Juez amplía orden que prohíbe a Trump negar fondos a 34 ciudades y condados "santuario"

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, detenido en Tennessee bajo cargos federales de tráfico de personas, podría ser liberado este viernes tras la decisión de una jueza de primera instancia.

La medida marcaría un giro en un caso enredado que lo convirtió en símbolo de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Aunque podría salir de la cárcel, su futuro sigue siendo incierto por la amenaza de una nueva detención por parte del ICE.

Ábrego García llegó a Estados Unidos huyendo de la violencia de pandillas en El Salvador y se estableció en Maryland, donde formó una familia y trabajó en construcción. Según el gobierno de Trump, es miembro de la MS-13 y un traficante de migrantes. Sus abogados, en cambio, lo describen como un trabajador honesto que fue deportado arbitrariamente y perseguido para justificar una agenda política.

En marzo de 2025, fue deportado a El Salvador en violación de una orden judicial previa que le impedía ser enviado allí por el riesgo de persecución. Según denunció, sufrió maltratos durante su estadía en prisión. Tras presión política y una decisión de la Corte Suprema, regresó a Estados Unidos en junio, pero bajo cargos de tráfico de personas relacionados con un arresto por exceso de velocidad en 2022, en el que viajaba con nueve pasajeros.

Una jueza federal en Nashville determinó que Ábrego podía esperar su juicio en libertad. Sin embargo, su defensa había retrasado la liberación por temor a que el ICE lo detuviera inmediatamente para deportarlo. Esos temores parecían fundados, ya que funcionarios admitieron que podrían intentar expulsarlo a otro país, incluso fuera de El Salvador.

La jueza Paula Xinis, en Maryland, otorgó algunas protecciones adicionales: ordenó que cualquier procedimiento de deportación comience en Baltimore y que el ICE notifique con tres días de anticipación cualquier intento de expulsión. Eso permitiría a Ábrego y a sus abogados presentar argumentos legales sobre su temor a ser perseguido.

La jueza federal Kathleen M. Williams ordenó este jueves al gobierno de Trump y al estado de Florida detener el envío de nuevos inmigrantes al centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz” y comenzar su desmantelamiento parcial. La decisión responde a una demanda que denunció violaciones ambientales en los Everglades, donde se levantó la polémica instalación.

La orden establece que, en un plazo de 60 días, los detenidos deben ser trasladados a otros centros y que se retiren cercas, generadores y sistemas de iluminación, aunque permite reparaciones básicas por motivos de seguridad. Con ello, el fallo apunta en la práctica al cierre de operaciones del centro, que había sido criticado por el calor extremo y el hacinamiento denunciado por legisladores y activistas.

Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee celebraron la decisión, señalando que la construcción amenaza hábitats protegidos y pone en riesgo especies en peligro como la pantera de Florida. Testigos afirmaron que la pavimentación adicional ya provocó daños al ecosistema y que el estado no consideró ubicaciones alternativas antes de instalar el campamento en los Everglades.

El fallo también da fuerza a otra querella: una demanda colectiva de inmigrantes que exige garantizar el acceso a sus abogados y la confidencialidad de sus comunicaciones. Según denuncian, algunos pasaron semanas sin poder contactar a sus defensores tras ser trasladados a este centro, lo que, a su juicio, viola derechos básicos de debido proceso.

Mientras tanto, el gobernador Ron DeSantis anunció la apertura de un nuevo centro de detención de inmigrantes en la prisión estatal de Baker, al norte de Florida, que funcionará bajo el nombre “Deportation Depot”. Tendrá capacidad inicial para 1,300 personas, ampliable a 2,000, y busca reforzar la política de detenciones masivas impulsada por la Casa Blanca.

La fiscal general, Pam Bondi, dijo este viernes en X que se realizaron una serie de detenciones en la capital del país, mientras arrecia la presencia de fuerzas federales en Washington DC bajo un señalamiento de supuesta ola de crimen.

"719 arrestos y 91 armas ilegales incautadas en Washington, D.C. Ayer mismo, realizamos 40 arrestos, retiramos 5 armas de fuego ilegales más de nuestras calles y tuvimos 36 arrestos por parte de ICE, incluyendo a un presunto miembro de la pandilla MS-13", dijo Bondi.

