El gobierno de Donald Trump y la oposición se enfrentarán este martes en la Corte Suprema por la controvertida pregunta sobre ciudadanía que la administración quiere incluir en el próximo censo y que los defensores de los inmigrantes quieren impedir.
El tema puede parece meramente técnico, pero tiene unas implicancias profundas en todo el país y, especialmente, en las minorías: el censo, que debe hacerse cada 10 años según la Constitución nacional, es clave para el reparto de unos 675,000 millones de dólares en subvenciones federales y para asignar a cada estado un número de escaños en la Cámara de Representantes.
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció en marzo de 2018 la reintroducción de una pregunta sobre la nacionalidad, abandonada hace más de sesenta años, en los formularios para el censo de 2020.
Esta decisión suscitó inmediatas protestas de los demócratas y de los defensores de los inmigrantes, para quienes esa pregunta intimidará a los extranjeros en situación irregular y podría generar una subestimación de la población de los estados que albergan mayor número de inmigrantes, generalmente dirigidos por los demócratas.
Una veintena de estados, como California o Nueva York, y numerosas grandes ciudades, entre ellas san Francisco y Chicago, denunciaron la nueva versión del censo y fue bloqueada en los tribunales.
Un juez federal de Nueva York les dio razón en enero en un fallo en el que considera que Wilbur Ross "no tuvo en cuenta importantes aspectos" del problema y "actuó irracionalmente".
Otros dos tribunales, de California y Maryland, se pronunciaron posteriormente en el mismo sentido.
Los que critican la medida del gobierno de Trump temen, por ejemplo, recibir menos subvenciones que las que les correspondería por su nivel real de población.
Con urgencia
Ante esta situación, la administración de Donald Trump solicitó entonces a la Suprema Corte que interviniera en el asunto de manera urgente, incluso antes de que se pronunciaran los tribunales de apelaciones.
La máxima instancia judicial aceptó y escuchará este martes los argumentos del gobierno y de sus detractores, incluida la Cámara de Representantes, controlada desde enero por los demócratas.
Se tratará de la audiencia de mayor peso político desde la incorporación a la Corte, en octubre, del juez conservador Brett Kavanaugh, un nombramiento realizado por Trump que desequilibró al tribunal supremo en perjuicio de los progresistas (cuatro sobre nueve).
Los magistrados deberían pronunciarse antes de junio para que los formularios del censo puedan ser impresos a tiempo.
Uno de los temas del debate son las intenciones de Wilbur Ross. Durante audiencias públicas realizadas en 2018, el secretario de Comercio dijo que su decisión de ajustar la pregunta sobre la ciudadanía obedeció a un pedido del Departamento de Justicia, que pretendía, según dijo, obtener datos más precisos para hacer respetar las leyes electorales.
Luego quedó claro que fue el propio Ross quien pidió a su par de Justicia que formulara esa demanda.
La oficina del censo había además advertido a Ross a comienzos de 2018 sobre las consecuencias negativas de su idea. Sus expertos estimaron entonces en al menos 1,6 millones de personas que se abstendrían de participar en el censo si se les preguntara por su nacionalidad.
Luego revisaron esos cálculos y elevaron la cifra a 6,5 millones de personas, sobre una población total de 320 millones, según documentos judiciales presentados a la Corte Suprema.
"El secretario de Comercio admite la posibilidad de una subestimación", pero considera que "deriva de una conducta ilegal", escribió el gobierno para justificar la iniciativa de Ross.
La organización de defensa de los derechos civiles ACLU denunció un "subterfugio" destinado a "cubrir el verdadero objetivo" del gobierno, es decir "reducir el peso político de las comunidades atacadas por la administración Trump desde su llegada al poder".
El presidente, que hizo de la lucha contra la inmigración clandestina uno de los puntos fuertes de su gestión, defendió el agregado de la "pregunta esencial sobre la ciudadanía" de los interrogados en el formulario.
Sin ella, tuiteó a comienzos de abril, el censo "perdería toda significación y ello equivaldría a despilfarrar miles de millones de dólares (ridículo)".
La política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump en 15 fotos
Trump Orden Ejecutiva 25 de enero 2017
Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las
órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía,
la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.
Pablo Martinez Monsivais/Ap
Trump Travel Ban 2 de febrero 2017
Veto musulmán, menos asilados y menos refugiados. Después de asumir la presidencia, firmó una orden ejecutiva para prohibir la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.
En junio de 2018 la Corte Suprema decidió que ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, Corea del Norte y Venezuela tendrían restricciones de distintos tipos, algunas más severas que otras. En abril de 2018 el gobierno anunció que
acelerará los casos de asilo para darle menos tiempo a los solicitantes de preparar sus casos y en septiembre informó que reducirá la cuota de refugiados de
45,000 a 30,000 en el año 2019.
Spencer Platt/Getty Images
DENVER CIUDAD SANTUARIO
Castigo a las ciudades santuarios. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2017 decreta que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad nacional. Esto creó un conflicto entre el Ejecutivo y los estados que se niegan a compartir
información sobre los indocumentados con las autoridades federales. En octubre de 2018, Trump amenazó con cortar fondos a las ciudades santuario como Denver, Colorado (en la fotografía).
