Cuando todavía era presidente de México (2006-2012), Felipe Calderón recibió denuncias de que uno de los integrantes de su gabinete de seguridad, Genaro García Luna, estaba en la nómina del poderoso Cartel de Sinaloa, pero éste no hizo nada al respecto, dijo la exembajadora estadounidense Roberta Jacobson, según el semanario Proceso.
“La información que obteníamos (en el Departamento de Estado de Estados Unidos) era por conducto de funcionarios estadunidenses, pero venía de parte de mexicanos, ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de García Luna”, dijo Jacobson al mismo medio.
García Luna, quien era titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue detenido en diciembre en Texas acusado de amasar una fortuna a través de los sobornos que le entregó el Cartel de Sinaloa a cambio de permitirle operar a sus anchas en México. Su proceso penal es parte de la investigación del juicio y condena al narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. En dos audiencias de éste, el expresidente Calderón también salió salpicado.
Durante los argumentos iniciales del juicio contra Guzmán, su abogado defensor Jeffrey Litchman dijo que el actual jefe del cartel, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, le entregó “sobornos por cientos de millones de dólares” a Felipe Calderón y a su sucesor, Enrique Peña Nieto. Ambos negaron entonces dicha acusación.
Calderón se defiende
Este domingo, tras la publicación de la nota en Proceso, Calderón ha vuelto a tuitear su versión de los hechos, buscando limpiar su imagen. “Como la (ex)embajadora Jacobson dice, lo que había eran rumores no corroborados -ni por EUA ni por México- con evidencias o fuentes sin sesgo”, respondió.
En un comunicado de dos páginas, el expresidente afirmó que jamás tuvo información acusando a García Luna de sus nexos con ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’. “Actué con determinación contra esas organizaciones criminales y recibí amenazas por perseguirlas, y jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos de esa naturaleza siguiera en el gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter.
También cuestionó que la exdiplomática asegure que tenía acusaciones contra el entonces titular de la SSP, mientras su gobierno le entregaba a México dispositivos y tecnología de vanguardia, así como armamento y equipo militar, incluyendo varios helicópteros.
Según Calderón, el grado de cooperación entre ambos gobiernos “alcanzó niveles sin precedentes” durante su administración y recalcó que existía “interlocución abierta con todas las dependencias”.
“Si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido información procesable contra cualquier alto funcionario mexicano, esa información debería haberse comunicado a mi gobierno a través de alguno de los robustos canales de comunicación que teníamos. Eso no ocurrió”, reclamó el expresidente.
Dos horas después del tuit de Calderón, la exembajadora Jacobson publicó en la misma red social que “no hay una historia de fondo o una conspiración de ‘por qué ahora’” decidió hablar del caso.
“Seamos claros acerca de lo que dije y siempre he dicho sobre el exsecretario García Luna: 1. Nunca vi ninguna información CORROBORADA de participación en el tráfico de drogas; 2. En un ambiente de muchos rumores, uno siempre es cauteloso al trabajar con funcionarios”, agregó ella en un tuit.
García Luna sigue preso en un penal federal de Nueva York en espera de su juicio. Un juez le negó salir libre bajo fianza e incluso desechó la petición de su abogado citando que su vida corre peligro por el brote del coronavirus en cárceles estadounidenses.
A finales de febrero, el juez Brian Cogan (el mismo que sentenció a ‘El Chapo’) acató las advertencias hechas por la Fiscalía federal de que García Luna puede fugarse con la ayuda del cartel, usar su riqueza para ocultarse en México o escapar hacia un país que no acate las órdenes de extradición.
De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), tanto el cartel, como funcionarios mexicanos corruptos, le brindarían asistencia para que en su juicio no se divulgue información que los incrimine. “El acusado tiene acceso a recursos poderosos en México, incluyendo una gran cantidad de funcionarios corruptos del gobierno mexicano y miembros del Cartel de Sinaloa”, advirtió la Fiscalía.
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Genaro García Luna. La organización criminal creada por el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le entregó a Genaro García Luna, quien tuvo cargos de responsabilidad en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (de 2000 a 2012), presuntos sobornos para asegurar sus cargamentos de droga y obtener información sensible sobre inteligencia, según una acusación interpuesta en una corte federal de Nueva York. En dos ocasiones, el cartel supuestamente le entregó maletas que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo, afirma la Fiscalía. Fue arrestado en Texas el 9 de diciembre de 2019. Su nombre se mencionó en el juicio a ‘El Chapo’.
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Jorge Juan Torres López. Quien fuera gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, de 65 años, enfrenta señalamientos de lavado de dinero, fraude bancario y malversación de fondos públicos en un tribunal federal en el sur de Texas. Fue extraditado a finales de octubre de 2019. El caso está relacionado con un litigio civil en el que las autoridades confiscaron dos cuentas bancarias en Bermudas. Torres López y Héctor Javier Villarreal-Hernández, su secretario de finanzas, presuntamente abrieron las cuentas para colocar dinero robado. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel.