Esto llega luego de que la Casa Blanca intensificara el despliegue de fuerzas federales en Washington. Varias apariciones públicas de altos cargos se mostraron con tropas de la Guardia Nacional. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el asesor Stephen Miller compartieron comida con soldados en Union Station mientras, a pocos metros, manifestantes expresaban su rechazo al operativo.

El presidente Trump ha defendido esta estrategia como un esfuerzo para “restablecer la ley y el orden” en la capital y ya sugirió expandir el modelo a ciudades como Chicago o Baltimore. Sin embargo, para muchos residentes, la militarización ha convertido barrios enteros en zonas de conflicto. En Columbia Heights, grupos de vecinos abuchearon a los agentes federales y colgaron pancartas de protesta que fueron retiradas por oficiales enmascarados.

Los incidentes se acumulan: un vehículo blindado de la Guardia Nacional chocó con un auto civil en pleno centro, lo que desató la indignación de los transeúntes. Actualmente, cerca de 1.900 efectivos están desplegados en estaciones de metro, el National Mall y zonas deportivas, mientras que agentes de inmigración y antidrogas realizan patrullajes y arrestos en distintos barrios.

La alcaldesa Muriel Bowser criticó el carácter militarizado de la medida y pidió que no se use a la Guardia Nacional para imponer el orden en la capital. Mientras tanto, el clima político y social sigue crispado, al punto que la serie South Park dedicó su último episodio a satirizar la intervención federal y la figura del presidente Trump.

El exasesor de seguridad nacional John Bolton volvió al centro de la polémica tras ser visto conversando con agentes del FBI en Washington. Aunque no ha sido detenido ni enfrenta cargos, su presencia con los agentes fue confirmada por varios medios.

La investigación revive viejas tensiones entre Bolton y Donald Trump. Las reacciones políticas no tardaron en llegar. El asesor de Trump, Roger Stone, celebró en redes sociales con un mensaje burlón: "¿Qué se siente?".

Trump, por su parte, tiene previsto hacer un “anuncio” al mediodía en la Oficina Oval, el único evento público en su agenda.

La expectativa se centra ahora en si sus declaraciones abordarán directamente la investigación sobre Bolton o si el expresidente optará por otro frente político.

El FBI registra la casa de John Bolton en Maryland, quien fue asesor de Seguridad Nacional en la primera presidencia de Donald Trump, pero luego se volvió crítico con el mandatario, como parte de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados, dijo el viernes una persona familiarizada a la agencia AP.

Bolton no fue detenido y no ha sido acusado de ningún delito, añadió la fuente. El Departamento de Justicia tampoco hizo comentarios, pero sus responsables parecieron referirse de forma críptica al registro en una serie de publicaciones en redes sociales el viernes por la mañana.

El director del FBI, Kash Patel, quien en un libro de 2023 incluyó a Bolton en una lista de “miembros del Estado profundo del Poder Ejecutivo”, escribió en la plataforma X que “NADIE está por encima de la ley… agentes del @FBI en misión”.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, compartió su publicación, agregando: “La seguridad de Estados Unidos no es negociable. Se hará justicia. Siempre”.

El registro de la casa de Bolton se produce mientras el gobierno de Trump ha tomado medidas para examinar las actividades de otros supuestos adversarios del presidente republicano, incluyendo la autorización de una investigación de un gran jurado sobre los orígenes de la pesquisa Trump-Rusia.

Bolton fue el tercer asesor de Seguridad Nacional de Trump durante 17 meses y se enfrentó al mandatario republicano por Irán, Afganistán y Corea del Norte.

Fue objeto de escrutinio durante la primera etapa de Trump en la Casa Blanca por un libro que escribió sobre su tiempo en el gobierno, “The Room Where it Happened”, que los funcionarios alegaron que divulgaba información clasificada, pero el Departamento de Justicia abandonó en 2021 su demanda y desestimó una investigación independiente.

En su primer día de vuelta en la Casa Blanca en enero, Trump revocó las autorizaciones de seguridad de más de cuatro docenas de exfuncionarios de inteligencia, incluido Bolton. Además, es uno de los tres exfuncionarios de Trump cuyas medidas de seguridad fueron canceladas por el presidente a principios de año.

Buenos días. Abrimos este nuevo canal para contarte las últimas noticias de este viernes del gobierno de Donald Trump.

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