La liberación a punta de pistola de uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que ocurrió en Sinaloa en octubre de 2019, el ataque armado del Cartel de Jalisco contra un jefe policial en la Ciudad de México en el verano de 2020 y las balaceras entre sicarios que en julio pasado cobraron la vida de 16 personas en Zacatecas. Estos son algunos de los incidentes que el gobierno de México menciona en una demanda que presentó contra compañías fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos.
En 135 páginas, la querella detalla además múltiples decomisos de pistolas, rifles de asalto y fusiles de francotirador estadounidenses (cuyas balas son capaces de derribar un helicóptero militar) que tenían en su poder miembros de los carteles de Sinaloa, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, del Golfo, del Noroeste y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La administración de Andrés Manuel López Obrador hace una descripción inédita del rastro del tráfico de armas, desde las compras legales en tiendas de EEUU hasta su detección luego de hechos violentos en México. Es el caso de la armería Carter’s Country en Spring, Texas, que en 2006 suministró armas a un traficante, incluidos dos rifles Smith & Wesson (elaborado por uno de los demandados). Unos meses después, a 1,200 millas de ese negocio, uno de esos rifles se usó para asesinar a cuatro policías y tres empleados en dos oficinas del fiscal general en el puerto de Acapulco, en el sureste de México.
“Los carteles no tienen derechos de la Segunda Enmienda”, subraya la acción legal refiriéndose a las garantías establecidas en la Constitución de EEUU para portar armas para la defensa personal.
A continuación, las claves de la histórica demanda que México interpuso el miércoles en una corte federal de Massachussets contra quienes elaboran las armas que utilizan los carteles: