La fiscal de Georgia que investiga si el expresidente Donald Trump y algunos de sus asociados interfirieron ilegalmente en las elecciones generales de 2020 en el estado notificó a 16 republicanos que sirvieron como falsos electores que podrían enfrentar cargos penales.
Todos firmaron un certificado que declaraba falsamente que el entonces presidente Trump había ganado las elecciones presidenciales de 2020 y se declaraban electores "debidamente elegidos y calificados" del estado a pesar de que en realidad Joe Biden había ganado el estado y se había certificado una lista de electores demócratas. 11 de ellos presentaron una moción este martes para anular sus citaciones, calificándolas de “irrazonables y opresivas”.
También el martes, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, acordó presentar cualquier objeción a una citación en la investigación en la corte superior estatal o en la corte federal en Georgia, según un expediente judicial. Previamente, había presentado una moción en un tribunal federal de Carolina del Sur para tratar de impedir que se le emitiera una citación en nombre de la fiscal de Georgia.
Se trata de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quien abrió el año pasado una investigación penal “sobre los intentos de influir en la administración de las elecciones generales de Georgia de 2020”. Un gran jurado especial con poder de citación se formó en mayo a solicitud de Willis, quien en presentaciones judiciales a principios de este mes alegó que estaba investigando “un plan coordinado de varios estados de la campaña de Trump para influir en los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 en Georgia y en otros lugares”.
Un abogado de la oficina de Willis dijo en un expediente judicial este martes que cada una de las 16 personas que firmaron el certificado electoral falso recibió una carta que dice que son objeto de la investigación y que se requiere su testimonio ante el gran jurado especial.
En la moción para anular las citaciones, los abogados de 11 de los electores falsos dijeron que desde mediados de abril hasta fines de junio, la oficina de Willis les había dicho que eran considerados testigos, no sujetos ni objetivos de la investigación. Por esa razón, habían accedido a entrevistas voluntarias con el equipo de investigación, dice la moción.
El presidente del Partido Republicano de Georgia, David Shafer, y otro de los electores falsos, comparecieron para entrevistas a finales de abril.
El 1 de junio, se enviaron citaciones del gran jurado a los 11 electores falsos. Y el 28 de junio, la oficina del fiscal de distrito les dijo a sus abogados por primera vez que sus clientes eran considerados objetivos de la investigación, en lugar de testigos, dice la moción.
Los falsos electores de Trump en Georgia, de testigos a objetivos
El 14 de diciembre de 2020, cuando los electores demócratas oficiales de Georgia se reunieron para certificar los votos electorales del estado para Biden, los falsos electores republicanos también se reunieron para certificar una lista de votos electorales para Trump. Hicieron eso porque había una demanda que cuestionaba los resultados de las elecciones pendientes en ese momento, y si un juez determinaba que Trump realmente había ganado, su lista electoral sería válida, dice la moción.
La oficina del fiscal de distrito sabía todo eso y los etiquetó adecuadamente como testigos, lo que los llevó a aceptar la cooperación voluntaria, alega el documento.
“La elevación abrupta, insostenible y pública del estatus de los once electores nominados los convirtió injustamente de testigos que cooperaban voluntariamente y se prepararon para testificar en el Gran Jurado a objetivos perseguidos”. Como resultado, sus abogados les aconsejaron que invocaran sus derechos federales y estatales que los protegen contra la autoincriminación, y aceptaron “a regañadientes” ese consejo, según la moción.
Sus abogados afirman que el cambio de estatus de testigos a objetivos se basó en “un deseo impropio de obligarlos a invocar públicamente sus derechos como, en el mejor de los casos, un truco publicitario”. Por lo tanto, deben estar exentos de comparecer ante el gran jurado especial.
La moción le pide al juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Robert McBurney, quien supervisa al gran jurado especial, que exima a los 11 electores de comparecer ante el panel. También le pide que investigue las acciones de Willis “que indican la politización inapropiada de este proceso de investigación” y que conceda una moción presentada el viernes por el senador estatal Burt Jones que busca eliminar a Willis y su oficina de la investigación.
