Con un embarazo de ocho meses y medio, una mujer salvadoreña que había cruzado el Río Grande desde México para pedir asilo en Estados Unidos fue detenida por la Patrulla Fronteriza. En vista de que ya presentaba contracciones, los agentes migratorios la llevaron a un hospital, donde le dieron medicamentos para detener las contracciones. Según la propia mujer y su abogado, fue enviada entonces casi inmediatamente a México.
La mujer y su hija de tres años viven en un campamento improvisado cerca del Puente Internacional en Matamoros, México. Ella esperaba dar a luz en cualquier momento, dijo días atrás su abogada, Jodi Goodwin. Su situación difícil pone de relieve los riesgos y peligros para la salud que presenta el programa 'Permanecer en México'.
"A ella le preocupa tener al bebé en la calle o tenerlo en un refugio", dijo Goodwin.
La inmigrantes se sumó así a las más de 38,000 personas que se han visto obligadas a esperar al otro lado de la frontera para acudir a una audiencia de un tribunal de inmigración que procese su solicitud de asilo.
Muchos de esos miles de migrantes fueron devueltos a México bajo el programa 'Permanecer en México' del gobierno de Donald Trump.
Las mujeres embarazadas enfrentan riesgos especiales en México porque los lugares donde los migrantes esperan para entrar a Estados Unidos a menudo no tienen comidas regulares, agua limpia ni atención médica.
Muchos refugios creados por el programa en las ciudades fronterizas mexicanas ya están llenos o por encima de su capacidad, y algunas familias duermen en tiendas de campaña o bajo mantas durante el calor abrasador del verano.
La agencia The Associated Press, que publicó la historia de la mujer salvadoreña, no la identificó porque ella teme por su seguridad.
El gobierno de Estados Unidos no exime automáticamente a las mujeres embarazadas del programa 'Permanecer en México'. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) se negó a hacer declaraciones sobre el caso de la mujer.
El programa, llamado oficialmente 'Migrant Protection Protocols' ('Protocolos de protección al migrante, en espanol), fue instituido por Estados Unidos y México como una forma de disuadir a los migrantes de cruzar la frontera para pedir asilo.
México ha cooperado en la ampliación del programa a pedido del presidente Trump, quien en junio amenazó con aplicarle a México aranceles paralizantes si no hacía más para detener a los migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las personas en "poblaciones vulnerables" pueden estar exentas de ser enviadas a México, pero las mujeres embarazadas no son necesariamente consideradas "vulnerables" indicó una oficina de CBP a la agencia AP.
"En algunos casos, el embarazo puede no ser observable o no haber sido revelado, y no puede en sí mismo descalificar a una persona para que sea apta para el programa", dijo la CBP en una declaración. "Los agentes y oficiales considerarían el embarazo, cuando existan otros factores asociados, para determinar la disponibilidad para el programa", agregó.
(Con información de AP)
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📸 Estos migrantes retornados a México se cansaron de esperar para entrar a EEUU y se devolvieron a sus países
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
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Un grupo de migrantes bajo el programa de 'Retorno a México'
espera para subirse al autobús que les llevará de regreso a su país, Guatemala. Un número creciente de centroamericanos están regresando a sus lugares de origen exhaustos por las largas esperas en México como consecuencia de este plan implementado por la administración Trump desde enero. Para sus primeras cortes,
los últimos que retornaron a Tijuana contaron que tienen que quedarse en México entre seis y nueve meses más.Almudena Toral/Univision
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Una migrante muestra los documentos de la política Protocolo de Protección de Migrantes recibidos de manos de las autoridades estadounidenses antes de ser devuelta a Tijuana. Más de 20,000 migrantes ya forman parte de este programa, por el cual tienen que esperar el resto de su proceso migratorio en ciudades fronterizas en las que corren riesgos de seguridad, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros.
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Personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brinda información a una migrante sobre el programa de Retorno Voluntario Asistido en el albergue Ágape en Tijuana, México. La OIM está proporcionando billetes de avión pagados con fondos del gobierno de Estados Unidos a los migrantes que quieran regresarse a Honduras, El Salvador y Guatemala. Un funcionario de la OIM explicó a Univision Noticias que, aunque son muchos los que sí se regresan, al menos 50% de los que se anotan en las listas pueden cambiar de opinión en el lapso de una semana.
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Iván Vargas, coordinador de la línea de autobuses privada Transporte Turístico Ejecutivo, revisa la lista de pasajeros de una unidad que tiene como destino Tapachula, Chiapas. La imagen fue tomada a las afueras del albergue Ágape en Tijuana, México.