Fiscalía General de la República (FGR)
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Edgar Veytia. Cinco carteles de la droga lo tenían en su nómina cuando era fiscal de Nayarit, un estado clave para las actividades del narcotráfico en México. Edgar Veytia, alias ‘El Diablo’, recibió sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y otros grupos criminales, señala la acusación. En septiembre de 2019, un juez federal en Brooklyn lo condenó a 20 años de prisión por cargos de conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia EEUU. Se cree recibió de los capos al menos un millón de dólares. La justicia estadounidense ordenó que entregue dicha suma.
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Roberto Sandoval Castañeda. El exgobernador de Nayarit (2011-2017) fue fichado por las autoridades estadounidenses en mayo de 2019. Entonces se ordenó congelar sus cuentas bancarias y confiscar sus bienes en este país. Se alega que participó “en una serie de actos de corrupción” y recibió sobornos de grupos criminales, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación. EEUU afirma que su esposa y sus hijos son sus testaferros, y también los colocó en su lista negra. Al momento sigue libre en México y en entrevistas aseguró que es víctima de una persecución política y que solo tiene poco más de 11,000 dólares en sus cuentas bancarias.
Twitter @RobertoSandoval
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Mario Villanueva Madrid. El exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), Mario Villanueva Madrid, fue condenado por lavado de dinero y por su conexión con el Cartel de Juárez. Un tiempo pagó su condena en una prisión-hospital en Lexington. Al finalizar su administración fue acusado de narcotráfico y permaneció prófugo de la justicia por 2 años y 2 meses. Lo arrestaron en Cancún. Se alega que daba facilidades para el transporte de droga de Colombia a EEUU, a través de Quintana Roo, y envió millones de dólares a bancos en Suiza y Bahamas. En 2008, Villanueva fue sentenciado a más de 36 años por distintos cargos de contrabando de droga. Fue extraditado en 2010 a EEUU. A finales de 2016 fue deportado a México.
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José Rubén Gil Campos. Estuvo en la alcaldía de su natal Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, solo 40 días. José Rubén Gil Campos fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en 2008 bajo sospecha de que conspiró para distribuir cocaína a Nueva York. Seis años después, agentes de la DEA lo detuvieron en esta metrópoli por una investigación que descubrió que su empresa transportista movía droga del Cartel de Sinaloa de costa a costa. Uno de sus cómplices fue señalado por lavar más de 100 millones de dólares de la empresa criminal de ‘El Chapo’ Guzmán. En agosto de 2019 fue condenado a pasar 12 años tras las rejas.
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Isidro Avelar Gutiérrez. Desde noviembre de 2019, este exmagistrado mexicano duerme en una celda de una prisión de máxima seguridad en el centro de México. Isidro Avelar Gutiérrez se enriqueció por estar en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero Los Cuinis “a cambio de proporcionar sentencias judiciales favorables a sus miembros superiores”, según el gobierno estadounidense. Estaba en la mirilla “por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”, señala la justicia mexicana. Ahora EEUU busca que lo extraditen y ya ordenó que congelen sus bienes en este país.
Departamento del Tesoro
U.S. and Mexico Border Summit
Tomás Yarrington Ruvalcaba. El hombre que gobernó el estado de Tamaulipas de 1999 y 2004 fue extraditado en abril de 2018 para hacer frente en EEUU a las acusaciones de extorsión, contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude bancario. En México pesan acusaciones sobre el exfuncionario en torno a las facilidades que dio al cártel del Golfo y a Los Zetas para el trasiego de estupefacientes a este país. En abril de 2017, Yarrington Ruvalcaba fue capturado en Italia mientras viajaba con un pasaporte falso. La investigación en su contra duró varios años y señala al dueño de una constructora mexicana. Una vez fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó su país por más de 70 años consecutivos.
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Eugenio Hernández Flores. En junio de 2015, el Departamento de Justicia (DOJ) desveló una acusación contra el exgobernador de Tamaulipas (de 2005 a 2010), Eugenio Hernández Flores, por presunta conspiración para lavado de dinero y ayudar con la operación de un negocio de envío de dinero sin licencia. EEUU alega tener evidencia de que él y un cómplice movieron ilegalmente unos 30 millones de dólares. También se busca confiscarle tres propiedades en McAllen, Texas, valoradas en más de 2 millones de dólares, y otra en Austin. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel. El exmandatario lleva dos años en una prisión mexicana y ha presentado distintos recursos legales buscando detener su extradición.
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Humberto Moreira Valdés. En una corte federal de Texas un testigo lo vinculó con el Cartel de Los Zetas y lo acusó de lavar dinero del narcotráfico. Pero Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila (de 2005 a 2010) y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue absuelto en 2016 por la justicia española. Allá permaneció detenido unos días. El testigo Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador de Los Zetas, afirmó que los narcotraficantes entregaron dinero a funcionarios durante la administración de Moreira, quien les dio contratos públicos para la remodelación de escuelas y carreteras. EEUU confiscó en 2013 una cuenta bancaria en Bermuda que tenía $2.2 millonesy estaba a nombre de quien fue su secretario de Finanzas, Héctor Villareal. Ese dinero provenía del lavado de dinero, cita la acusación.
EFE
