Las últimas noticias de la actualidad política y del gobierno de Trump:
- John Bolton se presentó en corte este mismo viernes para responder a la imputación por mal manejo de información clasificada y se declaró no culpable de los cargos. Bolton es el tercer 'enemigo' del presidente Donald Trump en enfrentar acusaciones.
- Jueza federal de Chicago dijo que buscará obligar a los agentes de inmigración a llevar cámaras corporales tras ver imágenes de la violencia en los arrestos.
- La Corte de Apelaciones del 7º Circuito rechazó el pedido del gobierno de Trump de suspender el bloqueo al despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, que había sido ordenado por una corte de menor rango la semana pasada.
- Trump anunció el jueves que se reunirá nuevamente con el presidente ruso Vladimir Putin para tratar el fin de la guerra en Ucrania. Este viernes recibe al ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca.
- Los candidatos a la alcaldía de Nueva York mantuvieron un acalorado debate en el que, entre otras cosas, se habló de cómo va a manejar el ganador la relación con el presidente Trump.
El presidente Donald Trump conmutó este viernes la sentencia a siete años de cárcel del exrepresentante republicano George Santos, condenado por fraude y robo de identidad.
A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el presidente dijo: "George Santos era una especie de 'pícaro', pero hay muchos pícaros en todo nuestro país que no se ven obligados a cumplir siete años de prisión", escribió el presidente en relación con la serie de mentiras que Santos incluyó en su currículum para obtener el puesto.
"George Santos era una especie de 'pícaro', pero hay muchos pícaros en todo nuestro país que no se ven obligados a cumplir siete años de prisión", escribió el presidente.
"George ha estado en régimen de aislamiento durante largos periodos de tiempo y, según todos los indicios, ha sido terriblemente maltratado. Por lo tanto, acabo de firmar una conmutación de la pena, liberando a George Santos de prisión, DE FORMA INMEDIATA. ¡Buena suerte, George, que tengas una vida estupenda!", agregó Trump.
El gobierno de Donald Trump pidió este viernes a la Corte Suprema que permita el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago.
La apelación de emergencia al alto tribunal se produjo después de que una jueza impidiera, durante al menos dos semanas, el despliegue de miembros de la Guardia de Illinois y Texas para ayudar a las fuerzas de inmigración en la zona.
Luego, una corte federal de apelaciones se negó a suspender la orden de la jueza.
En la disputa sobre la Guardia, la jueza de distrito de EEUU April Perry dijo que no encontró pruebas sustanciales de que se esté gestando un "peligro de rebelión" en Illinois durante la represión a la inmigración de Trump.
En el pasado, la Corte Suprema, dominada por los conservadores, ha otorgado a Trump repetidas victorias en apelaciones de emergencia desde que asumió el cargo en enero, después de que tribunales inferiores fallaran en su contra y, a menudo, con la objeción de los tres jueces liberales.
El presidente Trump aseguró a la prensa que Maduro "ha ofrecido de todo porque no quiere meterse con los Estados Unidos".
Respondió a la pregunta de un periodista en la Casa Blanca que mencionó que el mandatario venezolano le había enviado un video en inglés a Trump con varias ofertas que no se detallaron.
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha ido creciendo en las últimas semanas. Estados Unidos ha atacado botes en aguas del Caribe y que relaciona con el narcotráfico. Trump también confirmó esta semana que había autorizado una operación de la CIA en el país petrolero.
Al mismo tiempo, medios estadounidenses han reportado de negociaciones de funcionarios del gobierno venezolano que buscan una supuesta salida de Maduro en la que el chavismo pueda mantenerse en el poder. Algo que, según los reportes, ha sido rechazado por EEUU.
La vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, a quien se señala como cabeza de estas negociaciones, negó que hubiera buscado una salida de Maduro con EEUU.
Maduro, por su parte, reforzó su presencia militar en estados fronterizos con Colombia como respuesta al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en aguas del Caribe. Asegura que todo el movimiento es parte de un plan para buscar "un cambio de régimen" en Venezuela para apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela.
Se trata de uno de los temas principales que reúnen este viernes a Zelensky y Trump.
El mandatario estadounidense aseguró que espera que no tengan que utilizarse los misiles: "Esperamos terminar con la guerra antes de eso".
El misil de crucero Tomahawk forma parte del arsenal militar estadounidense desde 1980. Y aunque es lento para los estándares actuales, puede volar a unos 100 pies del suelo a unas 550 mph, lo que dificulta su detección por parte de los sistemas de defensa enemigos.
