El gobierno de México está tratando de cortar de raíz la oscura gestión del exjefe antinarco Genaro García Luna, quien se encuentra detenido a la espera de su juicio en una corte federal en Nueva York por acusaciones de que aceptó decenas de millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa.
A la fecha, cerca de 30 funcionarios y mandos policiales vinculados a García Luna han sido cesados por temor de que estén en la nómina del crimen organizado, informó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Que no quede nadie. Se han despedido cerca de 30 funcionarios, pero se volvió a hacer una revisión porque no queremos que haya involucramiento, porque esto viene de tiempo atrás”, dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.
“Todos ellos se formaron en el CISEN (el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional), son historias negras que se fueron formando todos estos policías, aplaudidos, reconocidos por los medios de información (…) y miren”, recalcó el mandatario.
Entre los despedidos están dos directores generales de la Guardia Nacional, la corporación militar que se formó hace un año para sumarse al combate al narcotráfico en ese país. Además, corrieron a oficiales del Centro Nacional de Inteligencia y del sistema penitenciario, dos dependencias federales que son clave en la lucha contra las organizaciones criminales.
También identificaron a cercanos de García Luna, desde policías y hasta oficiales de alto perfil, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La Fiscalía estadounidense alega que García Luna aceptó decenas de millones de dólares en sobornos para proteger al Cartel de Sinaloa y a quienes entonces tenían sus riendas, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y su socio Ismael ‘El Mayo’ Zambada. En el juicio de ‘El Chapo’ se reveló que García Luna recibió maletas llenas de dinero para dejar que el cartel operara a sus anchas y atacar a sus enemigos.
Con esa fortuna ilícita, García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), abrió empresas y compró mansiones en EEUU, según la denuncia penal.
“Llueven balas por todos lados”: imágenes fuertes de la guerra sin cuartel de los carteles mexicanos para controlar el territorio
Otros exjefes antinarcos acusados
No es el único que enfrenta un proceso judicial en Nueva York. A finales de julio, la Fiscalía presentó acusaciones de narcotráfico contra dos exfuncionarios que estaban bajo sus órdenes, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García. Ambos son considerados prófugos de la justicia estadounidense y enfrentan tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína.
El Departamento de Justicia (DOJ) sospecha que los tres proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden sobre investigaciones contra el cartel e información sobre grupos rivales, “lo que facilitó la importación de cantidades de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”.
El actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo la semana pasada que entonces había sido cesados 18 funcionarios por sus vínculos con García Luna. “Son puestos de confianza, por lo que pueden ser removidos de responsabilidad precisamente por la pérdida de confianza”, señaló.
Ni el gobierno de EEUU ni el de México han presentado acusaciones contra otros oficiales del sexenio de Felipe Calderón. “No hay casos penales (contra los relevados) porque no están siendo despedidos porque se encontró alguna irregularidad en su desempeño”, dijo Durazo hace unos días.
“Pero no podemos ser ingenuos en este tema y sabemos que la red de complicidades se teje cuando las carreras profesionales crecen en paralelo, en este caso a García Luna (...) Estaban en un ambiente de subordinación directa a García Luna, directa o inmediata”, aclaró el funcionario.
México fue un “narcoestado”
El caso del también llamado ‘superpolicía’ del Partido Acción Nacional, que gobernó México durante dos sexenios, de 2000 a 2012, se volvió el estandarte del combate a la corrupción institucional que encabeza la actual administración. Aunque en México jamás lo vincularon a proceso alguno, ni siquiera después de las escandalosas declaraciones vertidas en el juicio contra ‘El Chapo’ Guzmán en Brooklyn.
El presidente López Obrador consideró el lunes que, ante la supuesta protección que un alto mando de seguridad le ofreció al Cartel de Sinaloa, es correcto decir que México fue un “narcoestado”, justo en la época en que le declaró la guerra al crimen organizado.
