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Juez federal ordena al gobierno de Trump reactivar protección de menores y jóvenes vulnerables contra las deportaciones

Un juez federal ordenó a la administración Trump que reanude el Estatus Especial para Inmigrantes Jóvenes (SIJS) que podría otorgar protección contra la deportación a niños y adolescentes vulnerables.
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Dueño de barbería en Raleigh cuenta el impacto de las redadas: sin clientes ni trabajadores
Hugo de la Rosa, dueño de una barbería en Raleigh, contó cómo el impacto de las redadas en Charlotte se extendió a la capital, creando temor en varios negocios, trabajadores y clientes. Hugo pasó de tener 12 barberos a solamente tres. “Todavía se siente el pánico; solo han llegado seis clientes esta semana”, explicó.

Un juez federal ordenó al gobierno de Donald Trump que vuelva a considerar la concesión de protección contra la deportación a ciertos jóvenes inmigrantes vulnerables.

El juez federal de distrito Eric Komitee determinó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que debe proteger contra la deportación a cierto grupos de menores de edad en virtud del programa Estatus Especial para Inmigrantes Jóvenes (SIJS) que la agencia rescindió en junio.

La decisión permitirá que el programa continúe mientras prosigue la demanda presentada por los demandantes en julio.

Los niños y jóvenes afectados son aquellos que han sido maltratados, descuidados o abandonados por uno de sus padres y a los que se les ha concedido el estatus de inmigrante juvenil especial a través de un tribunal estatal y del gobierno federal.

El SIJS, como se le conoce, se creó en 1990 con el apoyo bipartidista del Congreso y, aunque no concede estatus legal, permite a los jóvenes que cumplen los requisitos solicitar un visado para convertirse en residentes permanentes legales y obtener un permiso de trabajo.

Debido a los límites anuales, pueden pasar años hasta que se obtenga el visado. Bajo la administración Biden, el USCIS podía considerar proteger a los designados de la deportación mientras esperaban por el visado.

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Sin el programa de acción diferida, los jóvenes no reúnen los requisitos para obtener un permiso de trabajo, se enfrentan a la deportación y ya no podrían convertirse en residentes permanentes legales si son devueltos a su país de origen.

"El quid de la decisión del tribunal es que el gobierno no puede simplemente abandonar a cientos de miles de jóvenes como lo ha hecho, sin tener en cuenta cómo han construido toda su vida en torno a la política que existía", dijo a AP Stephanie Ellie Norton, abogada de los demandantes que trabaja para el Proyecto Nacional de Inmigración.

Según las órdenes del juez, tanto los menores que contaban con la protección como los nuevos solicitantes podrán presentar solicitudes para que se considere esta protección.

USCIS también deberá tomar decisiones sobre las solicitudes de permiso de trabajo de los nuevos solicitantes y de las personas designadas con estatus de acción diferida existente.

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