Cuenta con un impresionante alcance de alrededor de 1,000 millas y sistemas de guía de precisión, que lo convierten en el arma ideal para atacar objetivos que se encuentran en el interior del territorio hostil, con capacidad para llevar una carga explosiva de casi 1,000 libras.
Estas características coinciden con la búsqueda de Zelensky de armas de largo alcance para atacar muy profundo en Rusia.
En sus primeras palabras a la prensa, el presidente de Ucrania, Volodomyr Zelenski, dijo que su país sabe claramente lo que es necesario para poner fin a la invasión de Rusia, que ya tiene tres años.
"Necesitamos un cese del fuego (...) En cualquier guerra es difícil. Hablaremos con el presidente lo que necesitamos, sabemos lo que necesitamos", dijo este viernes desde la Casa Blanca.
"Lo más importante para los ucranianos, que sufren ataques a diario, es contar con garantías de seguridad realmente sólidas. La OTAN es la mejor opción, pero las armas son muy importantes. Tener aliados de nuestro lado es fundamental", agregó, un día después de que el presidente Donald Trump tuviera una conversación previa con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
"El presidente Trump tiene mucho chance de acabar con esta guerra", agregó el ucraniano.
Trump dijo que aunque "no se gustan entre ellos", Zelensky y Putin "están haciendo un buen trabajo". Aseguró que cualquier acuerdo tiene que llevar a una solución "duradera".
Trump y Zelensky vuelven a darse la mano este viernes en la Casa Blanca.
Esta vez, el presidente de Ucrania, Volodomyr Zelensky, busca reasegurar el apoyo de Trump y que Estados Unidos le suministre misiles de crucero Tomahawk para presionar a Rusia hacia el fin de una invasión que ya cumple tres años.
Trump parece intentar redoblar sus esfuerzos para un avance hacia el cese de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. El jueves tuvo una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, que Trump calificó como un "gran progreso". Además, anunció que se reunirán próximamente en Hungría.
En las últimas semanas, la agencia federal ha firmado una serie de contratos para contar con tecnología que permite identificar a las personas por sus rasgos faciales, así como para monitorear la actividad en sus teléfonos celulares, sus publicaciones en redes sociales y movimientos, reporta el diario The Washington Post tras revisar gastos federales divulgados.
La compra de equipos es parte de la campaña nacional del gobierno de Trump para detener a inmigrantes, pero también para vigilar a quienes el gobierno considera como grupos extremistas anti-ICE. A finales de septiembre, tras el ataque a un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas el mandatario declaró a "antifa" como organización terrorista. Ordenó además a las agencias federales destinar recursos para investigar lo que definió como "una empresa militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal".
Sin embargo, antifa es un colectivo de grupos progresistas que se autodefinen como antifascistas pero que, contrario a lo que sostiene la Casa Blanca, no responden a una organización centralizada.
La tecnología que ICE ha comprado incluye aplicaciones que permiten a los agentes en el terreno escanear el iris del ojo, así como softwares que pueden entrar de forma remota a teléfonos inteligentes y conocer la geolocalización de una persona sin necesidad de acceder a una orden de corte.
En uno de los contratos firmados el mes pasado, cuenta el Post, la agencia dice que usará un programa de reconocimiento facial para investigar "agresiones contra oficiales del orden". Otro más muestra que han aumentado su flota de drones controlados de forma remota, que dicen son usados para grabar a manifestantes en las protestas.
Un funcionario de defensa y otra persona relacionada con el tema confirmaron bajo anonimato a la agencia AP que Estados Unidos capturó a sobrevivientes del último ataque de EEUU a una embarcación que presuntamente transportaba droga.
Tres fuentes anónimas también confirmaron la información a la agencia Reuters y aseguraron que se trataba de dos sobrevivientes. Otras dos personas murieron, se lee.
El ataque del jueves se cree que es al menos el sexto desde agosto y el primero que deja sobrevivientes que fueron tomados en custodia por fuerzas militares de Estados Unidos. Las fuentes no pudieron confirmar qué harían las autoridades con las personas capturadas y qué proceso legal sigue para ellos.
Con el ataque del jueves, las muertes por bombardeos de EEUU a embarcaciones en el mar Caribe se elevan al menos a 28.
El senador demócrata Tim Kaine, junto con los senadores Adam Schiff, demócrata por California, y Rand Paul, republicano por Kentucky, volverán a poner a prueba la disposición de los republicanos del Senado a frenar los poderes de guerra del presidente Donald Trump, esta vez con una resolución que impediría que Trump ataque a Venezuela sin autorización del Congreso.