Jones, quien es el candidato republicano a vicegobernador, alegó que la investigación tiene motivaciones políticas porque Willis es partidaria activa de su oponente demócrata. McBurney fijó el martes una audiencia para el jueves sobre esa moción.
Por su parte, la oficina de Willis ha dicho que las afirmaciones de Jones no tienen fundamento y un abogado que representa a la oficina escribió en un documento presentado el martes que Jones no ha identificado acciones que muestren una motivación política.
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Cohen, de 53 años, empezó a purgar su condena en mayo de 2019 y debería permanecer tras las rejas hasta noviembre de 2021. La pandemia del coronavirus le permitió cumplir parte de su condena en arresto domiciliario.
Cumplía una sentencia de siete años y medio después de ser declarado culpable por un jurado de delitos fiscales y bancarios en agosto de 2018, aunque posteriormente se declaró culpable de conspiración y obstrucción de la justicia.
Como parte de un acuerdo con la fiscalía, Manafort admitió haber lavado dinero, y reconoció haber participado en fraude fiscal y cabildeo ilegal en el extranjero, relacionado con sus años de trabajo para políticos ucranianos, así como defraudar a los bancos para complementar sus ingresos con efectivo a través de hipotecas. También acordó cooperar con los fiscales de la oficina del entonces fiscal especial Robert Mueller, antes de mentir durante esas sesiones de entrevistas.
Richard "Rick" Gates, socio comercial de Paul Manafort y ex funcionario de la campaña de Donald Trump, también fue acusado por el fiscal especial de EEUU, Robert Mueller, de cargos federales derivados de presuntos vínculos financieros con fuentes rusas. Además de la multa de $20,000 se le ordenó realizar 300 horas de servicio comunitario. A Gates se le permitió cumplir su condena en la cárcel los fines de semana o bajo un horario establecido por los oficiales de libertad condicional.
El caso contra Stone está relacionado con la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, conocida como la “trama rusa”. Fue condenado por mentirle al Congreso. En julio pasado, Trump conmutó la sentencia de 40 meses de su amigo, antes de que tuviera que presentarse en una prisión federal en Georgia para cumplir su condena.
La controversia con Flynn no paró allí. Fue cuestionado por el FBI en relación a una investigación sobre una supuesta intervención de Moscú en las elecciones de noviembre de 2016 en EEUU y el fiscal especial Robert Mueller, quien encabezó la indagatoria, lo acusó formalmente de haber hecho "declaraciones falsas, ficticias y fraudulentas" a la agencia federal. Se declaró culpable y afirmó que colaboraría con la investigación de Mueller. Trump no ha descartado un indulto para él.
Papadopoulos reconoció haberle mentido al FBI, sobre “el tiempo, la extensión y la naturaleza de sus relaciones e interacciones con ciertos extranjeros que él sabía tenían conexiones cercanas con altos funcionarios rusos”. Este consultor de petróleo y gas fue el primer allegado al presidente Trump en declararse culpable, en octubre de 2017, cuando reconoció que le había mentido al FBI en una declaración voluntaria sobre las conversaciones que mantuvo con el profesor Joseph Mifsud, una persona cercana al Kremlin, quien le prometió revelarle "trapos sucios" sobre la entonces candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton.
Dimitió de su escaño en octubre de 2019.Collins fue multado con 200,000 dólares y un año de libertad condicional supervisada tras su liberación. Collins, de 69 años, admitió haber compartido información no pública con su hijo sobre un juicio fallido por drogas en el que estaban invirtiendo. Los fiscales federales alegaron que el hijo de Collins, Cameron Collins, usó la información para negociar con las acciones de la compañía antes de que los resultados del juicio se hicieran públicos, lo que le permitió evitar $ 570,900 en pérdidas.