Este viernes, la justicia española autorizó la extradición a Estados Unidos del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, acusado de los delitos de narcotráfico y quien fuera jefe de contrainteligencia del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez y el actual mandatario, Nicolás Maduro.
En septiembre pasado, la Audiencia Nacional española había denegado la entrega al considerar que Estados Unidos la pedía "por una motivación política”. La Fiscalía recurrió esta primera decisión y el pleno decidió aceptar la extradición, informó la agencia EFE.
La Sala Penal de la audiencia revocó la decisión previa de la Sección Penal Tercera que negaba la extradición de Carvajal, conocido como “El Pollo”, luego de que la fiscalía apelara la decisión argumentando que las “motivaciones políticas” que aducía el exfuncionario venezolano eran una “mera declaración” que “carece de valor jurídico”. Once magistrados de la sala compartieron esa visión y siete la rechazaron.
El exgeneral fue detenido en España el pasado 12 de abril en virtud de una orden de arresto de Estados Unidos, acusado de trasladar toneladas de cocaína a ese país con ayuda de la cúpula de las guerrileras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Durante una audiencia Carvajal alegó que la petición de Estados Unidos carecía de fundamento y respondía a motivaciones políticas puesto que, según dijo en su momento su abogada, lo único que pretendía ese país era sacarle información sobre el gobierno de Chávez.
"Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco", enfatizó ante el tribunal español.
Carvajal, se ha declarado seguidor del opositor Juan Guaidó, por lo que dice sentirse un perseguido del presidente Maduro: "Lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz", aseguró.
Estados Unidos le atribuye delitos de "narcoterrorismo" por ser parte de una "estrategia dirigida desde la Presidencia de la República" de Venezuela, con la cooperación de las FARC, para introducir en Estados Unidos "grandes cantidades de cocaína".
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El general Ángel Vivas se encuentra físicamente afectado por una lesión de columna, que según las denuncias de su familia fueron provocadas por torturas.
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El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que estos presos "tomaron parte en actos de violencia en 2012, 2013, 2014, 2017". Se refería a las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
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El gobierno preparó un evento al que acudieron algunos de los que salieron de la cárcel. No gozan de libertad plena, pues les impusieron medidas restrictivas de su libertad, como presentaciones en tribunales periódicas.
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El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, volvió a recibir una medida que sustituye a la prisión. Ya le había sido otorgada casa por cárcel, pero lo habían vuelto a encarcelar. Fue uno de los líderes de la revuelta en la cárcel del Helicoide semanas atrás.
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Entre las medidas que deben cumplir los afectados están la prohibición de salida del país, presentaciones a tribunales y la imposibilidad de extresar sus opiniones en ningún medio de comunicación ni redes sociales.
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El Foro Penal Venezolano, ONG dedicada a defender encarcelados de forma gratuita, contabiliza 357 detenidos por causas políticas.
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Algunos presos lucían demacrados y mostraban pérdida de peso.
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El alcalde de San Cristóbal debe presentarse cada 30 días a tribunales. No goza de libertad plena.
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De los presos políticos que contabiliza el Foro Penal Venezolano, 71 están en la cárcel militar de Ramo Verde, 58 cumplían arresto domiciliario hasta hoy (la cifra aumenta con la nueva medida) y 48 estaban en la sede de la policía política en El Helicoide, de donde salió este contingente.
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Una semana antes de las elecciones, los presos políticos protagonizaron una inusual protesta carcelaria para exigir su libertad.
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Alfredo Romero, director del Foro Penal aseguró que de los 48 presos políticos en El Helicoide, solo 25 fueron trasladados al evento gubernamental en la sede de Cancillería.
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Hubo grandes ausencias entre los "liberados". Familiares y organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela esperan la liberación completa de todos, entre los que se encuentra un diputado con inmunidad parlamentaria (Gilber Caro).
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