Kaine argumenta que EEUU mantiene una actitud hostil hacia Venezuela y que la Resolución de Poderes de Guerra "fue diseñada específicamente para que el Congreso intentara detener una guerra".
Los senadores pueden forzar una votación en el Senado sobre la resolución en las próximas semanas.
Su objetivo es generar una respuesta política a las agresiones de la administración Trump en la región del Caribe, donde ha desplegado una importante fuerza naval con la intención de controlar el narcotráfico, aunque es percibido por algunos como el preparativo de una acción militar para sacar del poder a Nicolás Maduro.
John Bolton, antiguo asesor de seguridad nacional de Trump devenido en fuerte crítico del presidente, se declaró no culpable este viernes ante una corte federal por cargos de mal manejo de información clasificada.
Bolton se presentó ante una corte federal en Greenbelt, Maryland, un día después de que un gran jurado le imputara 18 cargos.
El juez a cargo, Timothy J. Sullivan, planteó este viernes dos condiciones para que Bolton continuara su proceso en libertad: que el exasesor le entregara su pasaporte a su abogado, Abbe Lowell, y que sus viajes se limitaran a Estados Unidos continental.
En la acusación formal de 18 cargos, se le acusa de usar su correo electrónico personal y una aplicación de mensajería para compartir más de mil páginas de notas sobre sus actividades diarias mientras era asesor de seguridad nacional de Trump, en 2018 y 2019. Las notas, enviadas a dos familiares sin autorización, incluían información de defensa nacional, según la acusación.
Durante su tiempo como consejero en materia de seguridad, Bolton tuvo varios desacuerdos con el presidente en temas como Irán, Afganistán y Corea del Norte. Después de su destitución entró a formar parte de la lista de enemigos del presidente.
En 2020 publicó un libro llamado The Room Where it Happened (La habitación donde ocurrió), en el que describió al presidente como mal informado en materia de política exterior, dentro de una "caótica" Casa Blanca con "torpes" manejos del mandatario.
La investigación contra el antiguo aliado de Trump salió a la luz pública en agosto, cuando el FBI registró su casa en Maryland y sus oficinas en Washington en búsqueda de material clasificado o evidencias que Bolton hubiera podido mantener bajo su poder. En esa ocasión se incautaron de varios documentos etiquetados como "clasificados", "confidenciales" y "secretos".
Estados Unidos ha bloqueado una tasa global sobre las emisiones del transporte marítimo, tras la conclusión de una reunión marítima internacional el viernes sin adoptar nuevas regulaciones.
Las mayores naciones marítimas del mundo habían estado debatiendo maneras de alejar a la industria naviera de los combustibles fósiles.
El jueves, Trump instó a los países a votar en contra de las regulaciones que consideraba en su reunión la Organización Marítima Internacional.
Las regulaciones propuestas habrían establecido un estándar para combustibles marinos e impuesto tasas por las emisiones que excedan los límites permitidos.
Las emisiones del transporte marítimo han aumentado hasta representar aproximadamente el 3 % del total mundial, lo que ha generado llamados a la acción.
El primer ministro de Hungría, el ultra Viktor Orbán, celebró este viernes que su país vaya a ser anfitrión de las próximas conversaciones entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin.
“Budapest es prácticamente el único lugar de Europa donde podría celebrarse una reunión de este tipo, principalmente porque Hungría es prácticamente el único país pacifista”, declaró Orbán. “Durante tres años, hemos sido el único país que ha abogado por la paz de forma constante, abierta, contundente y activa”.
Lo cierto es Hungría es el único país de Europa que no está dispuesto a hacer efectiva la orden de detención de la Corte Penal Internacional que pesa sobre Putin por una acusación de crímenes de guerra por "deportaciones ilegales" en Ucrania.
Los impulsores de las marchas 'No kings' (No a los reyes) esperan congregar el sábado multitudes de manifestantes a lo largo y ancho del país.
Se trata de la segunda gran protesta contra lo que consideran prácticas autoritarias del presidente Donald Trump y a favor de las libertades de expresión y prensa consagradas en la Primera Enmienda de la Constitución.
La protesta, que llega en medio de los intentos del gobierno de militarizar asuntos de seguridad ciudadana, ha sido etiquetada por algunos políticos conservadores como marchas de "Odio a EEUU".
Sus partidarios las ven como una lucha por los derechos de la Primera Enmienda. Se han planeado protestas en más de 2,500 lugares, desde grandes ciudades hasta comunidades rurales.