David Zalubowski/AP
Plan de reforma migratoria RTrump Cotton Perdue 2 de agosto 2017
Plan de reforma migratoria del Partido Republicano. El 2 de agosto de 2017, Trump anunció su
respaldo al proyecto de ley S.354 de los senadores republicanos Tom Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia). Esta nueva legislación propone aumentar los arrestos, acelerar deportaciones, restringir el asilo, establecer un sistema migratorio por méritos y reducir la inmigración legal en un 50% en 10 años. En enero de 2018 trump rechazó un plan migratorio bipartidista que incluía una
solución para los dreamers.
JIM WATSON/AFP/Getty Images
Cancelación de Daca
El fin de DACA. El 5 de septiembre de 2017 el fiscal general Jeff Sessions anunció la decisión de
Trump de
anular la Acción Diferida de 2012 (DACA), un programa de la era
Obama que protege de la deportación y permite obtener permisos de trabajo a unos 800,000
Dreamers que llegaron a Estados Unidos como menores. Ese mismo día los afectados protestaron en Washington DC (en la fotografía) y en el resto del país. El 31 de agosto de 2018 un juez federal de Houston dictaminó que
la acción diferida es legal y continuará otorgando permisos de trabajo renovables cada dos años.
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Deportado a Mexico 2017
Marco Ugarte/Ap
Trump Hire American
“Compra estadounidense, contrata estadounidense”. El presidente firmó en abril de 2017 una orden ejecutiva con la que pretende
controlar la asignación de visas H-1B para trabajadores extranjeros profesionales. Aseguró en un evento en Kenosha, Wisconsin, que las visas H-1B “deberían ser dadas a los solicitantes más preparados y mejor pagados, y nunca deberían ser usadas para reemplazar a estadounidenses".
Susan Walsh/Ap
Little Haití aniversario de terremoto
Fin de los TPS. Desde finales de 2017 Trump ha anunciado el fin de varios programas TPS (que conceden estatus legal temporal a extranjeros que no pueden regresar a sus países debido a un conflicto armado o un desastre natural).
Cuando concluya el tiempo que ha dado el gobierno a los inmigrantes de regularizarse quedarán en riesgo de deportación al menos 2,500 nicaragüenses, 200,000 salvadoreños, 56,000 hondureños, y 60,000 haitianos. En la fotografía de enero de 2018 Saccha Etienne, una mujer de origen haitiano
que protestó contra la medida en la Pequeña Haití, Miami, al sur de Florida.
David Maris
Redada Ice Ohio
John Minchillo/Ap
Trump en el muro
El muro por los Dreamers. En enero de 2018 la Casa Blanca publicó los
principios básicos del plan migratorio de Trump: más poder para el departamento de Seguridad Nacional, la criminalización de indocumentados, la expulsión expedita de inmigrantes, el fin de la reunificación familiar y $25,000 millones para planes de seguridad fronteriza, entre ellos el muro en la frontera con México. A cambio de esto incluiría la legalización de 1.8 millones de
Dreamers.
KEVIN LAMARQUE/Reuters
Naturalización
Joe Raedle/Getty Images
Arresto frontera junio 2018
Fin de la política de ‘catch and release’. En abril de 2018 Trump firmó un memorando con una serie de órdenes para acabar con
la política de 'capturar y liberar', que consistía en que luego de ser capturados los inmigrantes eran procesados y liberados con un grillete mientras avanzaba el proceso con las autoridades migratorias. La medida busca establecer nuevos espacios para mantener encerrados a los indocumentados y acelerar los procesos de deportación.
John Moore/Getty Images
Guardia nacional frontera
Militares contra la caravana de migrantes. En marzo de 2018 unos
1,000 centroamericanos comenzaron a recorrer juntos el territorio de México con el fin de alcanzar la frontera con EEUU.
Trump respondió a la caravana
firmando en abril un memo donde ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur con México. En la foto, la Guardia Nacional de Arizona cuando fue enviada a apoyar a la Patrulla Fronteriza. Su asistencia, coordinada por los gobernadores de estado, solo puede ser logística ya que el personal militar no puede hacer labores policiales.
CAITLIN O'HARA/AFP/Getty Images
Centro de detención con niños
CBP/Handout via REUTERS
Carga Pública
Rechazar a los que sean una 'carga pública'. En septiembre de 2018 la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció un plan para dificultar las residencias y ciudadanías a inmigrantes que no puedan costear sus gastos básicos.
Salvo en determinadas excepciones, el uso de beneficios ofrecidos por el estado en salud, vivienda o alimentos serán considerados en los procesos migratorios para garantizar que
“los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes". En la fotografía dos inmigrantes hispanas de compras en una tienda de Roxbury, Boston, en 2017. El 70% de los clientes de ese local se abastece con cupones de alimentos.
Boston Globe via Getty Images
