tribunal".
La Corte Suprema “nunca ha excluido a un individuo en territorio estadounidense de las protecciones de la cláusula de suspensión en ausencia de una suspensión formal del recurso de hábeas corpus, y por una buena razón”, agrega. “Hacerlo sería ignorar la revisión judicial, la Constitución y el estado de derecho”, puntualizó.
La Corte Suprema celebrará una audiencia el 2 de marzo para que los abogados del DHS y de Vijayakumar Thuraissigiam presenten sus argumentos orales.
El colegio de abogados está representado en el escrito por el bufete de abogados de Akin Gump Strauss Hauer y Feld LLP.
ABA es la principal asociación de abogados de Estados Unidos y la mayor a nivel mundial. El colegio detalla que, entre sus objetivos, se incluye ser la voz nacional de la profesión legal en el país.
📸 Estos migrantes retornados a México se cansaron de esperar para entrar a EEUU y se devolvieron a sus países
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
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Un grupo de migrantes bajo el programa de 'Retorno a México'
espera para subirse al autobús que les llevará de regreso a su país, Guatemala. Un número creciente de centroamericanos están regresando a sus lugares de origen exhaustos por las largas esperas en México como consecuencia de este plan implementado por la administración Trump desde enero. Para sus primeras cortes,
los últimos que retornaron a Tijuana contaron que tienen que quedarse en México entre seis y nueve meses más.Almudena Toral/Univision
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Una migrante muestra los documentos de la política Protocolo de Protección de Migrantes recibidos de manos de las autoridades estadounidenses antes de ser devuelta a Tijuana. Más de 20,000 migrantes ya forman parte de este programa, por el cual tienen que esperar el resto de su proceso migratorio en ciudades fronterizas en las que corren riesgos de seguridad, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros.
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Personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brinda información a una migrante sobre el programa de Retorno Voluntario Asistido en el albergue Ágape en Tijuana, México. La OIM está proporcionando billetes de avión pagados con fondos del gobierno de Estados Unidos a los migrantes que quieran regresarse a Honduras, El Salvador y Guatemala. Un funcionario de la OIM explicó a Univision Noticias que, aunque son muchos los que sí se regresan, al menos 50% de los que se anotan en las listas pueden cambiar de opinión en el lapso de una semana.
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Iván Vargas, coordinador de la línea de autobuses privada Transporte Turístico Ejecutivo, revisa la lista de pasajeros de una unidad que tiene como destino Tapachula, Chiapas. La imagen fue tomada a las afueras del albergue Ágape en Tijuana, México.
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Diana Cruz, de 16 años, dice adiós a sus amigos del albergue Ágape antes de subirse al autobús que llevará a su familia de Tijuana a Tapachula. Esta familia decidió emprender el viaje de regreso a su país de origen, Guatemala, después de ver que el proceso de petición de asilo estaba muy demorado y les obligaba a esperar en México. La hermana pequeña, Atziry, de 7 años, empezó a decirle a la mamá que echaba de menos a su abuela y quería regresarse y la madre tomó la decisión de volver para no someter a sus niñas a más sufrimiento.
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La frontera entre México y Estados Unidos en El Chaparral, el cruce fronterizo en Tijuana. Decenas de inmigrantes llegan a este punto cada mañana para esperar su turno para entrar y ser entrevistados por la Patrulla Fronteriza. La espera promedio para que llamen un número ahora está en al menos cuatro meses. La mayoría de los migrantes son retornados a México con una fecha para su primera corte con un juez de inmigración. Pero, al final, el caso puede tomarles hasta un año, entre otras cosas, porque sin un abogado el juez los devuelve a México —o a los centros de detención si tienen la suerte de ser admitidos en Estados Unidos— hasta que vuelvan con alguien que los represente.
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Una adolescente guatemalteca que prefirió no ser identificada sale del albergue Embajadores de Jesús, antes de subirse a un autobús cuyo destino es Tapachula. Se regresa porque teme que en su corte el juez de inmigración la devuelva a la hielera de la Patrulla Fronteriza y tenga que vivir de nuevo el frío que caracteriza a estos lugares, la mala alimentaci´on y los maltratos de funcionarios que les reiteran que no son bienvenidos en Estados Unidos, según denuncia.
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El pastor Gustavo Banda, encargado del albergue Embajadores de Jesús, en el patio trasero de su casa donde organizan cada día donaciones que reciben para los migrantes. "Les están dando una esperanza muy pequeña para que se queden", dice Banda. "Los quieren desanimar porque su cita es hasta enero del año próximo", agrega. Él cree además que la falta de permisos de trabajo y la poca asistencia que les da el gobierno mexicano para regularizarse es lo que los desalienta a esperar hasta su primera fecha de corte.
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Francisco, de 34 años, quiere regresar a su país por su hijo Andy Javier, de 9 años. “Está sufriendo, mejor le regreso para Guatemala”, explica minutos antes de que parta el autobús del albergue Ágape en Tijuana.
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Dos hermanos guatemaltecos de 6 años y 8 años juegan antes de subirse al autobús que les llevará de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala.
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Ileidy Díaz, de Guatemala, es la madre de esos niños. Ella explica que su plan era que su esposo en Estados Unidos los pidiera, entre otras cosas porque ella y su hijo están enfermos: ella quería recibir tratamiento para su vitiligo y esperaba que su hijo pudiera ser tratado por una enfermedad en sus ojos. Por ahora, nada de eso ocurrirá. Díaz asegura que ya no quiere que sus hijos sufran más mientras esperan hasta el 14 de enero, cuando le tocará su fecha de corte. Cuenta que en la hielera les maltrataron, que a ella los funcionarios de la Patrulla Fronteriza la obligaron a la fuerza a firmar su regreso a México mientras sus hijos lloraban. "El miedo que eso me generó me hace devolverme a mi país", dice.
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José Mario Sarmiento, de Honduras, en un autobús que viaja de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala. “La vi muy difícil,” dice José Mario sobre la razón por la que ha decidido regresarse a su país. Llegó a Tijuana hace mes y medio. Quería cruzar ilegalmente ya que tiene una deportación previa, pero le dio mucho miedo la situación en la frontera y la posibilidad de ser arrestado y tener que pasar mucho tiempo en la cárcel.
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Bolsas de basura cargadas de pertenencias de migrantes que se regresan a sus países de origen en un autobús privado con trayecto Tijuana-Tapachula.
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José María García, conocido como 'Chema', encargado del albergue para migrantes Juventud 2000, parado frente a la casa ubicada en la zona norte de Tijuana, México, una de las áreas más inseguras de la ciudad. Según él, una parte de los centroamericanos que llegan al recinto deciden cruzar de forma ilegal a Estados Unidos "ya que ven que las posibilidades son cada vez más cerradas para poderse quedar o recibir el asilo", cuenta. Lo hacen, explica "porque cada vez ven más lejano (el fin de sus procesos) o cada vez ven menos las posibilidades de quedarse en los Estados Unidos". En sus estimaciones, 30% de los que llegan a su albergue se marchan o a su país o a la frontera para cruzar sin ser vistos.
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