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Diana Cruz, de 16 años, dice adiós a sus amigos del albergue Ágape antes de subirse al autobús que llevará a su familia de Tijuana a Tapachula. Esta familia decidió emprender el viaje de regreso a su país de origen, Guatemala, después de ver que el proceso de petición de asilo estaba muy demorado y les obligaba a esperar en México. La hermana pequeña, Atziry, de 7 años, empezó a decirle a la mamá que echaba de menos a su abuela y quería regresarse y la madre tomó la decisión de volver para no someter a sus niñas a más sufrimiento.
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La frontera entre México y Estados Unidos en El Chaparral, el cruce fronterizo en Tijuana. Decenas de inmigrantes llegan a este punto cada mañana para esperar su turno para entrar y ser entrevistados por la Patrulla Fronteriza. La espera promedio para que llamen un número ahora está en al menos cuatro meses. La mayoría de los migrantes son retornados a México con una fecha para su primera corte con un juez de inmigración. Pero, al final, el caso puede tomarles hasta un año, entre otras cosas, porque sin un abogado el juez los devuelve a México —o a los centros de detención si tienen la suerte de ser admitidos en Estados Unidos— hasta que vuelvan con alguien que los represente.
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Una adolescente guatemalteca que prefirió no ser identificada sale del albergue Embajadores de Jesús, antes de subirse a un autobús cuyo destino es Tapachula. Se regresa porque teme que en su corte el juez de inmigración la devuelva a la hielera de la Patrulla Fronteriza y tenga que vivir de nuevo el frío que caracteriza a estos lugares, la mala alimentaci´on y los maltratos de funcionarios que les reiteran que no son bienvenidos en Estados Unidos, según denuncia.
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El pastor Gustavo Banda, encargado del albergue Embajadores de Jesús, en el patio trasero de su casa donde organizan cada día donaciones que reciben para los migrantes. "Les están dando una esperanza muy pequeña para que se queden", dice Banda. "Los quieren desanimar porque su cita es hasta enero del año próximo", agrega. Él cree además que la falta de permisos de trabajo y la poca asistencia que les da el gobierno mexicano para regularizarse es lo que los desalienta a esperar hasta su primera fecha de corte.
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Francisco, de 34 años, quiere regresar a su país por su hijo Andy Javier, de 9 años. “Está sufriendo, mejor le regreso para Guatemala”, explica minutos antes de que parta el autobús del albergue Ágape en Tijuana.
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Dos hermanos guatemaltecos de 6 años y 8 años juegan antes de subirse al autobús que les llevará de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala.
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Ileidy Díaz, de Guatemala, es la madre de esos niños. Ella explica que su plan era que su esposo en Estados Unidos los pidiera, entre otras cosas porque ella y su hijo están enfermos: ella quería recibir tratamiento para su vitiligo y esperaba que su hijo pudiera ser tratado por una enfermedad en sus ojos. Por ahora, nada de eso ocurrirá. Díaz asegura que ya no quiere que sus hijos sufran más mientras esperan hasta el 14 de enero, cuando le tocará su fecha de corte. Cuenta que en la hielera les maltrataron, que a ella los funcionarios de la Patrulla Fronteriza la obligaron a la fuerza a firmar su regreso a México mientras sus hijos lloraban. "El miedo que eso me generó me hace devolverme a mi país", dice.
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José Mario Sarmiento, de Honduras, en un autobús que viaja de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala. “La vi muy difícil,” dice José Mario sobre la razón por la que ha decidido regresarse a su país. Llegó a Tijuana hace mes y medio. Quería cruzar ilegalmente ya que tiene una deportación previa, pero le dio mucho miedo la situación en la frontera y la posibilidad de ser arrestado y tener que pasar mucho tiempo en la cárcel.
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Bolsas de basura cargadas de pertenencias de migrantes que se regresan a sus países de origen en un autobús privado con trayecto Tijuana-Tapachula.
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José María García, conocido como 'Chema', encargado del albergue para migrantes Juventud 2000, parado frente a la casa ubicada en la zona norte de Tijuana, México, una de las áreas más inseguras de la ciudad. Según él, una parte de los centroamericanos que llegan al recinto deciden cruzar de forma ilegal a Estados Unidos "ya que ven que las posibilidades son cada vez más cerradas para poderse quedar o recibir el asilo", cuenta. Lo hacen, explica "porque cada vez ven más lejano (el fin de sus procesos) o cada vez ven menos las posibilidades de quedarse en los Estados Unidos". En sus estimaciones, 30% de los que llegan a su albergue se marchan o a su país o a la frontera para cruzar sin ser vistos.
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Agentes migratorios entablan demanda contra programa que obliga a los inmigrantes a esperar en México