“Se llegó a hablar de un ‘narcoestado’ y yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esta manera al Estado mexicano, pero luego con todo esto saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un ‘narcoestado’ porque estaba tomado el gobierno, quienes tenían a su cargo combatir la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia”, dijo el mandatario.
“Mandaba la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger”, agregó.
Estas palabras le cayeron como balde de agua fría al expresidente Felipe Calderón, quien no dudó en rechazar “categóricamente” que su gestión haya estado bajo el control de los carteles de la droga.
“Yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá de ‘El Chapo’, no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos de ‘El Chapo’”, respondió Calderón en una entrevista en la cadena Radio Fórmula. “Soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos, el que más ha capturado a los más buscados de la justicia, 25 de 34”, enfatizó.
Calderón se refería al apretón de manos que, en medio de la pandemia, López Obrador le dio en Sinaloa a la madre del exjefe del Cartel de Sinaloa. Ella le ha pedido que interceda para que pueda visitar a su hijo, quien desde enero de 2017 ha estado en prisiones estadounidenses.
El exmandatario también le criticó a su sucesor que haya ordenado liberar al hijo de ‘El Chapo’, Ovidio Guzmán López, tras múltiples balaceras, incendios de autos y el secuestro de militares en Culiacán en octubre de 2019.
Este martes, López Obrador continuó este pleito de declaraciones señalando que volvería a saludar a la madre de ‘El Chapo’ si se la encuentra en el camino y sobre la liberación de Ovidio Guzmán insistió: “yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas”.
De 'El Diablo' a Genaro García Luna: 10 funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico y corrupción en EEUU
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Genaro García Luna. La organización criminal creada por el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le entregó a Genaro García Luna, quien tuvo cargos de responsabilidad en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (de 2000 a 2012), presuntos sobornos para asegurar sus cargamentos de droga y obtener información sensible sobre inteligencia, según una acusación interpuesta en una corte federal de Nueva York. En dos ocasiones, el cartel supuestamente le entregó maletas que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo, afirma la Fiscalía. Fue arrestado en Texas el 9 de diciembre de 2019. Su nombre se mencionó en el juicio a ‘El Chapo’.
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Jorge Juan Torres López. Quien fuera gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, de 65 años, enfrenta señalamientos de lavado de dinero, fraude bancario y malversación de fondos públicos en un tribunal federal en el sur de Texas. Fue extraditado a finales de octubre de 2019. El caso está relacionado con un litigio civil en el que las autoridades confiscaron dos cuentas bancarias en Bermudas. Torres López y Héctor Javier Villarreal-Hernández, su secretario de finanzas, presuntamente abrieron las cuentas para colocar dinero robado. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel.
Fiscalía General de la República (FGR)
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Edgar Veytia. Cinco carteles de la droga lo tenían en su nómina cuando era fiscal de Nayarit, un estado clave para las actividades del narcotráfico en México. Edgar Veytia, alias ‘El Diablo’, recibió sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y otros grupos criminales, señala la acusación. En septiembre de 2019, un juez federal en Brooklyn lo condenó a 20 años de prisión por cargos de conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia EEUU. Se cree recibió de los capos al menos un millón de dólares. La justicia estadounidense ordenó que entregue dicha suma.
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Roberto Sandoval Castañeda. El exgobernador de Nayarit (2011-2017) fue fichado por las autoridades estadounidenses en mayo de 2019. Entonces se ordenó congelar sus cuentas bancarias y confiscar sus bienes en este país. Se alega que participó “en una serie de actos de corrupción” y recibió sobornos de grupos criminales, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación. EEUU afirma que su esposa y sus hijos son sus testaferros, y también los colocó en su lista negra. Al momento sigue libre en México y en entrevistas aseguró que es víctima de una persecución política y que solo tiene poco más de 11,000 dólares en sus cuentas bancarias.
Twitter @RobertoSandoval
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Mario Villanueva Madrid. El exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), Mario Villanueva Madrid, fue condenado por lavado de dinero y por su conexión con el Cartel de Juárez. Un tiempo pagó su condena en una prisión-hospital en Lexington. Al finalizar su administración fue acusado de narcotráfico y permaneció prófugo de la justicia por 2 años y 2 meses. Lo arrestaron en Cancún. Se alega que daba facilidades para el transporte de droga de Colombia a EEUU, a través de Quintana Roo, y envió millones de dólares a bancos en Suiza y Bahamas. En 2008, Villanueva fue sentenciado a más de 36 años por distintos cargos de contrabando de droga. Fue extraditado en 2010 a EEUU. A finales de 2016 fue deportado a México.
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José Rubén Gil Campos. Estuvo en la alcaldía de su natal Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, solo 40 días. José Rubén Gil Campos fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en 2008 bajo sospecha de que conspiró para distribuir cocaína a Nueva York. Seis años después, agentes de la DEA lo detuvieron en esta metrópoli por una investigación que descubrió que su empresa transportista movía droga del Cartel de Sinaloa de costa a costa. Uno de sus cómplices fue señalado por lavar más de 100 millones de dólares de la empresa criminal de ‘El Chapo’ Guzmán. En agosto de 2019 fue condenado a pasar 12 años tras las rejas.
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Isidro Avelar Gutiérrez. Desde noviembre de 2019, este exmagistrado mexicano duerme en una celda de una prisión de máxima seguridad en el centro de México. Isidro Avelar Gutiérrez se enriqueció por estar en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero Los Cuinis “a cambio de proporcionar sentencias judiciales favorables a sus miembros superiores”, según el gobierno estadounidense. Estaba en la mirilla “por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”, señala la justicia mexicana. Ahora EEUU busca que lo extraditen y ya ordenó que congelen sus bienes en este país.
Departamento del Tesoro
U.S. and Mexico Border Summit
Tomás Yarrington Ruvalcaba. El hombre que gobernó el estado de Tamaulipas de 1999 y 2004 fue extraditado en abril de 2018 para hacer frente en EEUU a las acusaciones de extorsión, contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude bancario. En México pesan acusaciones sobre el exfuncionario en torno a las facilidades que dio al cártel del Golfo y a Los Zetas para el trasiego de estupefacientes a este país. En abril de 2017, Yarrington Ruvalcaba fue capturado en Italia mientras viajaba con un pasaporte falso. La investigación en su contra duró varios años y señala al dueño de una constructora mexicana. Una vez fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó su país por más de 70 años consecutivos.
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Eugenio Hernández Flores. En junio de 2015, el Departamento de Justicia (DOJ) desveló una acusación contra el exgobernador de Tamaulipas (de 2005 a 2010), Eugenio Hernández Flores, por presunta conspiración para lavado de dinero y ayudar con la operación de un negocio de envío de dinero sin licencia. EEUU alega tener evidencia de que él y un cómplice movieron ilegalmente unos 30 millones de dólares. También se busca confiscarle tres propiedades en McAllen, Texas, valoradas en más de 2 millones de dólares, y otra en Austin. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel. El exmandatario lleva dos años en una prisión mexicana y ha presentado distintos recursos legales buscando detener su extradición.
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Humberto Moreira Valdés. En una corte federal de Texas un testigo lo vinculó con el Cartel de Los Zetas y lo acusó de lavar dinero del narcotráfico. Pero Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila (de 2005 a 2010) y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue absuelto en 2016 por la justicia española. Allá permaneció detenido unos días. El testigo Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador de Los Zetas, afirmó que los narcotraficantes entregaron dinero a funcionarios durante la administración de Moreira, quien les dio contratos públicos para la remodelación de escuelas y carreteras. EEUU confiscó en 2013 una cuenta bancaria en Bermuda que tenía $2.2 millonesy estaba a nombre de quien fue su secretario de Finanzas, Héctor Villareal. Ese dinero provenía del lavado de dinero, cita la acusación.
EFE
