El gobierno mexicano informó este jueves que dejaría de extraditar a funcionarios que hayan sido vinculados con el crimen organizado, pero después rectificó que seguirá cooperando con Estados Unidos en esa materia.
Esto ocurrió tras la polémica repatriación del exministro de Defensa de México Salvador Cienfuegos Zepeda, cuyo retorno puso fin a las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero que enfrentó en Estados Unidos.
El jueves, el canciller mexicano Marcelo Ebrard habló sobre un supuesto viraje diplomático que habría afectado un tratado que ambos países firmaron en 1978 y que ha enviado a más de 1,000 sospechosos de narcotráfico, asesinato, violación y blanqueo de capitales a prisiones estadounidenses. En esa lista están exgobernadores y jefes de carteles, como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
El Departamento de Justicia (DOJ) desmintió a Ebrard en un breve comunicado enviado a Univision Noticias el cual subraya que "es falso el reporte de que un nuevo acuerdo bilateral de ese tipo fue hecho".
Jesús Ramírez, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, rectificó por su parte que México sigue dispuesto a cooperar para extraditar a narcotraficantes y funcionarios acusados de estar en su nómina.
“Lo que no queremos son acciones sorpresa”, explicó Ramírez en una entrevista con la agencia AP. El funcionario señaló que "se justifica que sean juzgados en Estados Unidos” quienes cometieron delitos en ambos países.
Esta aclaración fue hecha horas después de que Ebrad declaró que México logró un nuevo pacto con el Departamento de Justicia (DOJ) para que, de ahora en adelante, le comparta detalles de cada una de las investigaciones que realice en ese país (lo cual alegan no ocurrió en el caso Cienfuegos Zepeda) y juzgar allá a los oficiales requeridos en EEUU por ser cómplices de narcotraficantes.
“Si hay una investigación, indagatoria, indicio de corrupción, de colusión con la delincuencia, que se haga del conocimiento a las autoridades mexicanas, que México sabrá aplicar la ley”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“(Que) sean procesados, juzgados y, en su caso, sentenciados en México y no en otros países. Esa es la base que ha alentado este acuerdo” que recién se discutió con Estados Unidos, agregó el funcionario.
Las extradiciones han sido cotidianas desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el cual realizó 594, más que ningún otro presidente mexicano. Su sucesor Enrique Peña Nieto envió a 395 personas, mientras que Andrés Manuel López Obrador ya mandó a más de 90. Los más recientes fueron operadores de los carteles de Jalisco y del clan de los Beltrán Leyva.
Así explicó López Obrador su decisión de investigar y enjuiciar a los oficiales acusados de corrupción en cortes mexicanas: “No porque se trata de agencias o instancias jurídicas de otros países. ¡Ya! Ellos son los poseedores de la rectitud y de la justicia”.
Según el mandatario, el rutinario esquema de las extradiciones se fue alimentando “porque no estaban a la altura las autoridades de México y se fue creando esa idea de que ‘allá sí hay castigo, aquí no’”.
Los funcionarios extraditados
Con excepción de ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue el jefe del Cartel de Sinaloa, otros personajes de alto calibre señalados por tráfico de drogas, lavado de dinero y malversación de fondos públicos se han declarado culpables y fueron condenados en tribunales estadounidenses.
Entre ellos están tres exgobernadores: Jorge Juan Torres López de Coahuila, Mario Villanueva Madrid de Quintana Roo y Tomás Yarrington Ruvalcaba de Tamaulipas.
Si México hubiese aplicado el nuevo pacto al pie de la letra, se impediría la extradición de prominentes figuras públicas, como el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, acusado de cometer actos de corrupción y recibir sobornos del Cartel de Jalisco.
También son requeridos en tribunales federales estadounidenses el exjuez Isidro Avelar Gutiérrez, señalado por estar en la nómina de la organización criminal ‘Los Cuinis’; y el exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, vinculado a una presunta conspiración de lavado de dinero.
“No amenazamos a nadie”
El general Cienfuegos Zepeda quedó libre de cargos la tarde del miércoles, cuando alguaciles lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en el aeropuerto de Toluca, en el centro de México. Allí le informaron que había una investigación en su contra y unos minutos después lo dejaron en libertad porque no existe una acusación formal en ese país. Apenas llevan un mes indagando su caso.
