El presidente Joe Biden firmó el viernes un decreto que ordena desclasificar documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 como un gesto de apoyo a los familiares de las víctimas que han demandado acceso a esos documentos con esperanzas de demostrar la presunta implicación del gobierno de Arabia Saudita.
El decreto, emitido poco más de una semana antes del 20 aniversario de los ataques, marca un momento significativo en el forcejeo de años entre el gobierno y las familias sobre cuál información clasificada sobre los días previos a los ataques podía ser publicada.
El conflicto fue evidente el mes pasado, cuando unos 1,800 familiares, sobrevivientes y socorristas se opusieron a la participación de Biden en los eventos conmemorativos si los documentos seguían siendo clasificados.
“Los eventos ocurrieron hace dos décadas o más y se relacionan con un acontecimiento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de muchos estadounidenses”, dice la orden ejecutiva. “Es por tanto crítico asegurarnos de que el gobierno de Estados Unidos maximiza la transparencia, recurriendo a la confidencialidad solamente cuando sea necesario y esté estrechamente definida”.
La orden le instruye al Departamento de Justicia y a otras agencias del Poder Ejecutivo que comiencen una revisión de desclasificación y requiere que los documentos sean publicados en los próximos seis meses.
Investigaciones previas han delineado vínculos entre ciudadanos sauditas y algunos de los secuestradores de los aviones, pero no han establecido que el gobierno de Arabia Saudita haya estado directamente involucrado.
Una demanda presentada hace tiempo en un tribunal federal en Nueva York dice que funcionarios sauditas proveyeron un respaldo significativo a algunos de los secuestradores antes de los ataques y busca responsabilizar al reino árabe. El gobierno saudita ha negado cualquier vínculo con los atentados.
La comisión del Congreso de EEUU que investigó los ataques concluyó que no había pruebas de que el gobierno de Arabia Saudita o altos funcionarios de ese país hubieran proporcionado fondos a los terroristas implicados en los ataques. Quince de ellos eran de nacionalidad saudita.
Sin embargo, varios congresistas y asociaciones de víctimas piden desde hace años más transparencia en cuanto a los documentos estadounidenses acerca de los ataques, que se han negado a desclasificar todos los presidentes del país hasta ahora.
Las familias alegan que funcionarios sauditas tuvieron un papel más directo que el que el gobierno estadounidense ha dicho públicamente, citando en parte el hecho de que los dos primeros atacantes en llegar a Estados Unidos fueron recibidos y asistidos por un diplomático saudita.
Acusan además al gobierno de obstruir sus demandas para que se pueda acceder a más documentos y el jueves llamaron al inspector general del Departamento de Justicia a que investigue la aparente incapacidad del FBI para localizar una fotografía, un video y otros documentos que solicitan.
La Casa Blanca no ha aclarado cuál será el impacto de la orden ejecutiva que firmó este viernes Biden y, por tanto, no se sabe si esa acción logrará satisfacer las peticiones de los supervivientes y familiares de las víctimas.
La Casa Blanca tampoco ha anunciado a qué eventos acudirá Biden para conmemorar los atentados del 11 de septiembre el sábado de la próxima semana.
"Mi corazón continúa estando con las familias del 11 de septiembre que están sufriendo y mi gobierno seguirá trabajando respetuosamente con los miembros de esa comunidad", dijo este viernes Biden en su comunicado escrito.
El mandatario también les agradeció que hagan oír sus voces para trazar "un camino hacia adelante".
Del 11-S a la caótica retirada en Kabul: la guerra de EEUU contra el Talibán en 20 fotos
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Una chica Hazara, etnia de lengua persa que vive en la región central de Afganistán, frente a la cueva donde vive con su familia en la antigua ciudad de Bamiyan, a unos 200 kilómetros al noroeste de Kabul, la capital del país. Bamiyan se encuentra en un profundo y verde valle que se extiende a lo largo de 100 kilómetros a través del centro de Afganistán, en la antigua Ruta de la Seda que unió a China con Asia Central y más allá. La ciudad fue el hogar de dos estatuas de Buda de casi 2.000 años de antigüedad antes de que fueran destruidas por los Talibanes, meses antes de que su régimen fuera derribado en una invasión liderada por Estados Unidos a finales de 2001. 6 de noviembre de 2016.
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