Una juez federal en Brooklyn acordó retirar la acusación por un pedido de la Fiscalía estadounidense, la cual señaló que era más importante mantener la relación binacional que encarcelar a este militar.
Pero personas familiarizadas con el caso citadas por el diario The New York Times aseguraron que México le advirtió que estaba considerando expulsar del país a los agentes federales antidrogas estadounidenses.
López Obrador lo negó: “No amenazamos a nadie. Lo único que hicimos fue, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien… Dijimos: ‘queremos que se nos informe y se respeten los acuerdos de cooperación’”.
Otra controversia surgió cuando un general brigadier retirado, José Francisco Gallardo Rodríguez, afirmó sin presentar pruebas que una supuesta cofradía de militares de alto nivel le exigió al presidente de México que trajera de vuelta a Cienfuegos Zepeda. Se harían llamar ‘El Sindicato’.
“Doblaron al presidente”, dijo Gallardo Rodríguez en una entrevista con el programa Los Periodistas.
Lo cierto es que el mandatario matizó su discurso al referirse a Cienfuegos Zepeda. A mediados de octubre calificaba de “muy lamentable” su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles y dijo que “ojalá esto sirva de ejemplo para comprender que el principal problema de México es la corrupción”.
Este jueves, sin embargo, se refirió al militar de otra forma: diciendo que “no se puede permitir que agencias el extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas”, que es una injusticia “incluso que se encarcele a alguien que es inocente” y recalcó que no aceptará “que se fabriquen delitos”.
A decir del canciller Ebrard no debe caber duda de que la Fiscalía mexicana “llevará a cabo (…) una investigación a la altura del prestigio de México". Expresó que “sería casi suicida” haber logrado una repatriación histórica para que al final se dé carpetazo al asunto. “Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”, mencionó.
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De 'El Diablo' a Genaro García Luna: 10 funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico y corrupción en EEUU
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Genaro García Luna. La organización criminal creada por el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le entregó a Genaro García Luna, quien tuvo cargos de responsabilidad en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (de 2000 a 2012), presuntos sobornos para asegurar sus cargamentos de droga y obtener información sensible sobre inteligencia, según una acusación interpuesta en una corte federal de Nueva York. En dos ocasiones, el cartel supuestamente le entregó maletas que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo, afirma la Fiscalía. Fue arrestado en Texas el 9 de diciembre de 2019. Su nombre se mencionó en el juicio a ‘El Chapo’.
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Jorge Juan Torres López. Quien fuera gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, de 65 años, enfrenta señalamientos de lavado de dinero, fraude bancario y malversación de fondos públicos en un tribunal federal en el sur de Texas. Fue extraditado a finales de octubre de 2019. El caso está relacionado con un litigio civil en el que las autoridades confiscaron dos cuentas bancarias en Bermudas. Torres López y Héctor Javier Villarreal-Hernández, su secretario de finanzas, presuntamente abrieron las cuentas para colocar dinero robado. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel.
Fiscalía General de la República (FGR)
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Edgar Veytia. Cinco carteles de la droga lo tenían en su nómina cuando era fiscal de Nayarit, un estado clave para las actividades del narcotráfico en México. Edgar Veytia, alias ‘El Diablo’, recibió sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y otros grupos criminales, señala la acusación. En septiembre de 2019, un juez federal en Brooklyn lo condenó a 20 años de prisión por cargos de conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia EEUU. Se cree recibió de los capos al menos un millón de dólares. La justicia estadounidense ordenó que entregue dicha suma.
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Roberto Sandoval Castañeda. El exgobernador de Nayarit (2011-2017) fue fichado por las autoridades estadounidenses en mayo de 2019. Entonces se ordenó congelar sus cuentas bancarias y confiscar sus bienes en este país. Se alega que participó “en una serie de actos de corrupción” y recibió sobornos de grupos criminales, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación. EEUU afirma que su esposa y sus hijos son sus testaferros, y también los colocó en su lista negra. Al momento sigue libre en México y en entrevistas aseguró que es víctima de una persecución política y que solo tiene poco más de 11,000 dólares en sus cuentas bancarias.
Twitter @RobertoSandoval
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Mario Villanueva Madrid. El exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), Mario Villanueva Madrid, fue condenado por lavado de dinero y por su conexión con el Cartel de Juárez. Un tiempo pagó su condena en una prisión-hospital en Lexington. Al finalizar su administración fue acusado de narcotráfico y permaneció prófugo de la justicia por 2 años y 2 meses. Lo arrestaron en Cancún. Se alega que daba facilidades para el transporte de droga de Colombia a EEUU, a través de Quintana Roo, y envió millones de dólares a bancos en Suiza y Bahamas. En 2008, Villanueva fue sentenciado a más de 36 años por distintos cargos de contrabando de droga. Fue extraditado en 2010 a EEUU. A finales de 2016 fue deportado a México.
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José Rubén Gil Campos. Estuvo en la alcaldía de su natal Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, solo 40 días. José Rubén Gil Campos fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en 2008 bajo sospecha de que conspiró para distribuir cocaína a Nueva York. Seis años después, agentes de la DEA lo detuvieron en esta metrópoli por una investigación que descubrió que su empresa transportista movía droga del Cartel de Sinaloa de costa a costa. Uno de sus cómplices fue señalado por lavar más de 100 millones de dólares de la empresa criminal de ‘El Chapo’ Guzmán. En agosto de 2019 fue condenado a pasar 12 años tras las rejas.
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Isidro Avelar Gutiérrez. Desde noviembre de 2019, este exmagistrado mexicano duerme en una celda de una prisión de máxima seguridad en el centro de México. Isidro Avelar Gutiérrez se enriqueció por estar en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero Los Cuinis “a cambio de proporcionar sentencias judiciales favorables a sus miembros superiores”, según el gobierno estadounidense. Estaba en la mirilla “por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”, señala la justicia mexicana. Ahora EEUU busca que lo extraditen y ya ordenó que congelen sus bienes en este país.
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Tomás Yarrington Ruvalcaba. El hombre que gobernó el estado de Tamaulipas de 1999 y 2004 fue extraditado en abril de 2018 para hacer frente en EEUU a las acusaciones de extorsión, contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude bancario. En México pesan acusaciones sobre el exfuncionario en torno a las facilidades que dio al cártel del Golfo y a Los Zetas para el trasiego de estupefacientes a este país. En abril de 2017, Yarrington Ruvalcaba fue capturado en Italia mientras viajaba con un pasaporte falso. La investigación en su contra duró varios años y señala al dueño de una constructora mexicana. Una vez fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó su país por más de 70 años consecutivos.
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Eugenio Hernández Flores. En junio de 2015, el Departamento de Justicia (DOJ) desveló una acusación contra el exgobernador de Tamaulipas (de 2005 a 2010), Eugenio Hernández Flores, por presunta conspiración para lavado de dinero y ayudar con la operación de un negocio de envío de dinero sin licencia. EEUU alega tener evidencia de que él y un cómplice movieron ilegalmente unos 30 millones de dólares. También se busca confiscarle tres propiedades en McAllen, Texas, valoradas en más de 2 millones de dólares, y otra en Austin. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel. El exmandatario lleva dos años en una prisión mexicana y ha presentado distintos recursos legales buscando detener su extradición.
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Humberto Moreira Valdés. En una corte federal de Texas un testigo lo vinculó con el Cartel de Los Zetas y lo acusó de lavar dinero del narcotráfico. Pero Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila (de 2005 a 2010) y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue absuelto en 2016 por la justicia española. Allá permaneció detenido unos días. El testigo Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador de Los Zetas, afirmó que los narcotraficantes entregaron dinero a funcionarios durante la administración de Moreira, quien les dio contratos públicos para la remodelación de escuelas y carreteras. EEUU confiscó en 2013 una cuenta bancaria en Bermuda que tenía $2.2 millonesy estaba a nombre de quien fue su secretario de Finanzas, Héctor Villareal. Ese dinero provenía del lavado de dinero, cita la acusación.
EFE
